John Milton Rodríguez declaró insubsistentes a Tamara Ospina y Pablo Zabala y terminó los encargos de Aura Tegria y Santiago Salinas. El funcionario aseguró que encontró una “olla podrida” durante el proceso de liquidación y anunció auditorías sobre nóminas y obligaciones pendientes, además de la revisión de recursos de FonIgualdad.
El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad entró este lunes 24 de agosto en una nueva etapa con la salida de cuatro funcionarios que ocupaban viceministerios de la cartera y que permanecían vinculados después de finalizar el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El liquidador de la entidad, John Milton Rodríguez, anunció que dos viceministros que no habían presentado su renuncia fueron declarados insubsistentes, mientras que a otros dos funcionarios se les terminaron los encargos que mantenían dentro de la estructura del Ministerio.
Las decisiones afectan a:
- Tamara Ospina, viceministra de las Mujeres: declarada insubsistente.
- Pablo Zabala, viceministro de Juventudes: declarado insubsistente.
- Aura Tegria, encargada del Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos: terminación del encargo.
- Santiago Salinas, encargado del Viceministerio de Poblaciones y Territorios Excluidos: terminación del encargo.
El directorio oficial del Ministerio registraba, entre otros, a Pablo Mateo Zabala Vargas al frente del Viceministerio de Juventud, a Tamara Ospina en el de las Mujeres y a Aura Benilda Tegria Cristancho en Pueblos Étnicos y Campesinos. Santiago Salinas también aparecía vinculado a la estructura de la entidad como director para la Igualdad y Equidad del Campesinado.
“Olla podrida”: el señalamiento del liquidador
Las salidas se producen en medio de fuertes cuestionamientos del liquidador sobre la situación administrativa y financiera que, según aseguró, encontró al asumir el proceso de cierre de la entidad.
Rodríguez calificó la situación encontrada como una “olla podrida” y habló de presunto “desgreño administrativo”. Además, anunció que serán puestas en conocimiento de los organismos competentes las situaciones que puedan constituir posibles detrimentos patrimoniales.
“Se ordenó la supresión inmediata de toda la estructura viceministerial, la terminación de encargos no esenciales y la radicación de denuncias ante los organismos de control competentes por posibles detrimentos patrimoniales”, explicó Rodríguez.
De esta manera, la salida de los cuatro funcionarios no sería una decisión aislada, sino parte del desmonte de la estructura administrativa de una cartera que se encuentra en proceso de liquidación.
Auditarán pagos y nóminas pendientes
Otro de los puntos anunciados por el liquidador tiene que ver con las cuentas pendientes que dejó la entidad.
Según Rodríguez, las obligaciones generadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán sometidas a revisión antes de autorizar cualquier desembolso.
“Las obligaciones y nóminas pendientes causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán auditadas una por una para desembolsar únicamente lo que cuente con estricto sustento jurídico y laboral”, señaló el funcionario.
La decisión implica que los compromisos pendientes durante ese periodo deberán demostrar su soporte jurídico y laboral antes de que se autoricen los respectivos pagos.
Gobierno pone la lupa sobre FonIgualdad
La liquidación también llegará al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), uno de los instrumentos creados para financiar programas asociados a las funciones del Ministerio.
Rodríguez anunció que el Gobierno asumirá un control estricto sobre el fondo con el propósito de revisar lo que calificó como supuestas “nóminas paralelas” y buscar la recuperación de cerca de $200.000 millones.
De acuerdo con el liquidador, esos recursos son necesarios para atender prioridades del Gobierno, entre ellas la emergencia económica y la atención de las víctimas del terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.
¿Por qué está siendo liquidado el Ministerio de Igualdad?
El Ministerio de Igualdad y Equidad fue una de las principales apuestas institucionales del Gobierno de Gustavo Petro y comenzó a operar durante su administración.
Sin embargo, su creación sufrió un revés jurídico. La Corte Constitucional declaró inexequible en 2024 la Ley 2281 de 2023, mediante la cual había sido creada la cartera, tras encontrar vicios en su trámite legislativo relacionados con el análisis del impacto fiscal. La Corte difirió los efectos de la decisión para evitar un vacío institucional inmediato y permitir una transición.
El proceso de cierre ha estado acompañado de cuestionamientos por la ejecución presupuestal, la contratación y el tamaño de la estructura administrativa que permanecía vigente mientras avanzaba la liquidación.
Ahora, Rodríguez sostiene que el proceso deberá ir más allá del simple cierre administrativo y que las posibles irregularidades encontradas serán trasladadas a las autoridades correspondientes.
Denuncias ante organismos de control
Uno de los anuncios más relevantes es precisamente la radicación de denuncias ante los organismos de control por posibles detrimentos patrimoniales.
Por ahora, los señalamientos formulados por el liquidador corresponden a denuncias y hallazgos que deberán ser verificados por las autoridades competentes. La existencia de eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales tendrá que ser determinada dentro de las investigaciones que lleguen a abrirse.
Con la salida de los cuatro viceministros y la orden de suprimir la estructura viceministerial, el Gobierno acelera así el desmonte definitivo del Ministerio de Igualdad, mientras abre un nuevo capítulo sobre el manejo de los recursos y contratos que quedaron pendientes de la administración anterior.