La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el Representante a la Cámara James Hermenegildo Mosquera Torres, quien llegó al Congreso a través de una curul de paz, por los presuntos delitos de fraude en el registro de víctima, fraude procesal y falsedad en documento público agravado. Esta decisión surge tras la denuncia presentada por el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que señala irregularidades en la acreditación de Mosquera como víctima del conflicto armado.
La Sala de Instrucción abrió una investigación contra el Representante a la Cámara James Hermenegildo Mosquera Torres por los presuntos delitos de fraude en el registro de víctima, fraude procesal y falsedad en documento público agravado.
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El caso se centra en la posible manipulación del registro de víctimas por parte de Mosquera entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, lo que le permitió presentarse a las elecciones legislativas de 2022. A través de la certificación de su estatus de víctima, Mosquera accedió a una de las curules de paz, asignadas a aquellos que han sido directamente afectados por la violencia en Colombia. Sin embargo, las pruebas presentadas ante la Corte sugieren que el congresista podría haber incurrido en fraude para obtener esa condición, lo que comprometería la legalidad de su participación en las elecciones y su actual rol como representante de las víctimas del conflicto armado en el Chocó.
La investigación se inició por una denuncia del Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Se busca establecer, entre otras, si Mosquera Torres residía en el Chocó el año 2021 en la época en la que supuestamente fue desplazado por la violencia lo que le permitió inscribirse en el registro de victimas.
Uno de los puntos clave de la investigación se centra en establecer si Mosquera realmente residía en el Chocó en 2021, como afirmó en su registro, y si efectivamente fue víctima de desplazamiento forzado por grupos guerrilleros, como declaró en su solicitud. Documentos revelados por la prensa y las autoridades señalan que Mosquera pudo haber falsificado su testimonio, ya que existen contradicciones en las fechas y lugares mencionados. Un informe de la Secretaría de Gobierno de Istmina asegura que el congresista no residía en dicho municipio durante el periodo en cuestión.
La apertura formal de esta investigación al representante, quien actualmente defiende los derechos de más de 450 mil víctimas del conflicto armado en el Chocó, por medio de las curules de paz, cuyo objetivo es garantizar la representación de las poblaciones más afectadas por la violencia. De comprobarse su responsabilidad, Mosquera enfrentaría no solo una sanción penal, sino también la posible pérdida de su investidura.
Mosquera declaró el 2 de noviembre de 2021 haber sido amenazado seis días antes por “grupos guerrilleros” en Itsmina y por estas amenazas se vió obligado a desplazarse forzadamente. Sin embargo, se habría aportado al proceso una carta de la secretaría de Gobierno de Istmina a la Unidad de Víctimas, donde manifiestan que Mosquera no vivía en ese municipio del Chocó.
La defensa de Mosquera, por su parte, ha rechazado las acusaciones, afirmando que su cliente es una víctima real del conflicto armado y que cualquier irregularidad en su registro fue producto de errores administrativos sin intención de fraude. El congresista ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades para aclarar los hechos.
Nació en Istmina, Chocó, hace 56 años. Estudió su primaria y bachillerato en el colegio San Pio X del mismo municipio.
Es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo y en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Santo Tomás y Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Cooperativa de Colombia, ha trabajado con víctimas de desplazamiento forzado.
