La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.
Representante Legal de la EPS Sanitas pide investigar disciplinariamente a funcionarios de la SuperSalud que ordenaron la intervención de la EPS.
Califica como arbitraria la decisión en contra de Sanitas que tiene 5.9 millones de afiliados.
La Superintendencia Nacional de Salud informó que efectuó «la intervención administrativa de la EPS Sanitas, y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados».
A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras»: SuperSalud
El agente interventor designado por la SuperSalud para la EPS Sanitas es Duver Dicson Vargas Rojas, quien ha sido agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López y subgerente de los hospitales de Villavicencio y Guaviare. Hoy mismo tomó posesión ante el Superintendente de Salud.
Y agregó la SuperSalud que » es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.
Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada».
