En Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión crucial en torno al proceso judicial del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, resolviendo un conflicto de competencias que había suscitado gran expectación tanto en los círculos judiciales como en la opinión pública. Mancuso, quien actualmente se encuentra en libertad bajo la figura de gestor de paz del gobierno, seguirá siendo procesado bajo la jurisdicción de Justicia y Paz, el tribunal creado para juzgar a los paramilitares desmovilizados tras los acuerdos de paz con estos grupos.
El Conflicto de Competencias
El conflicto de competencias surgió cuando Mancuso, tras su desmovilización, fue procesado por Justicia y Paz, pero posteriormente intentó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo creado en el marco del acuerdo de paz con las FARC en 2016.
La JEP aceptó de manera excepcional su sometimiento bajo la figura de «sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública», argumentando que sus acciones podrían ser enmarcadas en la lógica del conflicto armado. Sin embargo, la juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, señaló la existencia de un conflicto de competencias entre ambas jurisdicciones.
Este debate llegó finalmente a la Corte Constitucional, que debía decidir qué tribunal tenía la competencia para seguir juzgando a Mancuso.
La Decisión de la Corte
La Corte Constitucional, después de un minucioso análisis, determinó que la jurisdicción competente sobre el caso de Mancuso es Justicia y Paz. Este tribunal, creado específicamente para juzgar a los desmovilizados del paramilitarismo, es el que debe continuar con el proceso judicial contra Mancuso, a pesar de sus intentos de trasladar su caso a la JEP.
Mancuso: De Prisionero a Gestor de Paz
El ex paramilitar Salvatore Mancuso quedó en libertad el pasado 10 de julio, tras haber cumplido una condena por narcotráfico en Estados Unidos y regresar a Colombia, donde fue recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Su liberación fue posible gracias a su designación como gestor de paz por parte del gobierno, una figura que le permite actuar como intermediario en los procesos de paz y reconciliación.
Sin embargo, la decisión de la Corte subraya que, pese a su rol actual, Mancuso no está exento de rendir cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su caso en Justicia y Paz continuará, lo que podría implicar nuevas audiencias y decisiones sobre su situación legal.
Por su parte, el gobierno ha reiterado que la figura de gestor de paz no debe interpretarse como un perdón o una exoneración de responsabilidades, sino como un esfuerzo por incluir a antiguos actores armados en el proceso de construcción de paz, sin que esto implique la impunidad.
El caso de Mancuso, uno de los hombres más poderosos y temidos durante el auge del paramilitarismo en Colombia, seguirá siendo un tema de discusión.
