El contexto de estas declaraciones llega en un momento, cuando las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial han atravesado días «traumáticos», en palabras del mandatario, refiriéndose a la reciente decisión de la Corte Constitucional de anular la facultad de contratación directa otorgada al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir).
«No puedo ocultar que los días que estamos viviendo han sido bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones Justicia-Presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza».
«México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”: Gustavo Petro
Uno de los primeros en manifestarse fue el exfiscal Francisco Barbosa, quien advirtió en su cuenta de X (anteriormente Twitter): “Mucho cuidado con eso. Tenemos que estar alerta. Colombia no ha caído y ha sostenido su institucionalidad por la rama judicial en estos 2 años. Estemos atentos porque en cualquier momento nos pueden salir con una sorpresa”.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirma que la propuesta puede poner la justicia en el banquete de los politiqueros y erosionar la independencia del poder judicial frente a los demás poderes del Estado.
El modelo mexicano como antecedente
La referencia de Petro a México no es casual. En septiembre de 2024, aprobó una reforma constitucional que instaurará elecciones populares para jueces y magistrados. Los mexicanos votarán por primera vez en 2025 para seleccionar la mitad de los integrantes del Poder Judicial, incluidos ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral. Si bien esta reforma promete dar legalidad y transparencia al proceso, también ha levantado polémicas sobre el riesgo de que los jueces pierdan su imparcialidad.