La Fiscalía General de la Nación logró una nueva decisión judicial contra un exfuncionario de la Rama Judicial señalado de participar en un presunto entramado de corrupción que habría utilizado demandas irregulares para obtener millonarios embargos sobre mesadas pensionales en distintas regiones del país. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exjuez de Sasaima, Cundinamarca.
Según la investigación de la Fiscalía, el exfuncionario estaría vinculado a una organización que, presuntamente, manipulaba procesos judiciales relacionados con rentas vitalicias para obtener decisiones favorables en despachos que no tenían competencia territorial para conocer los casos. La red, de acuerdo con el ente acusador, habría estado integrada por notarios, jueces, servidores públicos y particulares.
La hipótesis de los investigadores señala que los involucrados presuntamente creaban títulos ejecutivos y promovían demandas en ciudades distintas a aquellas donde residían demandantes y demandados, con el objetivo de conseguir medidas cautelares sobre recursos de pensionados y posteriormente disponer de esos dineros.
La decisión judicial
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Guillermo Hernán Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.
Como resultado de las evidencias recopiladas durante la investigación, un juez adoptó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el exjuez, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Los millonarios procesos bajo sospecha
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el volumen de procesos tramitados por el despacho que estuvo bajo la dirección de Guillermo Hernán Burgos Rodríguez.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2020 y 2025 ese juzgado conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que actualmente es objeto de investigación.
El ente acusador sostiene que el entonces juez habría admitido demandas y pretensiones pese a no tener competencia territorial para hacerlo. Además, presuntamente ordenó embargos sobre mesadas pensionales y adoptó decisiones orientadas a mantener los recursos retenidos bajo la custodia del despacho judicial.
La investigación identifica al menos 21 procesos específicos en los que las decisiones judiciales habrían permitido embargar hasta el 50 % de las mesadas pensionales de las víctimas.
Como consecuencia de esas actuaciones, la Fiscalía calcula que habrían sido captados más de 1.150 millones de pesos, recursos cuyo destino final también forma parte de las investigaciones que continúan en curso.
El caso de una mujer de 82 años
Entre los expedientes analizados por la Fiscalía aparece el caso de una adulta mayor de 82 años, residente en Valledupar, Cesar.
Según la investigación, en 2022 la mujer atravesaba dificultades económicas y habría sido víctima de engaños para que firmara documentos en blanco.
Posteriormente, esos documentos habrían sido utilizados para promover una demanda ejecutiva dentro del esquema investigado.
La Fiscalía asegura que como resultado de ese proceso judicial irregular la víctima perdió aproximadamente 63 millones de pesos, dinero que fue retirado mediante decisiones derivadas de la actuación cuestionada.
Un pequeño municipio agrícola en el centro de la investigación
La investigación ha puesto los reflectores sobre Sasaima, un municipio en el noroccidente de Cundinamarca, reconocido principalmente por su vocación agrícola y turística.
Esta población cuenta con cerca de 20.000 habitantes y una economía basada en la producción de cítricos, café, caña panelera, plátano y otras actividades agropecuarias que constituyen la principal fuente de empleo para sus habitantes. Además, el municipio es un importante destino de descanso para visitantes de Bogotá debido a su clima cálido y su cercanía con la capital del país.
Fiscalía busca identificar a más involucrados
La investigación continúa para establecer el alcance total de la red y determinar la responsabilidad de otros presuntos participantes.
Las autoridades judiciales intentan esclarecer cómo operaba el esquema, quiénes se beneficiaron económicamente de los embargos y qué papel desempeñaron los distintos actores señalados dentro de la estructura investigada.
La Fiscalía sostiene que las presuntas irregularidades permitieron afectar el patrimonio de pensionados y personas en condición de vulnerabilidad mediante decisiones judiciales que, según las pruebas recopiladas hasta el momento, no habrían cumplido los requisitos legales exigidos.
