La reciente aprobación del proyecto de reforma política y electoral en la Cámara de Representantes, en su segundo de ocho debates, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, promete marcar un hito en la historia electoral de Colombia. Tras más de 13 horas de discusión en la Cámara baja, con 90 votos a favor y 16 en contra, se aprobaron artículos en temas como la financiación de las campañas, la composición de listas cremallera cerradas y bloqueadas, y la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el impacto de estos cambios sobre la democracia colombiana y el equilibrio de poderes sigue siendo un tema de debate profundo.
Uno de los puntos más llamativos de la reforma es justamente la financiación pública total de las campañas electorales. Con la intención de evitar la financiación irregular y las desigualdades entre candidatos, el gobierno plantea que todas las campañas a cargos de elección popular, ya sean locales, territoriales o nacionales, sean financiadas exclusivamente por el Estado; óigase bien, Exclusivamente por el Estado. Si bien la medida tiene una finalidad plausible, en tanto busca democratizar el acceso a la política, el hecho de que no se haya presentado un plan claro sobre como se financiaran estos recursos, genera inquietud. ¿De donde saldrán los fondos? Si no se asegura una fuente estable y sostenible de financiación, la reforma podría dejar al país en una situación precaria, donde las decisiones sobre las elecciones, queden en manos del Ministro de Hacienda de turno.
Sumémosle a esto una realidad que hemos denunciado. Si no se le garantizan a la oposición los espacios en los medios de comunicación social del Estado para ejercer justamente la Oposición, por parte del Gobierno del Presidente Petro, ¿será que dicha Oposición podría tener garantías de contar con la financiación de las campañas de sus candidatos, cuando justamente el Gobierno puede manipular la entrega oportuna de dichos recursos justamente para reducir a la Oposición a su mínima expresión?
Otro de los elementos fundamentales de la reforma, es la implementación obligatoria de listas cremallera, cerradas y bloqueadas. Con este sistema se busca garantizar una representación equitativa entre hombres y mujeres, algo que, aunque loable en principio, también deja en el aire la pregunta de si este enfoque realmente fomentará una política más plural y representativa, o, por el contrario terminará siendo una imposición artificial que ignora las dinámicas reales de la política local y regional especialmente. A su favor, esta medida busca garantizar la paridad y alternancia en la conformación de las listas, lo cual podría ser un paso positivo en términos de inclusión. Sin embargo, no son pocos los críticos que afirman que en lugar de incentivar la meritocracia política, podría terminar beneficiando a aquellos que simplemente se ajusten a una norma cuantitativa de género.
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El cambio en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, también merece especial atención. Conforme al proyecto aprobado en segundo debate, los magistrados serian elegidos por el Congreso de la República, pero no a partir de la postulación discrecional y libre que en la actualidad hacen los partidos políticos, sino teniendo en consideración el proceso previo de selección y conformación de la lista de elegibles adelantada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La propuesta tiene como mínimo dos aspectos problemáticos. Sigue siendo el Congreso de la República quien termina escogiendo a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, valga decir, Magistrados estos, que investigarán y vigilarán el proceder político especialmente en campaña electoral de quienes los eligen; adicionalmente, se le entrega una nueva facultad electoral a las altas cortes, cuando muchos lo que consideran, es que deben suprimirse las que ya tienen, para que se dediquen exclusivamente a administrar justicia. La exigencia adicional de que los postulados sean abogados y tengan un posgrado en derecho electoral o áreas afines, pareciere que no resuelve las problemáticas que subsisten.
Otro punto que ha generado polémica es el nuevo umbral electoral para formar coaliciones, que aumentará del 15% al 30%. Este cambio, que afecta principalmente a los partidos
pequeños y a las coaliciones que intentan presentar una alternativa a los partidos tradicionales, podría tener un efecto negativo sobre la pluralidad política en Colombia. En un contexto en el que los electores exigen más representatividad, esta medida podría ser vista como un retroceso.
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La reforma política también modifica los criterios para otorgar personería jurídica a los movimientos políticos, flexibilizando los requisitos, lo que podría facilitar el surgimiento y proliferación de nuevas agrupaciones políticas. Si bien esto abre la puerta a mayor pluralidad, la exigencia de alcanzar ciertos umbrales mínimos, hoy vigente, constituye un presupuesto para el fortalecimiento de los partidos serios, impidiendo, que algunos de ellos, lejos de principios e ideologías, se conviertan en simples fábricas de avales, con todo, los fenómenos de corrupción que ello trae consigo.
En conclusión, la reforma política aprobada en el Congreso de la República, lejos está de resolver las problemáticas de nuestro sistema político y electoral, que definitivamente demandan cambios estructurales que no se resuelven con el proyecto en curso, y si se quiere, si se profundizan, con un gobierno que además de desconfianza para los sectores políticos, genera más incertidumbres que certezas. Si bien algunas de sus medidas, como la paridad de género y la financiación estatal de las campañas, podrían ser bien recibidas por muchos sectores de la sociedad, otras como la limitación a las coaliciones, la restricción a los grupos significativos de personas y los ajustes cosméticos al Consejo Nacional Electoral, que en alguno de los seis debates posteriores, puede terminar quitándole competencias al Consejo Nacional Electoral, como la de investigar la campaña del actual Presidente Gustavo Petro que se adelanta, son vistas con reservas, por su posible impacto negativo en la democracia y en la representación de las minorías.
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En última instancia, la verdadera prueba de esta reforma, estaría en su implementación una vez entre a regir en las próximas elecciones, según se disponga, de llegar a ser aprobada en los debates restantes. Si los ciudadanos, sienten que su voz está realmente representada y no coartada por un sistema que en últimas termina ignorándolos, con sofisticadas figuras que anulan la participación real y efectiva, podremos hablar de una reforma exitosa. Si no, esta reforma podría ser vista como un parche más a un sistema político que sigue careciendo de la profundidad democrática que tanto se necesita.
