A pocas horas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el candidato Raúl Santiago Botero Jaramillo quedó en el centro de una controversia judicial y familiar, luego de que autoridades de Cartagena adelantaran una diligencia de desalojo en un apartamento ubicado en el exclusivo sector de Bocagrande.
La Comisaría de Familia ordenó una medida de protección a favor de su esposa, Manuela Echeverri Hoyos, y de su hijo menor de edad. El procedimiento se realizó en un exclusivo edificio de Bocagrande.
El procedimiento fue ordenado por la Comisaría de Familia tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada por su esposa, la artista Manuela Echeverri Hoyos, con quien tiene un hijo menor de edad. La medida buscaba garantizar el ingreso de la madre y del niño a la vivienda familiar.
De acuerdo con la información conocida, la orden fue emitida el 29 de mayo de 2026 y ejecutada este sábado 30 de mayo con acompañamiento de la Policía. La actuación se produjo después de que la denunciante señalara presuntas agresiones físicas, verbales, psicológicas y patrimoniales en el contexto familiar.
El comisario de Familia de Cartagena, Amín Sanabria Aislant, explicó que la medida no tenía relación con la campaña presidencial, sino con la protección del núcleo familiar.
“Sabemos que es un candidato de la Presidencia de la República, pero eso no tiene nada que ver, ni son situaciones políticas como él lo dice, es una situación de violencia intrafamiliar”, señaló el funcionario.
Sanabria también indicó que el objetivo de la diligencia era que Botero abandonara el inmueble para permitir el retorno de su esposa y del menor.
“Abandone inmediatamente la vivienda familiar para darle ingreso a su esposa y a su hijo de 10 meses”, afirmó el comisario al explicar el alcance de la medida.
Según el abogado de Manuela Echeverri, Alberto Boek, la crisis familiar se agravó luego de que Botero le habría enviado un mensaje a su esposa en el que le prohibía el ingreso a las propiedades de la pareja, entre ellas el apartamento de Bocagrande y una casa colonial en el Centro Histórico de Cartagena.
“A partir de la denuncia inicial interpuesta hace un mes, se presentaron múltiples hechos de violencia psicológica, económica y de diversos tipos: por ejemplo, él se encerraba a beber vino y a consumir drogas y luego estallaba en ira. El jueves le escribió un mensaje en el que dijo que a partir de ese momento tenía prohibido el ingreso a la casa, que no podían entrar ni ella ni su hijo. Quedaron en la calle, sin un peso”, aseguró Boek.
En medio de la diligencia, las autoridades reportaron resistencia para cumplir la orden. Según el abogado de la denunciante, el candidato se habría negado inicialmente a abrir la puerta y habría enviado mensajes intimidatorios contra funcionarios y apoderados judiciales.
“En llamadas y mensajes de WhatsApp amenazó al comisario de familia”, sostuvo el abogado.
El comisario Sanabria también relató que el procedimiento se desarrolló en medio de tensión por la negativa inicial del candidato a permitir el ingreso de las autoridades.
“Botó a su esposa de la casa con su hijo de diez meses. Estamos tratando de entrar al apartamento para reintegrar a su hogar a la señora Manuela Echeverri y al niño. El señor se niega a colaborar y a abrir la puerta; está atrincherado. Hizo unas amenazas características en él: dijo que iba a dar balín a los abogados”, afirmó el funcionario.
Medios locales reportaron posteriormente que, tras varias horas de diligencia, Botero ya no se encontraba dentro del apartamento y habría salido del edificio por el parqueadero.
Manuela Echeverri Hoyos es artista plástica y cofundadora de una galería en Cartagena. De acuerdo con los reportes conocidos, la medida de protección también incluyó actuaciones para garantizar el bienestar del hijo menor de la pareja, quien habría quedado bajo custodia de las autoridades de infancia mientras se cumplía el procedimiento.
Hasta el momento, el caso se mantiene en etapa administrativa y judicial por la denuncia de presunta violencia intrafamiliar. Las autoridades deberán establecer el alcance de las medidas de protección y si los hechos denunciados derivan en otras actuaciones penales o disciplinarias.
La controversia se produce en la víspera de la primera vuelta presidencial, en la que Santiago Botero aparece inscrito como candidato a la Presidencia de la República.
