El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa” la estructura y contratación del Gobierno. Buscará identificar entidades que duplican funciones, reducir gastos y establecer quiénes han concentrado durante años contratos públicos. Las posibles irregularidades serán trasladadas a las autoridades.
Una revisión que podría terminar modificando parte de la estructura del Estado colombiano fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella al término del Consejo de Ministros realizado en Barranquilla.
El mandatario instruyó a sus ministros y directores de entidades para identificar organismos que cumplen funciones similares, dependencias que podrían fusionarse, estructuras que eventualmente puedan suprimirse y gastos de funcionamiento que puedan reducirse.
Pero el denominado “espulgue” del Gobierno tendrá un segundo componente: la contratación pública.
De La Espriella anunció una revisión exhaustiva de contratos de prestación de servicios, abogados externos, liquidadores, consultorías, interventorías, auditorías, eventos, convenios interadministrativos, negocios fiduciarios y otras modalidades utilizadas por el Estado.
“Hay que romper la rosca”, manifestó el mandatario al explicar la instrucción impartida a su gabinete.
Entidad por entidad: Gobierno buscará funciones duplicadas
Una de las primeras tareas será establecer cuántas instituciones públicas están desarrollando funciones iguales o similares.
“Donde dos entidades estén haciendo lo mismo, vamos a determinar quién debe hacerlo”, afirmó De La Espriella.
El propósito será revisar ministerio por ministerio, departamento administrativo por departamento administrativo y entidad por entidad para determinar dónde existen duplicidades, burocracia innecesaria, programas que se superponen o instituciones que compiten entre sí por competencias similares.
“No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, aseguró el presidente.
La revisión podrá recomendar que determinadas entidades o dependencias sean rediseñadas, fusionadas o suprimidas, siempre dentro de las competencias constitucionales y legales del Ejecutivo o mediante las reformas que deban tramitarse ante el Congreso.
También se analizará la posibilidad de simplificar trámites, implementar ventanillas únicas y reducir gastos administrativos que no estén generando resultados suficientes para los ciudadanos.
El mapa de los grandes contratistas del Estado
Paralelamente, el Gobierno comenzará a construir lo que el presidente denominó un “mapa de concentración contractual”.
La herramienta pretende establecer qué personas y empresas han contratado recurrentemente con el Gobierno nacional durante los últimos años.
“Vamos a construir un mapa de concentración contractual del Gobierno nacional para establecer quiénes han contratado recurrentemente con el Estado durante los últimos años, cuánto dinero han recibido, cuántos contratos han tenido, mediante qué modalidades fueron seleccionados y qué resultados le han entregado al país”, anunció.
El análisis no significará que la contratación recurrente constituya por sí misma una irregularidad. El objetivo será establecer si existen concentraciones injustificadas, favorecimientos, restricciones a la competencia o estructuras que hayan permitido que determinados contratistas permanezcan durante años alrededor de una entidad.
“No puede haber contratistas eternos”
El presidente cuestionó especialmente los negocios que se renuevan sucesivamente con los mismos proveedores.
“No puede haber contratistas eternos del Estado que cierren la posibilidad a otros. La antigüedad de un proveedor no le otorga ningún derecho a seguir contratando con el Gobierno”, afirmó.
Y agregó:
“No quiero renovaciones automáticas ni negocios que continúen simplemente porque siempre se ha hecho así. Nosotros lo vamos a hacer como debe ser, como corresponde”.
La instrucción establece que cada nuevo negocio deberá analizarse bajo criterios de necesidad, idoneidad, precio, resultados y cumplimiento de la legislación contractual.
Prestación de servicios, bajo la lupa
Uno de los primeros sectores revisados será el de los contratos de prestación de servicios.
“El Estado no tiene dueños y los contratos públicos tampoco”, aseguró De La Espriella.
El Gobierno buscará determinar si existen intermediaciones innecesarias, contratos sin suficiente justificación o grupos de personas que hayan permanecido durante largos periodos contratando alrededor de las mismas instituciones.
“Pondremos especial atención en los contratos de prestación de servicios para identificar intermediaciones innecesarias, contrataciones sin suficiente justificación y estructuras que hayan permanecido durante años alrededor de las entidades estatales”, explicó.
La revisión incluirá los casos en los que existan indicios de favorecimiento o concentración de contratos en pocos proveedores, independientemente del sector, organización o colectivo al que pertenezcan.
El presidente recalcó que “las reglas de transparencia, competencia y responsabilidad son iguales para todos, sin excepción”.
