En materia de seguridad, en lo que lleva el gobierno del Presidente Gustavo Petro, hemos podido evidenciar por lo menos dos líneas de comportamiento:
La primera: Un afán por mostrar resultados en cuanto a su Política de Paz Total se refiere. La mal llamada paz total que busca por medio de mesas de diálogo, llegar al fin del conflicto armado, sin que hasta el momento se haya cosechado éxito alguno, eso sí, aumentándose el número de masacres y el asesinato de líderes sociales, mientras el gobierno otorga al parecer, sin ninguna contraprestación, beneficios a los grupos criminales y guerrilleros, quienes han aprovechado las concesiones otorgadas por el Gobierno Nacional, para reforzar y fortalecer sus bandas y estructuras delictivas y subversivas.
La segunda: Un gran desprecio por la Fuerza Pública, la cual ha sido notoria en diferentes actos y momentos, evidenciándose principalmente, en la manera como les ha coartado sus funciones y competencias, en cuanto a su actuar ofensivo y en defensa de la sociedad corresponde, para que no se manche presuntamente y ponga en riesgo su Paz Total, generándose eso sí, el saldo desbordado de los líderes sociales ultimados ya mencionados, y el de un número significativo de héroes de la patria, soldados y policías que han perdido la vida, sometidos por las mordazas y las ataduras que el gobierno del Presidente Petro les ha impuesto.
Un ejemplo de esto, es que luego de lo sucedido el pasado sábado 20 de Julio, cuando el Presidente retrasó por más de 3 horas el desfile militar al no llegar a tiempo, dejó en la tropa y en la sociedad civil entera, un claro mensaje de desinterés por la Fuerza Pública. Una cosa era el desprecio que sentía por ellos cuando era guerrillero; otra cosa, es el respeto que les debe, como soportes que son de las instituciones jurídicamente establecidas, entre ellas, la dignidad Presidencial.
Y por si no fuera poco, tres (3) días después, del retraso injustificable del 20 de Julio, el día 23, se sumaría un escándalo más, con lo cual todo parece indicar que la Casa de Nariño anda de tumbo en tumbo, y no quieren dar ni siquiera la más mínima tregua. En cumplimiento de su deber legal, el glorioso Ejército de Colombia, adelantó un retén en las carreteras de Antioquia, en el cual, fueron detenidas al menos siete (7) camionetas que pertenecen a la Unidad Nacional de Protección UNP; como quien dice, en un dos por tres, pasamos del escándalo de la UNGRD al de la UNP. En dichas camionetas se transportaban al menos 29 miembros disidentes de las FARC con esquemas de seguridad de la misma entidad UNP.
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El Gobernador de Antioquia Andres Julian Rendón, dio a conocer la noticia, precisando justamente, que en dichos vehículos blindados y con escoltas de la UNP, esto es, con esquemas de seguridad, se movilizaban líderes de diferentes frentes de las estructuras de disidencias del bloque Estado Mayor Central (EMC). Esta captura que en principio se consideró un gran golpe para el bloque disidente, por parte de nuestra fuerza pública, tuvo un cambio de panorama, cuando desde el Gobierno informaron que tres (3) de los implicados debían ser liberados porque hacían parte de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional y por está razón tenían esquemas de seguridad.
Gran sorpresa nos llevamos muchos, al saber, que los negociantes de paz por parte de grupos al margen de la ley, gozan de beneficios tales como camionetas de alta gama, blindadas y también escoltas, mientras en el País aumentan las cifras de líderes sociales asesinados, que nunca han recibido ni siquiera un chaleco antibalas, ni el acompañamiento asi fuese con recomendaciones verbales de medidas de autoprotección. Tampoco sabíamos que dichos negociadores de Paz, tenían patente de corso, para hacersen acompañar por las carreteras de Colombia impunemente, de otros disidentes que no tienen la calidad de negociadores, y que en cambio si, tienen medidas de aseguramiento activas y vigentes.
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El mismo Andrés Julian Rendon, se refirió a estos hechos como la ‘’tapa’’ y aseguró que esté es el resultado de contemporizar con el crimen, pues mientras estos disidentes guerrilleros se movilizan por el País con una caravana de vehículos blindados, en Antioquia hay 2 alcaldes amenazados, sin ningún tipo de protección por parte del Estado a nivel nacional:
I) Es el caso del Alcalde de Toledo, quien tuvo que ir hasta la comisión interamericana de derechos humanos conocida como CIDH, que está en Washington a pedir medidas de protección, porque la UNP, no lo ha querido proteger; II) Tambien es el caso del Alcalde de San Rafael en Antioquia, a quien la gobernación le tuvo que brindar una camioneta blindada por la misma razón, al no haber recibido apoyo de la entidad encargada de proteger a dignatarios, esto es, la UNP, la cual no resulta para nada eficiente, con quienes ostentan dignidades otorgadas por el favor popular; pero sí, demasiado diligente y generosa, con quienes han pretendido desestabilizar al Estado y a sus instituciones democráticas establecidas.
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Por cierto, además de los dos Alcaldes de Antioquia, se suman muchos otros Alcaldes de otros Departamentos, también Personeros Municipales, líderes sociales, Jueces y Fiscales entre otros, que hoy siguen, mendigando las medidas que requieren en materia de protección, y en estos casos, sí que se justifican, con creces.
