Transferencia de Tecnología a Productores Rurales: Seis Años sin Despegar, con Riesgo de Pérdida de Recursos

A pesar de llevar seis años en marcha como servicio público, la transferencia de tecnología a los pequeños productores rurales del país aún no ha arrancado del todo, generando riesgos significativos de pérdida de recursos, según un reciente estudio de la Contraloría General de la República (CGR).

El informe revela que, al mes de agosto de 2023, solo se había comprometido el 5,6% de los recursos presupuestales asignados al proyecto «Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria».

Esta baja ejecución pone en peligro la apropiación de fondos destinados a atender las necesidades de los productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).

El Servicio Público de Extensión Agropecuaria, establecido bajo la Ley 1876 de 2017, fue diseñado para reemplazar el antiguo modelo de asistencia técnica agropecuaria, proponiendo un enfoque más integral. Sin embargo, el estudio de la CGR indica que la implementación de este nuevo modelo aún no se ha materializado por completo.

El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, creado en 2020, no ha sido reglamentado ni puesto en operación, lo que impide su utilización por parte de los entes territoriales para financiar programas de asistencia técnica agropecuaria. Además, la CGR identifica deficiencias en la coordinación entre las entidades a nivel territorial, recayendo la mayor responsabilidad de la implementación en los municipios, que a menudo carecen de los recursos necesarios.

El informe también destaca que la extensión agropecuaria llega a destiempo y de manera intermitente. Un ejemplo ilustrativo es la asistencia agropecuaria que llega en noviembre para una cosecha que comenzó en julio, haciendo que el apoyo resulte ineficaz.

Los municipios de quinta y sexta categoría, los más necesitados, son los que menos reciben la extensión agropecuaria. Estos municipios, que concentran el 77,9% de la población con educación hasta básica primaria y el 82,7% de las Unidades de Protección Agropecuaria (UPA), enfrentan mayores dificultades para adoptar nuevos conocimientos e innovaciones en el sector.

La falta de un esquema de cofinanciación claro y la ausencia de un enfoque diferenciado según las capacidades de los municipios han profundizado las brechas entre municipios fuertes y débiles. El servicio de asistencia técnica no se ha adaptado a las necesidades específicas de cada región, lo que perpetúa las desigualdades.

El estudio de la CGR concluye que la ineficaz implementación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria ha impedido que los pequeños productores rurales aprovechen plenamente los recursos asignados. Además, la falta de desarrollo normativo y la deficiente coordinación entre las entidades han obstaculizado el avance del proyecto; la Contraloría recomienda una urgente reglamentación del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria y una mejora en los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles territoriales. Asimismo, sugiere adaptar el servicio de asistencia técnica a las capacidades y necesidades específicas de cada municipio para garantizar una distribución equitativa de los recursos y maximizar el impacto en las comunidades más vulnerables.