La muerte de alias ‘Cholo’, considerado uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), desató una escalada de violencia en Santa Marta y el norte del país. Tras la quema de vehículos, amenazas a comerciantes, bloqueos y un paro armado de 48 horas, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó la militarización de la capital del Magdalena y anunció que encabezará personalmente las acciones de seguridad en la región.
La crisis de orden público que vive Santa Marta alcanzó uno de sus momentos más delicados en los últimos años luego de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, reaccionaran con una ofensiva violenta tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable de las finanzas de esa estructura criminal.
En respuesta a los hechos, el presidente Abelardo De La Espriella anunció este martes la militarización inmediata de Santa Marta, reforzando la presencia de tropas del Ejército y de la Policía Nacional en los puntos más críticos de la ciudad y del departamento del Magdalena.
“Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”, afirmó el mandatario al condenar los ataques que han alterado la vida cotidiana de miles de habitantes.
Un paro armado que paralizó la ciudad
La situación comenzó a agravarse después del operativo de la Fuerza Pública en la zona de Quebrada del Sol, área rural de Santa Marta, donde murieron siete integrantes de las ACSN y fueron capturados otros miembros de la organización, entre ellos alias ‘Cholo’.
Tras el golpe recibido, la estructura criminal anunció un paro armado de 48 horas, una medida de presión ilegal que buscaba restringir la movilidad y la actividad económica en distintos municipios del Magdalena y corredores estratégicos de la región Caribe.
Desde entonces comenzaron a registrarse múltiples acciones violentas que sembraron temor entre la población.
Las autoridades reportaron vehículos de transporte público incendiados en la Troncal del Caribe, una de las principales vías de conexión entre Magdalena y La Guajira. También se registró la quema de taxis, tractomulas y vehículos de carga en distintos puntos de Santa Marta.
Uno de los casos más graves ocurrió en la calle 30 de la ciudad, donde hombres armados obligaron a un conductor de taxi a descender de su vehículo antes de prenderle fuego. Situaciones similares se presentaron con una tractomula de una empresa de mensajería y con otros automotores de carga pesada en sectores como Mamatoco.
Además de los ataques contra vehículos, comerciantes denunciaron intimidaciones constantes por parte de hombres armados que se movilizaban en motocicletas y que presuntamente exigían el cierre de establecimientos comerciales y la suspensión de actividades económicas.
Temor entre comerciantes y transportadores
Los episodios de violencia generaron una fuerte afectación en la dinámica económica de Santa Marta.
Numerosos comerciantes decidieron cerrar sus negocios de manera preventiva ante las amenazas, mientras varias rutas de transporte público redujeron o suspendieron operaciones por miedo a nuevos ataques.
Los reportes de la comunidad también señalaron presencias intimidatorias en sectores como Cristo Rey, La Paz y otros barrios periféricos, donde grupos armados habrían intentado imponer el cumplimiento del paro armado mediante amenazas directas.
La situación provocó una drástica disminución de la movilidad urbana y un ambiente de incertidumbre que se extendió a municipios cercanos y a importantes corredores viales del departamento.
La respuesta del Gobierno
Frente al deterioro de la seguridad, el presidente De La Espriella ordenó desplegar todas las capacidades del Estado para recuperar el control territorial y garantizar la protección de la población civil.
Según informó el mandatario, ya fueron capturados cinco presuntos integrantes de las ACSN durante las operaciones recientes: tres en Santa Marta y dos más en Riohacha.
“Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde”, manifestó el jefe de Estado.
La orden incluye un aumento significativo del pie de fuerza, patrullajes permanentes en sectores urbanos y rurales, controles en corredores estratégicos y operaciones de inteligencia para identificar a los responsables de los actos violentos.
A la ofensiva terrestre se suma el apoyo aéreo mediante sobrevuelos de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, utilizados para monitorear sectores sensibles y fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades.
Puesto de Mando Unificado y medidas extraordinarias
Como parte de la estrategia para enfrentar la crisis, el Gobierno Nacional y las autoridades locales activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) encargado de coordinar las acciones de seguridad y de monitorear permanentemente la evolución del orden público.
Entre las medidas adoptadas también se encuentra la restricción temporal del parrillero en motocicletas dentro de Santa Marta, una decisión orientada a dificultar la movilidad de los responsables de las intimidaciones y ataques registrados en los últimos días.
Asimismo, algunas instituciones educativas suspendieron actividades presenciales en zonas consideradas de riesgo mientras se normaliza la situación.
Las autoridades mantienen vigilancia especial sobre la Troncal del Caribe y otros corredores estratégicos donde se han presentado bloqueos, ataques e incendios de vehículos.
Gobernación del Magdalena expresa preocupación
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, reconoció la gravedad de los hechos y aseguró que la situación genera una profunda preocupación para las autoridades regionales.
De acuerdo con la mandataria, más allá de posibles concentraciones masivas, el principal riesgo está en las acciones de intimidación que buscan generar terror psicológico entre la población.
“Lo que me preocupa es que estén en moto intimidando, generando terror y pánico. Eso es precisamente lo que no queremos”, manifestó.
La Gobernación anunció además la realización de un nuevo consejo de seguridad para evaluar el panorama y definir medidas adicionales que permitan fortalecer la presencia institucional y la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
Un desafío para la seguridad del Caribe
La ofensiva de las ACSN representa uno de los mayores desafíos recientes para la seguridad en la región Caribe. Esta estructura criminal ha sido señalada por las autoridades de mantener actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, control territorial y economías ilegales en zonas estratégicas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La muerte de alias ‘Cholo’ fue considerada un golpe significativo contra la organización. Sin embargo, los hechos posteriores dejaron en evidencia la capacidad de reacción de la estructura y su intención de mantener influencia mediante acciones de presión contra la población civil.
Mientras continúan los operativos para capturar a los responsables y restablecer completamente el orden público, el Gobierno busca enviar un mensaje de autoridad frente a los grupos ilegales que intentan desafiar al Estado.
Con la militarización de Santa Marta y la presencia anunciada del presidente en la región, las autoridades esperan contener la escalada violenta y devolver la tranquilidad a una ciudad que permanece en máxima alerta ante una de las crisis de seguridad más complejas de los últimos años.