Volviendo al tema de las camionetas, de las 29 personas que se movilizaban en dichos vehículos incluyendo los escoltas de la UNP, siete (7) fueron capturados, de los cuales tres (3) fueron dejados en libertad como lo señalamos anteriormente. Pero se encontraba también un menor de edad, que había sido reclutado desde los 12 años; hoy con diecisiete (17) años de edad, dicho menor ya se encuentra en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, hecho este que en todo caso, no puede pasar tan olímpica ni folclóricamente, pues lo que sigue resultando claro, es que pese a que tanto en el Derecho Internacional Humanitario, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, han sido consagradas disposiciones que prohíben el reclutamiento de niños, tanto en los grupos armados irregulares como en la fuerza pública de los Estados, por tratarse entre otras cosas, de una de las peores formas de violencia y explotación a las que pueden estar expuestos y sometidos, niñas, niños y adolescentes, ello sigue siendo, el pan de cada día, convirtiéndose en una problemática a la que al parecer nos hemos acostumbrado, habiéndose convertido en parte del paisaje, pese a tratarse de un delito de lesa humanidad.
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A pesar de este delito de reclutamiento de un menor de edad, esto no fue impedimento para que la Fiscal Luz Adriana Camargo, ordenara en tiempo express la suspensión de las órdenes de captura de Erlinson Echavarría Escobar, alías ‘’Ramiro’’ para su oportuna libertad. En un pronunciamiento, la Señora Fiscal se limitó a decir que este incidente implica la necesidad de revisar con mayor detalle el levantamiento de futuras órdenes de captura y vigilar más de cerca los desplazamientos realizados. En relación con el reclutamiento infantil, ante unos reporteros, la Señora Fiscal admitió, que desconocía la presencia de menores de edad al momento de la captura, sin que se hubiese tomado la molestia luego, de empaparse sobre el particular, y condenar el grave hecho, como correspondía.
Carlos García, alias ‘Andrey’, jefe de las disidencias del Estado Mayor Central, que negociacon el Gobierno, se pronunció frente a las capturas por parte del ejército. Aseguró que el procedimiento fue una “humillación”. Además sin rubor ni sonrojo, justificó el dinero encontrado en los vehículos que al parecer serían más de $100 millones de pesos, según fuentes oficiales. Andrey dijo: “Son recursos que tiene alguien que ejerce responsabilidad sobre una tropa guerrillera. Son muchas cosas para resolver, que la gasolina, que los peajes, todo lo que se gasta en una vía, nos estamos moviendo por el País y no podemos andar sin un peso en el bolsillo. El tema de la plata es lo que menos importa aquí”. Sinceramente, da dolor de Patría, pues ahora le salimos a deber, y debemos procurar que no se sientan humillados. Además, según su parecer, no le debemos prestar importancia a las cantidades del dinero que llevaban ‘’por que eso es lo de menos’’. ¡Qué tal esto! ¿Pero de dónde viene el dinero?
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Según el mismo director de la UNP, Augusto Rodriguez, en entrevista con Revista Semana refiriéndose al incidente, reconoció que:
‘’Indudablemente, cometieron un abuso sobre los elementos que la UNP puso para su protección. Subir a esas personas, con orden de captura y transportar esos dineros que deben tener un mal origen, ya que ellos están delinquiendo. Eso molesta, incomoda, genera rabia y escozor, porque la entidad les está prestando el servicio de cuidarles la vida.’’
Esto fue lo que dijo el Director. Pero al parecer todo queda en rabia y molestia, porque por encima de esto, está que el Presidente, pueda lograr el éxito en sus mesas de diálogo. La mesa de diálogo que lleva la negociación con esta disidencia, ya se pronunció y aseguraron que aunque el hecho generó desconfianza, ya se acordó que la mesa de diálogo sigue y ya tienen agendado las próximas reuniones.
Por su parte, aunque el nuevo Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sí, el mismo que escueleramente en su trino del 29 de mayo de 2024 nos pedía que repitiéramos con el “la constituyente es inviable, la reelección es inviable”; y que ahora por cosas del birlibirloque ya le parece viable, también se pronunció y rechazó el hecho, refiriéndose a él, como un acto “inaceptable”; también anunció que se exigirán explicaciones a las disidencias en la mesa de negociaciones. No se me haría extraño que en los próximos días, diga el propio Ministro que dicho proceder ya no es inaceptable, sino aceptable, y que sugiera que las explicaciones no las de la guerrilla, sino el Gobierno, pues el Estado, además debería, probablemente, encimarles unas disculpas, por la afrenta causada con el injusto retén.
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Pero mientras cambia súbitamente de parecer probablemente el Ministro Cristo, ¿Será que el Presidente le permitirá pedir dichas explicaciones?
De poder hacerlo, el Ministro debería aprovechar y pedir explicaciones a las demás mesas como la del ELN, que también han realizado hechos dignos de una suspensión del diálogo, pese a lo cual el gobierno sigue sentado con ellos. Por su parte el Presidente Petro en su discurso, en la celebración de los 201 años de la Armada Nacional en Cartagena, habló de unos nuevos ‘’cambios tácticos’’ para mejorar el actuar de la Fuerza Pública, criticando y señalando a quienes según él, dependen de la violencia para generar cambios, pues él propone que los cambios sean basados en la cultura, el conocimiento y la creatividad. Textualmente dijo «Lo que se va a abrir paso indudablemente es una sociedad de la cultura, del saber, de la invención, de la creación».
Sin duda es importante la cultura en una sociedad, pero ¿qué pensarán nuestros soldados y policías que arriesgan a diario sus vidas, cuando su mandatario no propone un cambio real o mejor aún, el fin de la guerra, sino cultura y creación, cuando los alzados en armas no han podido superar la cultura bélica que los acompaña, y en materia de creatividad su mayor expresión es utilizar la tecnología pero con drones y otros artefactos sofisticados para atacar a nuestros héroes en sus bases y estaciones.
¡Que no haga jamás carrera en Colombia aquello, de que ser guerrillero sí paga!
