mayo 2, 2024

Procuraduría abrió investigación disciplinaria al Canciller Álvaro Leyva

Procuraduría abrió investigación disciplinaria al ministro de Relaciones Exteriores por presuntas irregularidades en suspensión de licitación de pasaportes

La Entidad investigará la actuación del ministro y el secretario general del Ministerio tras declarar desierto el proceso de licitación de expedición del documento.

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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.

El valor del contrato para Suministrar, prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como también el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de la visa colombiana es de $599.651.582.571  pesos colombianos

​​La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria.

De igual forma, la Entidad advirtióque posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
Como parte de su actuación disciplinaria, el Ente de controlsolicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Esta semana la Cancillería anunció que abrirá una nueva licitación para el contrato de pasaportes mientras se realiza el proceso  el Ministerio anunció que harán una contratación directa que se agoten los pasaportes.

El proceso inicial que se suspendió se abrió el 24 de mayo y en ese momento habían 11 empresas interesadas incluyendo Thomas Greg & Sons de Colombia S.A, la actual contratista que lleva 17 años con el contrato.

La mayoría de las empresas se retiraron del proceso y se quejaron porque las condiciones de la licitación supuestamente favorecían a un único oferente: Thomas Greg & Sons.

Finalmente, para la licitación solo se presentó Thomas Greg & Sons de Colombia S.A y la Cancillería declaró desierta la licitación, porque sólo había un oferente.