El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución mediante la cual el Gobierno nacional designó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, al considerar que el acto administrativo debe cumplir una serie de condiciones y límites específicos para proteger los derechos de las víctimas y garantizar el control sobre el alcance de esa función.
La decisión fue adoptada al estudiar demandas de nulidad presentadas por los ciudadanos Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra la Resolución 244 de 2023, expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Los demandantes cuestionaron la legalidad del nombramiento y solicitaron medidas cautelares para suspender sus efectos mientras se resuelve el proceso de fondo.
¿Por qué fue suspendido el nombramiento?
La Sección Primera del Consejo de Estado analizó varios argumentos presentados en las demandas. Uno de ellos sostenía que la designación de Mancuso como gestor de paz constituía una revictimización para quienes sufrieron los crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, el alto tribunal concluyó que ese argumento no cumplió, por ahora, con la carga jurídica necesaria para decretar una medida cautelar sobre esa base.
No obstante, sí encontró elementos para estudiar la ausencia de límites claros en la designación. Según explicó la corporación, una gestoría de paz debe contar con parámetros definidos respecto al tiempo de duración, el ámbito territorial donde se ejercerá la función y las actividades concretas que desarrollará la persona designada.
En la providencia se señala que:
«Toda designación de un gestor de paz debe: i) fijar un lapso temporal, ii) indicar con claridad el aporte o intervención del postulado en la construcción de la paz y iii) definir el lugar del territorio nacional en el que se desempeñará la labor«.
El debate sobre los derechos de las víctimas
Los demandantes argumentaron que la decisión del Gobierno desconocía la situación de miles de víctimas del paramilitarismo.
Luis Carlos Domínguez Prada sostuvo ante el alto tribunal que la designación implicaba una contradicción entre la gravedad de los delitos atribuidos a Mancuso y el reconocimiento institucional contenido en la figura de gestor de paz. Según el expediente, afirmó que el nombramiento representaba una revictimización por el contraste existente entre las condenas y decisiones judiciales relacionadas con el exjefe paramilitar y la investidura otorgada por el Ejecutivo.
Además, recordó que Mancuso fue uno de los máximos comandantes de las AUC, organización responsable de múltiples hechos violentos durante el conflicto armado colombiano.
La facultad del Presidente no es absoluta
Aunque el Consejo de Estado reiteró que el Presidente de la República tiene la dirección de los procesos de paz y goza de una amplia facultad discrecional para adoptar medidas encaminadas a lograr la paz, advirtió que esa atribución debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
La providencia enfatiza que la discrecionalidad administrativa no puede confundirse con arbitrariedad y que toda decisión estatal debe estar suficientemente motivada y ajustada al marco jurídico vigente.
En ese sentido, el alto tribunal recordó que el objetivo constitucional de alcanzar una paz estable y duradera no puede conducir al desconocimiento de derechos fundamentales de las víctimas, particularmente los relacionados con la verdad, la justicia y la reparación.
La referencia a la Corte Suprema
Dentro de su análisis, el Consejo de Estado también citó una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 2024, en la que se advirtió que una gestoría de paz no puede ser:
«Ilimitada, descontrolada o irrestricta» en sus alcances temporal, geográfico y funcional.
Según el Consejo de Estado, estos criterios deben ser observados cuando se designan personas para cumplir funciones relacionadas con procesos de paz, especialmente cuando se trata de actores que participaron en el conflicto armado.
¿Quién es Salvatore Mancuso?
Salvatore Mancuso fue uno de los principales comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que participó en el conflicto armado colombiano y que fue responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos. Tras su desmovilización dentro del proceso de Justicia y Paz, ha comparecido ante autoridades judiciales colombianas y ha rendido diferentes versiones sobre estructuras armadas, hechos de violencia y vínculos entre actores ilegales y sectores políticos.
En 2023, el Gobierno nacional lo designó como gestor de paz con el propósito de que contribuyera a procesos relacionados con la construcción de paz y el desarme de grupos armados ilegales. Esa decisión generó amplios debates en sectores políticos, jurídicos y entre organizaciones de víctimas.
¿Qué ocurre ahora?
La suspensión decretada por el Consejo de Estado tiene carácter provisional y no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del nombramiento. El proceso de nulidad continuará su trámite mientras el alto tribunal estudia de fondo los argumentos de las partes y determina si la resolución expedida por el Gobierno se ajustó o no al ordenamiento jurídico colombiano.
Hasta que exista una decisión definitiva, los efectos de la resolución que designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz permanecerán suspendidos por orden judicial.
