La medida reglamenta la Ley 2489 de 2025 y establece acciones concretas para prevenir el ciberacoso, la explotación sexual infantil, la adicción a las pantallas y el reclutamiento de menores a través de plataformas digitales.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 769 del 16 de julio de 2026, una nueva reglamentación que busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. La norma desarrolla la Ley 2489 de 2025 y establece un conjunto de obligaciones para las plataformas tecnológicas, las instituciones educativas, las familias y las entidades públicas con el fin de garantizar espacios digitales más seguros para la población menor de edad.
La medida fue firmada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Educación Nacional, e incorpora nuevas disposiciones al Decreto 1078 de 2015. El objetivo principal es prevenir riesgos cada vez más frecuentes en internet, como el ciberacoso, la explotación sexual infantil, el contacto con redes criminales, la exposición a contenidos nocivos y otras formas de violencia digital que afectan a niños y adolescentes.
Plataformas digitales deberán reforzar la protección de menores
Uno de los puntos centrales del decreto está dirigido a las empresas tecnológicas, desarrolladores de aplicaciones, redes sociales, plataformas de videojuegos, servicios digitales e incluso sistemas basados en inteligencia artificial que puedan ser utilizados por menores de edad.
Según la nueva reglamentación, estas compañías deberán implementar mecanismos de debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar riesgos que puedan afectar los derechos de los menores durante el diseño, operación y prestación de sus servicios.
La norma establece además que los proveedores deberán aplicar sistemas de verificación de edad acordes con los niveles de riesgo de cada servicio, con el propósito de evitar que los menores accedan a contenidos inapropiados o potencialmente peligrosos.
Prohibición de datos biométricos y perfilamiento comercial
Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la prohibición expresa de recolectar datos biométricos de niños, niñas y adolescentes para fines comerciales.
El decreto también prohíbe el perfilamiento algorítmico con fines publicitarios dirigido a menores de edad, así como prácticas de vigilancia masiva o interceptación de comunicaciones privadas sin autorización judicial.
Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la privacidad y la protección de datos personales de la población infantil y adolescente en el entorno digital.
Empresas deberán ofrecer herramientas de control parental
La reglamentación obliga a las plataformas digitales a incorporar herramientas de control parental y sistemas de mediación tecnológica que permitan a padres y cuidadores supervisar de manera más efectiva la actividad en línea de los menores.
Estas herramientas deberán ser flexibles y ajustarse progresivamente a la edad, madurez y nivel de autonomía de los usuarios menores de edad, permitiendo establecer restricciones o controles diferenciados según cada caso.
Asimismo, el decreto aclara que la implementación de estas medidas no podrá traducirse en censura previa o monitoreo generalizado de contenidos y deberá respetar principios fundamentales como la privacidad de las comunicaciones y el cifrado de extremo a extremo.
Reporte obligatorio de casos de explotación infantil
Otra de las obligaciones establecidas para las empresas tecnológicas consiste en disponer de canales de denuncia accesibles para usuarios y familias.
Cuando las plataformas detecten posibles casos relacionados con explotación o abuso sexual infantil, deberán reportarlos de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de las normas vigentes de protección de la infancia.
La medida busca fortalecer la articulación entre el sector tecnológico y las autoridades para responder con mayor rapidez frente a este tipo de delitos.
Cambios obligatorios para colegios y manuales de convivencia
El decreto también introduce nuevas responsabilidades para las instituciones educativas.
Los establecimientos escolares deberán actualizar sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y sus Manuales de Convivencia para incorporar estrategias de prevención de riesgos digitales y promover el uso responsable de las tecnologías.
Además, se exige la creación de protocolos específicos para atender situaciones relacionadas con ciberacoso, violencia digital y otras conductas que afecten a estudiantes dentro o fuera del entorno escolar.
Los Comités Escolares de Convivencia tendrán la responsabilidad de activar las rutas de atención institucional cuando se presenten casos de cyberbullying u otras formas de agresión digital.
Ministerio de Educación creará repositorio de buenas prácticas
Como parte de la estrategia educativa, el Ministerio de Educación Nacional desarrollará un Repositorio de Buenas Prácticas dentro del portal Colombia Aprende.
Este espacio reunirá materiales pedagógicos, guías y recursos didácticos destinados a estudiantes, docentes y familias para fortalecer competencias en alfabetización mediática y ciudadanía digital.
La iniciativa busca promover una cultura de uso crítico, seguro y responsable de las tecnologías desde edades tempranas.
Familias tendrán un papel más activo
La norma también enfatiza en la corresponsabilidad de padres, madres y cuidadores en la protección de los menores en internet.
El Gobierno establece que las familias deberán mantenerse informadas sobre los riesgos digitales y ejercer una supervisión activa para prevenir fenómenos como el ciberacoso, la captación de menores, la explotación sexual, la trata de personas y otras conductas delictivas que pueden producirse a través de plataformas digitales.
Para apoyar esta labor, MinTIC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementarán programas de formación y orientación dirigidos a padres y cuidadores.
Un modelo de protección compartida
La reglamentación se fundamenta en el principio de corresponsabilidad, según el cual la protección de los menores en internet no recae únicamente sobre el Estado, sino también sobre el sector privado, las instituciones educativas y las familias.
Con la entrada en vigor del Decreto 769 de 2026, Colombia fortalece su marco normativo para enfrentar las amenazas que surgen en los entornos digitales y busca garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan aprovechar las oportunidades de internet en condiciones de mayor seguridad, privacidad y protección de sus derechos.
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