Cinco años después de la muerte de la abogada Laura Patricia Espinosa Barrero, la justicia colombiana declaró penalmente responsables a un cirujano maxilofacial y a un anestesiólogo por las decisiones médicas que rodearon una cirugía practicada durante uno de los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19 en Bogotá.
El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, a cargo del juez Óscar Andrés Gómez Cristancho, condenó a David Santiago Martínez Laverde, cirujano maxilofacial, y a Luis Fernando Ortiz Laverde, anestesiólogo, como coautores del delito de homicidio culposo, tras determinar que incurrieron en una infracción al deber objetivo de cuidado que terminó contribuyendo a la muerte de la paciente.
¿Quién era Laura Espinosa Barrero?
Laura Patricia Espinosa Barrero era una abogada que llevaba una vida normal y activa. Desde 2013 había sido diagnosticada con una hiperplasia condilar derecha, una alteración que provoca el crecimiento anormal de una parte de la mandíbula y que genera asimetría facial.
De acuerdo con el expediente judicial, la condición era controlada desde hacía años por una odontóloga especialista, familiar de la víctima, y aunque la desviación mandibular continuaba avanzando, Laura no presentaba limitaciones significativas para hablar, alimentarse o realizar sus actividades cotidianas.
En 2020 decidió someterse a una cirugía correctiva definitiva y comenzó el proceso de valoración con especialistas.
La cirugía que desencadenó la tragedia
El 9 de junio de 2021, Laura ingresó a la Clínica Mediport, en el norte de Bogotá, para practicarse una compleja cirugía ortognática que incluía osteotomías de mandíbula y mentón con fijación interna.
La intervención fue realizada por el cirujano maxilofacial David Santiago Martínez Laverde, mientras que el manejo anestésico estuvo a cargo de Luis Fernando Ortiz Laverde.
Sin embargo, la operación se desarrolló en un contexto extraordinario. En ese momento estaba vigente el Decreto 199 del 4 de junio de 2021, expedido por la Alcaldía de Bogotá durante la segunda ola del Covid-19, el cual ordenaba la suspensión de procedimientos quirúrgicos electivos y no urgentes para preservar la disponibilidad de camas UCI, oxígeno medicinal y ambulancias medicalizadas.
Para la Fiscalía, la intervención practicada a Laura era una cirugía programada y no urgente, por lo que no debía haberse realizado bajo las restricciones sanitarias vigentes.
La complicación médica
La cirugía comenzó hacia las 7:45 de la mañana y concluyó cerca del mediodía.
Según la reconstrucción realizada durante el juicio, las primeras horas posteriores a la operación transcurrieron sin que se reportaran anomalías relevantes. Sin embargo, alrededor de las 3:50 de la tarde se detectó una grave complicación neurológica.
Laura había sufrido un trombo en la arteria carótida, situación que posteriormente fue asociada a la manipulación ósea realizada durante el procedimiento quirúrgico.
A partir de ese momento comenzó una carrera contra el tiempo para trasladarla a una institución de mayor complejidad.
La demora que resultó determinante
El fallo judicial señala que la situación sanitaria de la ciudad dificultó la atención inmediata de la paciente.
En plena emergencia por Covid-19 no existía disponibilidad inmediata de una cama de cuidados intensivos ni de una ambulancia medicalizada para realizar el traslado urgente.
La familia de Laura fue la que finalmente logró gestionar un cupo hospitalario y conseguir los recursos necesarios para trasladarla a otro centro asistencial.
Aunque la complicación se detectó hacia las 3:50 p.m., Laura solo ingresó a la Clínica Los Cobos alrededor de las 8:00 p.m., más de cuatro horas después.
Para el juez, ese retraso resultó determinante porque impidió actuar dentro de la denominada «ventana terapéutica», período crítico en el que las intervenciones médicas tienen mayores probabilidades de éxito.
Laura permaneció hospitalizada durante una semana y falleció el 16 de junio de 2021 debido al deterioro neurológico derivado de la trombosis.
El largo camino judicial
La investigación penal se prolongó durante varios años.
La imputación formal contra los dos médicos se realizó en mayo de 2023 y la acusación fue presentada en septiembre del mismo año.
Posteriormente se desarrolló un juicio oral que incluyó peritajes médicos, testimonios de especialistas y una intensa controversia sobre la admisión de la historia clínica de la víctima como prueba.
Uno de los elementos que tuvo relevancia durante el proceso fueron videos grabados por la propia Laura pocas semanas antes de la cirugía. Según la representación de las víctimas, esas imágenes mostraban a la abogada hablando con normalidad, lo que habría contradicho algunos de los argumentos utilizados para presentar el procedimiento como prioritario.
Los argumentos del juez
En su sentencia, el juez concluyó que ambos profesionales mantenían una posición de garantía frente a la paciente y que sus actuaciones contribuyeron a la materialización del resultado fatal.
La decisión judicial establece que el cirujano creó un riesgo jurídicamente desaprobado al realizar una cirugía que, según la interpretación del despacho, estaba prohibida por las restricciones sanitarias vigentes.
Respecto del anestesiólogo, el fallo señala que incurrió en una omisión al no actuar con la diligencia requerida frente a la complicación neurológica que presentó la paciente.
El despacho también destacó que la familia de Laura tuvo que asumir gestiones que correspondían al personal médico y asistencial, como la búsqueda de una ambulancia medicalizada y de una unidad de cuidados intensivos disponible.
La condena
Como resultado del proceso, el juzgado condenó a David Santiago Martínez Laverde y Luis Fernando Ortiz Laverde a:
- 32 meses de prisión.
- Multa equivalente a 26,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena.
- Inhabilitación para ejercer sus profesiones por el mismo periodo.
La condena corresponde al mínimo previsto dentro del rango de penas contemplado por la legislación para el delito de homicidio culposo.
Un caso que reabre el debate sobre la atención médica en pandemia
La decisión judicial vuelve a poner en el centro de la discusión las dificultades que enfrentó el sistema de salud durante la emergencia sanitaria, especialmente en los momentos de mayor ocupación hospitalaria.
El caso también plantea interrogantes sobre la realización de procedimientos electivos durante periodos de restricción sanitaria y sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud frente a complicaciones que requieren una respuesta inmediata.
Cinco años después de la muerte de Laura Patricia Espinosa Barrero, la justicia concluyó que la combinación entre una cirugía practicada en un contexto de prohibición y la demora en la atención especializada terminó derivando en un desenlace fatal que hoy deja una condena penal contra los dos profesionales que participaron en el procedimiento.