El uso ilegal de teléfonos celulares dentro de los centros penitenciarios volvió a encender las alarmas en Colombia. En medio de la creciente preocupación por las extorsiones coordinadas desde las cárceles, el Gobierno presentó una nueva batería de medidas que incluye el fortalecimiento de inhibidores de señal, traslados de internos de alta peligrosidad, requisas reforzadas y restricciones para evitar la recarga de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios.
La estrategia fue presentada durante un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, expusieron las acciones que buscan cerrar uno de los principales canales utilizados por estructuras criminales para seguir delinquiendo desde prisión.
Según el Gobierno, el objetivo es impedir que las cárceles continúen funcionando como centros de operación para delitos como la extorsión, las amenazas, el cobro de rentas ilegales y la coordinación de actividades criminales en distintas regiones del país.
La extorsión, el principal blanco de la estrategia
Durante su intervención, el ministro de Justicia explicó que una de las medidas que ha mostrado mejores resultados es el traslado de reclusos considerados de alta peligrosidad hacia centros penitenciarios con mayores controles y restricciones.
Cancino aseguró que esta estrategia ya ha dejado resultados significativos en ciudades como Barranquilla, donde las autoridades han identificado una disminución de las actividades criminales asociadas a organizaciones que operaban desde los centros de reclusión.
De acuerdo con el funcionario, los traslados han contribuido a una reducción superior al 63 % de los indicadores de violencia relacionados con estructuras criminales y han dificultado que los internos mantengan contacto con organizaciones delictivas en el exterior.
«Estamos actuando directamente sobre quienes continúan ejerciendo control criminal desde los establecimientos penitenciarios. Los resultados muestran que cuando se incrementan las medidas de aislamiento y control, disminuye la capacidad de coordinación de estas estructuras«, señaló el ministro.
Más controles dentro y fuera de las cárceles
La nueva ofensiva contempla un esquema de vigilancia más estricto que combina acciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con operativos de la Policía Nacional.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la implementación de una doble requisa. La primera se realizará de manera permanente dentro de los centros penitenciarios para detectar celulares, cargadores, tarjetas SIM y otros elementos prohibidos.
La segunda se ejecutará en los accesos y zonas externas mediante controles policiales destinados a impedir el ingreso de equipos tecnológicos y el apoyo logístico a las estructuras delincuenciales que operan desde prisión.
Las autoridades señalaron que el propósito es cerrar los canales utilizados para introducir dispositivos móviles a los establecimientos penitenciarios y reforzar la seguridad en los entornos cercanos a las cárceles.
Inhibidores y bloqueo de señales, bajo revisión
Uno de los aspectos que más preocupación genera al Gobierno es el funcionamiento irregular de los inhibidores de señal instalados en varios centros penitenciarios del país.
La ministra TIC, Alexandra Falla, reveló que las inspecciones realizadas por la cartera han evidenciado que estos sistemas funcionan adecuadamente durante las visitas de verificación, pero posteriormente presentan fallas o dejan de operar de manera efectiva.
La situación ha llevado al Ejecutivo a reforzar la coordinación con el Ministerio de Justicia, el Inpec, los grupos Gaula y las empresas operadoras de telecomunicaciones con el fin de agilizar los bloqueos de señal y reducir la capacidad de comunicación ilegal desde las cárceles.
El Gobierno anunció además la realización de mesas de trabajo semanales para monitorear los avances y evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
La meta es reducir al mínimo los tiempos de reacción cuando se detecten llamadas o comunicaciones vinculadas con casos de extorsión.
Cárceles más aisladas y nuevas restricciones tecnológicas
Dentro de las propuestas que estudia el Ejecutivo también se encuentra la construcción futura de establecimientos penitenciarios en zonas más alejadas de los principales centros urbanos.
Según el Ministerio de Justicia, esta medida buscaría dificultar la instalación de antenas repetidoras ilegales y reducir las posibilidades de conectividad para quienes intentan operar actividades criminales desde el interior de los centros de reclusión.
Paralelamente, el Gobierno analiza decisiones adicionales para reducir las opciones de carga y funcionamiento de dispositivos móviles dentro de las celdas.
Entre las alternativas evaluadas se encuentran modificaciones en los sistemas eléctricos y cambios en la infraestructura de iluminación con el propósito de limitar las fuentes de energía utilizadas para recargar teléfonos celulares.
Las autoridades aclararon que estas medidas hacen parte de una evaluación técnica y que aún se estudia la manera de implementarlas sin afectar las condiciones básicas de los establecimientos penitenciarios.
WhatsApp y redes sociales, bajo la lupa
Otra de las preocupaciones expresadas por el Gobierno es el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para cometer delitos desde prisión.
La ministra Falla confirmó que el Ejecutivo busca abrir canales de trabajo con la compañía Meta, propietaria de WhatsApp, con el fin de explorar mecanismos que permitan enfrentar el uso de esta plataforma en actividades relacionadas con extorsiones y otros delitos.
Aunque no se han anunciado acciones concretas, el Gobierno considera que la cooperación tecnológica será clave para identificar patrones de comunicación utilizados por organizaciones criminales y fortalecer las investigaciones judiciales.
Un problema que persiste en el sistema penitenciario
Las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de celulares continúa siendo uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario colombiano.
Pese a los operativos permanentes, durante las requisas siguen siendo encontrados teléfonos inteligentes, tarjetas SIM, cargadores, módems y otros equipos que facilitan la comunicación de internos con redes criminales externas.
Por esta razón, el Ejecutivo apuesta por una estrategia integral que combine tecnología, control operativo, inteligencia, traslados de internos y mayor articulación institucional.
La intención es evitar que las cárceles sigan siendo utilizadas como centros de coordinación delictiva y frenar especialmente las extorsiones, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos en distintas regiones del país.
Con el paquete de medidas presentado ante el Congreso, el Gobierno busca enviar una señal de endurecimiento frente a las organizaciones criminales que continúan operando desde prisión y recuperar el control efectivo de las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.