El Gobierno Nacional declaró insubsistente a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo como gerente del Fondo Adaptación, una decisión que se produce en medio de una fuerte controversia jurídica y política, debido a que la exfuncionaria se encuentra con una incapacidad médica vigente, otorgada por un especialista en salud mental, que, según ha manifestado su defensa, se extiende hasta el 12 de agosto de 2026.
La salida de Rodríguez ocurre pocos días después de que denunciara presuntas irregularidades dentro del Gobierno Nacional, afirmara haber recibido amenazas contra su vida y sostuviera un enfrentamiento público con el presidente Gustavo Petro a través de la red social X.
La resolución de insubsistencia
De acuerdo con la información conocida, la decisión quedó formalizada mediante una resolución expedida por el Ministerio de Hacienda, cartera de la cual depende administrativamente el Fondo Adaptación, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Angie Rodríguez como gerente de la entidad.
Vale recordar que el pasado 27 de julio, el Ministerio de Hacienda había optado por no declarar insubsistente a Rodríguez y, en cambio, expidió la Resolución 1697 de 2026, mediante la cual encargó temporalmente a Javier Pava Sánchez como gerente del Fondo Adaptación, precisamente porque la funcionaria se encontraba en licencia por enfermedad.
La defensa de Angie Rodríguez, el abogado y exministro de justicia Wilson Ruíz, anunció que interpondrán una tutela para que la insubsistencia sea revertida y se garanticen sus derechos; además, mencionó que es una violación a sus derechos laborales, porque actualmente ella goza de estabilidad laboral reforzada, pues está incapacitada.
¿Se podía retirar del cargo estando incapacitada?
La decisión abrió un debate entre especialistas en derecho administrativo y laboral.
De acuerdo con expertos consultados en diferentes análisis jurídicos, la incapacidad médica no constituye un fuero absoluto que impida la desvinculación de un servidor público nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, advierten que cuando la incapacidad obedece a una condición de salud que pueda generar una situación de debilidad manifiesta, la administración debe motivar adecuadamente la decisión y respetar las garantías constitucionales del funcionario.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que las personas en condición de debilidad manifiesta pueden estar cobijadas por una protección reforzada frente a decisiones que impliquen su desvinculación, especialmente cuando esta tenga relación con su estado de salud. No obstante, esa protección no significa que toda declaratoria de insubsistencia sea automáticamente ilegal; cada caso debe analizarse según las circunstancias particulares, la naturaleza del cargo y la motivación del acto administrativo.
Por esa razón, serán los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa quienes eventualmente determinen si la decisión cumple los requisitos legales o si vulneró los derechos de la exfuncionaria.
Quién es Angie Rodríguez
Angie Lizeth Rodríguez es abogada y durante el actual Gobierno ocupó inicialmente la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
Posteriormente fue designada como gerente del Fondo Adaptación, entidad encargada de ejecutar proyectos de infraestructura para atender los efectos del cambio climático y fenómenos naturales.
Durante los últimos meses se convirtió en una de las voces más críticas del propio Gobierno al denunciar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Entre sus principales denuncias estuvo la oposición al traslado de cerca de 1,2 billones de pesos destinados a proyectos de recuperación de La Mojana hacia otras prioridades relacionadas con la emergencia por el fenómeno de El Niño, al considerar que dicho movimiento podría generar riesgos jurídicos y presupuestales.
Denuncias, amenazas y presunto envenenamiento
Rodríguez también aseguró públicamente haber recibido amenazas contra su vida y denunció un presunto atentado contra la vivienda de sus familiares.
En diferentes entrevistas afirmó, además, haber sido víctima de un presunto envenenamiento y responsabilizó a varios funcionarios del Gobierno por la situación de riesgo que, según sostiene, enfrenta actualmente.
Estas afirmaciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes y hacen parte de las investigaciones anunciadas por la propia exfuncionaria.
Reunión con el equipo del presidente electo
La ahora exgerente del Fondo Adaptación sostuvo recientemente una reunión con integrantes del equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella, encuentro que se produjo en medio de la crisis política generada por sus denuncias.
Tras esa reunión, el mandatario electo manifestó públicamente que garantizaría su seguridad y que las denuncias serían puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes para su verificación.
El enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro
La salida de Angie Rodríguez estuvo precedida por un duro intercambio de mensajes con el presidente Gustavo Petro.
El mandatario solicitó públicamente al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la funcionaria, calificándola como «incompetente» y asegurando que lamentaba haberla conocido. También cuestionó públicamente su estado de salud y afirmó que no le otorgaba credibilidad a sus denuncias.
Rodríguez respondió señalando que era víctima de acoso laboral y aseguró que el presidente se había convertido en su «mayor victimario». Además, reiteró sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción y sostuvo que su salida obedecía a las advertencias que venía realizando sobre el manejo de recursos públicos.
Lo que viene
La declaratoria de insubsistencia no pone fin a las investigaciones ni a las denuncias formuladas por la exfuncionaria.
En los próximos días podría conocerse si Angie Rodríguez interpone acciones judiciales para solicitar la nulidad del acto administrativo o medidas de protección derivadas de su estado de salud y de las amenazas que asegura haber recibido.
Paralelamente, continúan en curso las denuncias penales anunciadas tanto por Rodríguez como por el presidente Gustavo Petro, en una confrontación que escaló desde diferencias administrativas hasta convertirse en uno de los episodios más controvertidos del cierre del actual Gobierno.