Traslado de integrantes de Los Pachenca. Esa fue la contundente orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien anunció que 76 personas privadas de la libertad, señaladas de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, serán enviadas a pabellones de máxima seguridad en distintas regiones del país para evitar que continúen dirigiendo actividades criminales desde prisión.
La decisión fue dada a conocer en medio de la ofensiva que el Gobierno Nacional adelanta contra las estructuras armadas que operan en la región Caribe, especialmente en los departamentos de Magdalena, La Guajira, Cesar y Atlántico, donde las autoridades han denunciado la persistencia de redes criminales dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y los homicidios.
La orden directa del presidente
Durante una intervención pública, el presidente Abelardo De La Espriella reveló que instruyó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para ejecutar de inmediato el traslado de los detenidos.
“Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, manifestó el mandatario.
Según el jefe de Estado, la medida busca romper las cadenas de mando que, presuntamente, continúan operando desde los centros penitenciarios y que permitirían mantener influencia sobre actividades delictivas en la región Caribe.
¿Quiénes son Los Pachenca?
Los Pachenca, conocidos oficialmente como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), son una estructura armada ilegal con presencia principalmente en Magdalena, La Guajira y sectores de Cesar.
Las autoridades los señalan de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, cobro de rentas ilegales, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y control territorial en zonas estratégicas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El grupo surgió tras procesos de reconfiguración criminal ocurridos después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ha sido identificado por organismos de seguridad como una de las organizaciones más influyentes en algunas zonas del Caribe colombiano.
Durante los últimos años, las autoridades han desarrollado múltiples operaciones dirigidas contra sus principales cabecillas y redes financieras, en un intento por debilitar su capacidad operativa.
Los detenidos estaban recluidos en cuatro departamentos
Los 76 privados de la libertad que serán trasladados permanecían recluidos en establecimientos carcelarios ubicados en:
- La Guajira.
- Magdalena.
- Cesar.
- Atlántico.
La decisión gubernamental consiste en llevarlos a centros penitenciarios de máxima seguridad en otras regiones del país, con mayores controles y restricciones de comunicación.
De acuerdo con las autoridades, la medida pretende impedir que los internos mantengan contacto con redes criminales activas fuera de prisión o sigan ejerciendo presión sobre comunidades y comerciantes de la región.
Operación contra alias “Cholo” y refuerzo de la seguridad
El anuncio presidencial se produjo pocos días después de una operación de alto impacto contra alias “Cholo”, considerado una figura relevante dentro de la estructura criminal.
Desde entonces, Abelardo De La Espriella ha encabezado varios consejos extraordinarios de seguridad en Santa Marta, donde ha evaluado junto a las Fuerzas Militares, la Policía y organismos de inteligencia el panorama de orden público en la región.
El mandatario también ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en corredores estratégicos de Magdalena y La Guajira para garantizar la movilidad de los ciudadanos y evitar retaliaciones criminales.
“No permitiremos que las organizaciones ilegales intimiden a la población ni alteren la tranquilidad de los habitantes del Caribe colombiano”, habría sido uno de los mensajes transmitidos durante las reuniones de seguridad.
Estrategia para cortar las órdenes desde prisión
Expertos en seguridad consideran que el traslado de personas vinculadas a organizaciones criminales hacia cárceles de máxima seguridad busca afectar las comunicaciones internas y limitar la capacidad de coordinación de delitos desde los centros de reclusión.
Las autoridades han advertido en diferentes ocasiones que estructuras criminales continúan manteniendo influencia sobre redes de extorsión, sicariato y tráfico de drogas mediante llamadas telefónicas, intermediarios y otros mecanismos ilícitos realizados desde prisión.
Por esa razón, los nuevos traslados estarán acompañados de controles especiales, monitoreo permanente y restricciones más estrictas para los reclusos considerados de alto riesgo.
Contexto de la ofensiva contra estructuras criminales
La decisión del Gobierno se enmarca dentro de una estrategia nacional orientada a recuperar el control territorial en zonas afectadas por grupos armados y bandas criminales.
Durante los últimos meses, las autoridades han incrementado las operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y la extorsión, especialmente en la región Caribe, donde la presencia de grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad.
Con el traslado de los 76 detenidos, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de autoridad y reforzar la capacidad del Estado para enfrentar a organizaciones criminales que, según las investigaciones, continúan ejerciendo influencia incluso desde los centros penitenciarios.
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