Tras la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por hurto cibernético de $10.849 millones en Purificación, Tolima, la Superintendencia Financiera de Colombia adelantó acción de protección al consumidor.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal se profirieron medidas cautelares, no solo contra Bancolombia, sino respecto de los otros vinculados, como el exalcalde y tesorero municipal de Purificación.
La Superintendencia Financiera de Colombia adelantó acción de protección al consumidor contra BANCOLOMBIA y, en segunda instancia, Tribunal Superior de Bogotá condenó a esta entidad al pago de $10.849 millones al municipio de Purificación, y a cancelar una multa equivalente a 150 salarios mínimos legales vigentes.
El dinero fue pagado al municipio el 25 de abril de 2024, no obstante, el proceso de responsabilidad fiscal sigue su curso, con miras a lograr el resarcimiento total del daño fiscal generado.
Sigue su curso el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República por el hurto cibernético de $10.849 millones a las cuentas bancarias del municipio de Purificación (Tolima) en diciembre de 2021, ahora con miras a lograr el resarcimiento de $2.950 millones que faltan por recuperar, luego que el pasado 25 de abril Bancolombia hiciera un pago que se le ordenó por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
En virtud de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR por este daño ocasionado al patrimonio público, la Superintendencia Financiera de Colombia tramitó acción de protección al consumidor contra BANCOLOMBIA y se ordenó a esta entidad bancaria el pago de $6.592 millones al municipio de Purificación y una multa equivalente a 150 SMLMV.
Luego, vía recurso, dicha decisión fue modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá destacando que Bancolombia “está llamada a soportar el riesgo que se deriva de la actividad profesional, por no haber ejercido las medidas preventivas respecto de las operaciones…”, y condenando a esta entidad bancaria a pagar al municipio de Purificación, la suma de $10.827 millones y una multa correspondiente a 120 SMLMV.
Esta suma de dinero fue pagado al municipio de Purificación, Tolima el 25 de abril de 2024, no obstante, el proceso de responsabilidad fiscal sigue su curso, con miras a lograr el resarcimiento total del daño fiscal generado, el cual a la fecha es de $2.950 millones aproximadamente.
Medidas cautelares contra vinculados
Los hechos que motivaron la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, adelantado en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, tienen relación con el fraude cibernético, derivado de las transacciones efectuadas a terceros los días 21 a 27 de diciembre de 2021, desde las cuentas de propiedad del municipio de Purificación, Tolima, suscritas con la entidad financiera Bancolombia, como resultado del presunto hurto de tokens, al respectivo preparador y aprobador.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal se profirieron medidas cautelares, no solo contra Bancolombia, sino respecto de los otros vinculados, es decir quienes para la época de los hechos fungían como alcalde municipal, Cristían Barragan y tesorero municipal de Purificación, Isaias González.
En el mes de enero de 2024, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó por diez años a los dos exfuncionarios por no tomar medidas de seguridad de las claves y cuentas bancarias de la administración. “previsión elemental en la custodia, salvaguarda y cuidado de los tokens y claves asignadas de las transferencias de los recursos públicos del municipio, debido a que eran los “únicos” que contaban con el acceso a las cuentas y claves de la administración municipal, “por tanto, solo ellos tenían la disposición para realizar traspasos en cualquier momento, por lo que era de trascendencia elemental que tomaran y aplicaran medidas de seguridad necesarias para garantizar la guarda de dichos recursos”. Según movimientos bancarios se realizaron más de 90 transacciones en un día. La sanción de la Procuradía General se encuentra apelada.
