El escalofriante asesinato de ocho mujeres transgénero en Colombia ha desatado alarmas en todo el país, exigiendo una respuesta inmediata del gobierno para garantizar su seguridad y proteger sus vidas. Ante esta trágica situación, la Defensoría del Pueblo ha lanzado un enérgico llamado al Ministerio del Interior y a la Dirección LGBTIQ+, instándolos a actualizar la política pública LGBTI y asegurar la participación activa de la comunidad en su diseño, una medida vital para prevenir futuras tragedias.
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Estos crímenes atroces han dejado un doloroso rastro en regiones como el Valle del Cauca, Bogotá, Nariño y Tolima, donde mujeres como Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave y Luciana Román han perdido la vida a manos de la intolerancia y el prejuicio. La Defensoría del Pueblo, liderada por Carlos Camargo Assis, ha denunciado enérgicamente estos homicidios, subrayando la urgencia de proteger a la comunidad transgénero y erradicar la violencia que enfrentan diariamente.
La falta de acción gubernamental, especialmente en la reglamentación de la Mesa Nacional de Casos Urgentes y el Sistema Nacional de Participación LGBTIQ+, es motivo de grave preocupación. La Defensoría hace un llamado urgente para que estas medidas se implementen con celeridad, brindando así un marco de protección efectivo para las mujeres transgénero y otras personas de la comunidad LGBTIQ+.
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En un país donde la violencia y la discriminación persisten, es imperativo que todas las entidades actúen sin sesgos y se comprometan a proteger los derechos y la integridad de la población OSIGD-LGBTI. La Defensoría del Pueblo, junto con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, continuará presionando al gobierno y exigiendo justicia para las víctimas, mientras se trabaja incansablemente para construir un país más seguro y inclusivo para todos.