Abogados, liquidadores y asesores externos
Otro frente especialmente mencionado por De La Espriella corresponde a los abogados externos, firmas jurídicas, apoderados, asesores y liquidadores contratados por las entidades públicas.
El Ejecutivo pretende determinar cuánto cuestan esos servicios, cómo fueron seleccionados, cuáles han sido sus resultados y si determinados procesos han quedado recurrentemente concentrados en las mismas firmas.
“Vamos a acabar con todas esas roscas de las liquidaciones. Vamos a acabar con todas esas roscas de los asesores externos y los vamos a someter a un sorteo abierto en el que pueda participar todo el mundo”, afirmó.
El mandatario agregó que su administración pretende utilizar mecanismos abiertos y objetivos de selección siempre que el régimen jurídico aplicable lo permita.
Interventorías, consultorías y contratos BTL
La revisión continuará sobre las interventorías, consultorías, auditorías y supervisiones contratadas por las diferentes entidades.
También estarán bajo análisis los contratos de eventos, producción, logística y activaciones de marca, conocidos en el sector como BTL.
“Vamos a revisar de manera especial los contratos de eventos, producción, logística y activación, conocidos como BTL, para establecer cuánto se está gastando, cómo fueron seleccionados sus contratistas y si los precios corresponden realmente a los servicios prestados”, explicó.
Los denominados lobistas o intermediarios ante las instituciones tampoco quedaron por fuera.
“En el Gobierno del Tigre nadie necesita lobistas ni intermediarios. Lo vamos a revisar”, sostuvo.
Convenios con universidades públicas
La lupa también llegará a los convenios interadministrativos, especialmente aquellos suscritos con universidades públicas.
El Gobierno quiere establecer si esos acuerdos cumplen realmente propósitos de cooperación institucional o si, por el contrario, en algunos casos han podido ser utilizados para evitar procedimientos competitivos y posteriormente subcontratar la ejecución.
Esto no significa que los convenios con universidades sean irregulares por naturaleza. La revisión estará dirigida a determinar si en casos específicos se respetaron su finalidad y el régimen jurídico correspondiente.
Fideicomisos y negocios fiduciarios
Otro capítulo estará dedicado a los recursos públicos administrados mediante fiducias y patrimonios autónomos.
El Gobierno revisará sus costos, comisiones, resultados, mecanismos de selección y la manera como se ejecutan los recursos.
De La Espriella fue especialmente crítico sobre este punto y sostuvo que allí también pueden existir focos de corrupción que deberán ser identificados.
Cada modalidad, aclaró el Ejecutivo, deberá ser evaluada teniendo en cuenta su naturaleza y el régimen jurídico que la regula.
Si encuentran irregularidades habrá denuncias
La revisión administrativa no reemplazará las investigaciones que corresponden a los organismos de control, la Fiscalía o los jueces.
Si durante el análisis interno aparecen elementos que puedan constituir irregularidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales, el presidente aseguró que serán trasladados a las autoridades competentes.
“Donde encontremos sobrecostos, intermediaciones innecesarias, concentraciones injustificadas, posibles favorecimientos o mecanismos utilizados para restringir la competencia, actuaremos conforme a la ley. Nadie va a quedar por fuera”, señaló.
La existencia de contratos reiterados, convenios, fiducias o contratistas recurrentes no demuestra por sí misma la existencia de corrupción. La revisión anunciada buscará precisamente determinar si las actuaciones estuvieron justificadas y se ajustaron a las normas.
Una eventual reducción del aparato estatal
La revisión de la contratación y la reorganización institucional hacen parte de un mismo objetivo planteado por el nuevo Gobierno: reducir gastos de funcionamiento y hacer más eficiente la administración pública.
Para ello, cada cartera deberá identificar duplicidades, trámites innecesarios, estructuras costosas y entidades cuyas funciones puedan concentrarse en otra institución.
Los resultados determinarán hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo directamente y cuáles modificaciones necesitarán autorización o trámite ante el Congreso.
El anuncio abre así dos discusiones de gran alcance: quiénes y bajo qué condiciones han contratado durante años con el Estado y cuántas de las entidades que actualmente integran el Gobierno son realmente necesarias.
“Cada contratación deberá justificarse por su necesidad, idoneidad, precio, resultados y estricto cumplimiento de la ley”, sostuvo De La Espriella.
Y cerró la instrucción a su gabinete con una frase que resumió el propósito de la revisión:
“Vamos a poner en orden la casa”.
