La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia fallo con responsabilidad fiscal por más de $30.127 millones, luego de establecer que entre los años 2012 y 2019 se presentó un manejo irregular de recursos públicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Más de $30 mil millones de recursos públicos fueron manejados sin control en la Universidad Distrital. La Contraloría de Bogotá confirmó el detrimento patrimonial tras evidenciar el uso irregular de una cuenta por fuera de los registros oficiales.
La decisión quedó en firme en segunda instancia, al confirmarse la responsabilidad fiscal por conductas a título de dolo y culpa grave, lo que da lugar a las actuaciones correspondientes para el resarcimiento del daño.
De acuerdo con lo establecido en el proceso de responsabilidad fiscal, se evidenció que recursos provenientes de contratos y convenios interadministrativos fueron canalizados a través de una cuenta utilizada como “caja menor”, sin el debido registro en los estados financieros y sin la aplicación de controles adecuados para su administración.
Esta situación impidió verificar la destinación final de los recursos, generando un detrimento patrimonial y evidenciando fallas en los mecanismos de control interno, contable y financiero.
Como resultado de lo anterior, se declaró la responsabilidad fiscal de varios servidores y exservidores públicos, a título de dolo y culpa grave, conforme a su grado de participación en los hechos.
“Durante años se manejaron recursos públicos de la educación sin control, sin registro y sin responder por su destino. Esto es especialmente grave. Hoy hay responsables identificados y una decisión en firme que obliga a devolver cada peso comprometido. La Contraloría de Bogotá seguirá vigilando el uso de los recursos públicos y actuando cuando sea necesario para proteger el patrimonio de la ciudad”, señaló el Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
La Contraloría de Bogotá continuará ejerciendo vigilancia permanente sobre la gestión de los recursos públicos y adelantando las acciones de control fiscal a que haya lugar, con el fin de garantizar su adecuada administración y la protección del patrimonio de la ciudad.