Inició la esperada audiencia de solicitud de medida de aseguramiento a Olmedo López Director de la UNGR, Sneyder Pinilla exsubdirector de la UNGRD y el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como el «pastuso».
La diligencia está a cargo del juez 35 de control de garantías de Bogotá, Sidulfo Hernández Toro quien hacía las 9:15 de la mañana dio apertura a la diligencia.
A la entrada del parqueadero del complejo judicial de Paloquemao se dispuso un fuerte dispositivo de seguridad para el ingreso de Olmedo López y Sneyder Pinilla quienes son representados por los hermanos Luis Moreno y Gustavo Moreno.
El abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, dijo que espera que en la audiencia de medida de aseguramiento no se presenten víctimas falsas y agregó que el hackeo al celular de su cliente ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.
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Por otra parte Francisco Bernate defensor de Luis Eduardo López Rosero, contratista de la UNGRD, aseguró que no se van a oponer a una medida de aseguramiento, sin embargo, advierte que es necesario recluirlo en una guarnición militar por las amenazas que han recibido.
Luego de la presentación de los investigados y sus abogados defensores, se hicieron presentes los abogados representantes de víctimas que en este caso son la Agencia Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, comunidades indígenas de la Guajira.
La Fiscalía señaló que frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros esta cuantificado en $5.276 millones de pesos, dinero que se habrían apropiado los exdirectivos de la UNGRD.
En la audiencia el ente acusador afirmó que Olmedo López habría recibido instrucciones de Carlos Ramón González, cuando era director del DAPRE, para entregar $4.000 millones a Iván Name y Andrés Calle expresidentes del Senado y Cámara de Representantes por intermedio de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortíz. Esta cifra cambió ya que según la Fiscalía aseguró que Carlos Ramón González pidió inicialmente $60 mil millones para el expresidente del Senado Iván Name y $10 mil millones para Andrés Calle.
«Acordaron dirigir los contratos e interventorías a contratistas amigos, gestionó con Luis Carlos cuyo jefe era Cesar August0 Manríquez Soacha, director del Departamento de la Función Pública, el traslado de 100.000 millones de pesos que se tenían en en convenio con la Agencia Nacional de tierras y la UNGRD.
Coordinó con Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda el direccionamiento de contratos para los municipios en la cual estaban interesados indebidamente los congresistas de la comisión tercera » Fiscal María Cristina Patiño
Siga aquí la audiencia y el análisis jurídico con los abogados penalistas invitados:
La fiscalía les imputó 5 delitos: Concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.
Por la gravedad de los delitos catalogado por la Fiscal como el «Acuerdo Criminal «, solicitó cárcel para los investigados, las penas pueden ir hasta 9 años de cárcel.
La fiscalía señaló que Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían redireccionado contratos de la @UNGRD para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
«Usted señor Olmedo López dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a Congresistas.
Coordinó con Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda, Maria Alejandra Benavides, asesora del ministro y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) en los cuales estaban interesados indebidamente los Senadores y Representantes integrantes de la comisión tercera de hacienda y crédito público, Julio Elías Chagüi, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muño y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Bonilla.»
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Sneyder Pinilla dijo que Luis Eduardo López Rosero, le ofreció el 13% por ayudarle para que le pagaran unas cuentas del gobierno anterior y el 14% de los nuevos contratos que le fueran adjudicados, esta «coima» sería el 13% para el exdirector Olmedo López y el 1% para Pinilla.
Respecto al contratista Luis Eduardo López Rosero, la fiscal señaló que controla más de 30 empresas, entre esta cinco empresas que fueron utilizadas para la contratación en la UNGRD, bajo la modalidad de adquisición y asistencia humanitaria de emergencia por declaratoría de desastre nacional y decretos de calamidad pública, Luis Eduardo López, conocido como el «pastuso» se habría apropiado de 7.821 millones. Incrementaba los valores de las cotizaciones con el fin de pagar las coimas a los funcionarios.
Al contratista le fueron adjudicados 21 contratos por valor de $228.844 millones
Los exfuncionarios también otorgaron contratos a amigos de Sneyder Pinilla, como el caso de Fabian González a quien le entregaron cuatro ordenes de compra de carrotanques, por valor de $23.000 millones y sobre la cual recibirían el 10%.
Una de las razones por las que la Fiscalía ha pedido enviar a la cárcel a Olmedo López, Sneyder Pinilla y ‘El Pastuso’ es que hay documentos clave de la UNGRD que han desapareciendo, entre ellas 64 cajas con documentos de contratos .Según la fiscal delegada habrían personas dentro de la Unidad de Gestión de Riesgos que quieren ocultar información.
Para el 31 de agosto a partir de las 8 de la mañana fue programada la próxima audiencia donde se decidirá si son enviados a la cárcel, para el abogado Bernate, la gravedad del escándalo y la información sensible en poder de los testigos, son méritos suficientes para que la prisión preventiva se cumpla en una guarnición militar
Las Fiscales destacadas para el caso de la UNGRD
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento estuvo a cargo de María Cristina Patiño González, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abogada externadista quien tiene amplia experiencia en la academia como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y en la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó como magistrada auxiliar durante nueve años.
La imputación de cargos la realizó la fiscal 79 especializada de la dirección contra la corrupción, Andrea Muñoz, encargada del caso de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD) para La Guajira, quien también investigó en su momento el caso de la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TICS.
