El presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio de operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía para identificar, expulsar y deportar a extranjeros involucrados en actividades delictivas y a quienes permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria. La medida abre un intenso debate sobre seguridad, derechos humanos y capacidad institucional.
«Primero los colombianos»: la orden presidencial
Durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella instruyó a Migración Colombia y a la Policía Nacional para poner en marcha, desde esta misma semana, operativos de control migratorio en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Según explicó, la prioridad será ubicar a extranjeros que estén involucrados en actividades delictivas y posteriormente a quienes se encuentren en condición migratoria irregular.
«No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos«, afirmó el mandatario al presentar la medida, que hace parte de su nueva estrategia de seguridad nacional.
De La Espriella aseguró además que los migrantes en condición irregular deberán ser sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y que, cuando proceda legalmente, serán deportados. «No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos», señaló.
Una medida ligada a la estrategia de seguridad
La decisión se produjo en medio de una ofensiva gubernamental contra la criminalidad, especialmente contra delitos como la extorsión, el homicidio, el hurto y las estructuras del crimen organizado que operan en varias regiones del país. El Gobierno también anunció la creación de un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión, el fortalecimiento de redes de cooperantes y nuevos sistemas de recompensas para capturar delincuentes.
Para la administración De La Espriella, la política migratoria estará estrechamente vinculada a la recuperación de la seguridad ciudadana, uno de los principales ejes de gobierno.
El desafío de Migración Colombia
Sin embargo, la implementación de la medida plantea importantes retos operativos. Expertos y fuentes consultadas por distintos medios advierten que Migración Colombia deberá fortalecer su infraestructura, ampliar los espacios de atención temporal para personas sujetas a procesos de expulsión y mejorar la coordinación con autoridades locales y organismos de seguridad.
Además, las autoridades deberán diferenciar claramente entre quienes han cometido delitos y quienes simplemente presentan irregularidades administrativas relacionadas con su estatus migratorio, ya que la legislación colombiana establece procedimientos distintos para cada caso.
Las cifras de la migración en Colombia
El anuncio ocurre en un momento en que Colombia continúa siendo el principal receptor de migrantes venezolanos en América Latina. De acuerdo con datos citados por diversos medios, el país alberga aproximadamente 2,84 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales cerca del 82 % se encuentra en condición migratoria regular, mientras alrededor de 500.000 permanecen en situación irregular.
Otras estimaciones señalan que, con corte a junio de 2026, cerca de 847.000 venezolanos podrían estar en situación migratoria irregular o en procesos pendientes de regularización, incluyendo aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes, considerados población de especial protección constitucional.
Preocupación por posibles efectos sobre la población migrante
La orden presidencial también generó cuestionamientos desde sectores académicos y organizaciones dedicadas al estudio del fenómeno migratorio. Analistas advierten que asociar migración y criminalidad podría incentivar actos de discriminación o xenofobia contra comunidades extranjeras, especialmente contra la población venezolana.
Especialistas han insistido en que la migración irregular constituye una situación administrativa y no un delito en sí mismo, por lo que consideran necesario mantener una diferenciación clara entre las acciones contra estructuras criminales y las políticas de regularización migratoria.
Lo que viene
Mientras el Gobierno prepara el despliegue de los operativos, Migración Colombia tendrá que responder al reto de ejecutar una política que combina control migratorio, seguridad ciudadana y procedimientos administrativos complejos. Las primeras acciones comenzarán en Barranquilla, pero el Ejecutivo no descarta extenderlas a otras regiones del país si los resultados son positivos.
La discusión apenas comienza y marcará uno de los debates más sensibles de la nueva administración: cómo enfrentar la migración irregular sin afectar los derechos de millones de extranjeros que hoy residen legalmente en Colombia.