Procuraduría abrió indagación previa al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva por presunta omisión en aplicación de la Política Integral Migratoria, en medio de la creciente crisis migratoria en la frontera con Panamá por la población que intenta cruzar el peligroso Tapón del Darién.
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La indagación incluyó al viceministro de la cartera, al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y al viceministro Francisco Coy, por la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM), respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién.
Leyva y Coy deberán explicar a la Entidad las razones por las que, al parecer, no aplicaron la PIM a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, que pretenden atravesar la frontera entre Colombia y Panamá.
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De igual manera, tendrán que responder por qué supuestamente dejaron de implementar acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a quienes ingresaban al país por el oriente.
La crisis migratoria en esta región ha alcanzado proporciones críticas en los últimos meses, con miles de personas, en su mayoría de países vecinos, también africanos, asiaticos llegando a Colombia en busca de refugio y oportunidades económicas. El Tapón del Darién, una densa selva tropical que marca la frontera natural entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un peligroso paso para estos migrantes, quienes a menudo enfrentan condiciones extremadamente difíciles y riesgos para su vida durante la travesía.
La Sala de Instrucción Disciplinaria incluyó en el expediente al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango.
Según el Ministerio Público, los funcionarios habrían dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién y de realizar un control efectivo de la población migrante en los municipios previamente mencionados, hecho que podría ser un riesgo para la seguridad nacional.
Como parte de su actuación disciplinaria, el Ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
