Durante una reciente visita a Buenaventura, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente ante la alarmante situación de posible contaminación en el río Yurumanguí, uno de los principales afluentes de la ciudad portuaria.
La Defensora expresó su preocupación por el impacto que esta contaminación podría tener tanto en la salud de la población local como en el ecosistema de la región.
Desde principios de octubre, la comunidad ha reportado cambios visibles en el río, como alteraciones en su tonalidad, lo que ha suscitado inquietudes sobre la calidad del agua. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha llevado a cabo labores de verificación para identificar las causas de estos cambios, aunque persisten sospechas fundadas de que podrían estar relacionadas con actividades de minería ilegal en las cercanías del afluente, lo que tendría consecuencias graves para la salud pública y el medioambiente.
La Defensoría, a través de su regional Pacífico, ha alertado a la CVC sobre las denuncias de los pobladores, pero a pesar de las reiteradas solicitudes, aún no se ha hecho público ningún resultado de la inspección. En este contexto, la Defensora Marín insistió en la necesidad de que la CVC entregue un informe sobre la misión técnica realizada, así como de que indique a las autoridades territoriales las medidas a tomar para enfrentar la problemática que afecta al río Yurumanguí.
“De confirmarse la presencia de minería ilegal, estaríamos ante una verdadera tragedia. Este río ha sido defendido por la comunidad y ha permanecido libre de intervenciones mineras, siendo un recurso vital para la población. Es fundamental no solo por su uso, sino porque tenemos el deber de proteger y respetar nuestro ambiente natural”, destacó la Defensora Marín Ortiz.
Asimismo, la Defensora hizo un llamado enfático a todos los actores involucrados para que respeten las fuentes de agua y las riquezas hídricas del territorio.
“Es indispensable tomar medidas inmediatas para preservar el río y proteger los derechos de las comunidades, que están siendo directamente afectadas por lo que sería una crisis ambiental. El respeto y la defensa del medioambiente son esenciales para garantizar la vida y los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones”, subrayó.
La Defensoría del Pueblo se compromete a continuar monitoreando la situación y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades y la protección del medioambiente, en cumplimiento de su mandato constitucional.
