La exdirectora del DAPRE y exgerente del Fondo de Adaptación consiguió una decisión favorable del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó restablecer temporalmente su esquema de seguridad mientras se adelanta una nueva evaluación de riesgo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer de manera transitoria las medidas de protección de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y exgerente del Fondo de Adaptación.
La providencia judicial establece que la UNP deberá realizar, en un plazo máximo de 48 horas, un nuevo estudio de seguridad para determinar el nivel de riesgo actual de la exfuncionaria y definir el esquema de protección que requiere bajo sus circunstancias actuales.
La decisión se produjo después de que Rodríguez impugnara una tutela de primera instancia que había rechazado sus pretensiones. Al revisar el caso, el Tribunal concluyó que la valoración de riesgo no podía limitarse a las condiciones que existían cuando ejercía la gerencia del Fondo de Adaptación, sino que debía analizarse a partir de su situación presente, especialmente tras su salida del Gobierno Nacional.
La orden del Tribunal
En el fallo, los magistrados señalaron que la UNP deberá efectuar una nueva evaluación integral que tenga en cuenta que Rodríguez ya no ocupa cargos en la administración pública y que, según lo expuesto en el expediente, habría reportado amenazas durante su permanencia en el Gobierno.
Mientras se adelanta dicho procedimiento, el Tribunal dispuso que se reactiven las medidas de protección contempladas en la Resolución DGRP 003701 del 23 de abril de 2026, mediante la cual la UNP había reconocido la necesidad de protección especial para la entonces funcionaria.
La corporación judicial consideró que la medida es necesaria para garantizar los derechos fundamentales invocados por Rodríguez, evitando que quede expuesta a eventuales riesgos mientras se adopta una decisión definitiva sobre su nivel de seguridad.
Un antecedente de riesgo «extraordinario»
Uno de los elementos más relevantes del caso es que la propia UNP había determinado anteriormente que Angie Rodríguez enfrentaba un nivel de riesgo catalogado como «extraordinario», una de las categorías más altas dentro de los estudios de protección que realiza la entidad.
Durante el proceso judicial también se expusieron las amenazas que, según la exfuncionaria, recibió mientras hacía parte del Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, circunstancias que fueron valoradas por el Tribunal al momento de tomar la decisión.
La controversia surgió luego de que la UNP modificara el esquema de protección que tenía asignado Rodríguez, situación que la llevó a acudir a los jueces constitucionales para solicitar la protección de sus derechos.
El contexto político de su salida
La decisión judicial llega pocas semanas después de la salida de Angie Rodríguez del Fondo de Adaptación.
El pasado 31 de julio, la funcionaria fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro, poniendo fin a su gestión al frente de la entidad encargada de coordinar proyectos de reconstrucción y mitigación del riesgo en diferentes regiones del país.
Tras su desvinculación, Rodríguez concedió entrevistas a distintos medios de comunicación en las que denunció presuntas irregularidades al interior del Gobierno nacional. Sus declaraciones generaron un amplio debate político y respuestas de distintos sectores.
En medio de esa controversia, el entonces mandatario la calificó públicamente como una persona «manipuladora», profundizando la tensión política alrededor de las denuncias realizadas por la exfuncionaria.
La decisión del Tribunal no se pronuncia sobre dichas denuncias, pero sí reconoce la necesidad de revisar de manera actualizada las condiciones de seguridad de Rodríguez y garantizar su protección mientras se determina el nivel de riesgo al que está expuesta.
¿Quién es Angie Rodríguez?
Angie Lizeth Rodríguez Fajardo es una administradora pública que ocupó varios cargos de alta responsabilidad dentro del Gobierno nacional.
Durante la administración del presidente Gustavo Petro se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), entidad encargada de coordinar el funcionamiento administrativo de la Presidencia y apoyar la gestión del jefe de Estado.
Posteriormente fue designada como gerente del Fondo de Adaptación, organismo adscrito al Gobierno nacional responsable de ejecutar proyectos de infraestructura, reconstrucción y reducción del riesgo en zonas afectadas por desastres naturales y fenómenos climáticos.
Rodríguez ganó notoriedad pública en 2026 después de su salida del Gobierno, cuando denunció presuntas irregularidades administrativas y situaciones ocurridas durante su paso por la administración nacional. Sus declaraciones generaron repercusiones políticas y mediáticas que la ubicaron en el centro del debate público.
Ahora, con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, su situación de seguridad vuelve a ser objeto de atención institucional, mientras la UNP adelanta una nueva evaluación para determinar si mantiene, modifica o amplía las medidas de protección que deberá recibir en adelante.
