Meterle la mano a la Constitución con el pretexto de abordar ciertos temas, es el perfecto pretexto para luego, en el camino, abordar otros, que legitimen por ejemplo al gobernante de turno, para reelegirse, en un País, donde la reelección está expresamente prohibida, o para prolongar el periodo presidencial, más allá de los 4 años establecidos, en el ordenamiento Constitucional.
Claramente el Presidente Gustavo Petro que se ha declarado víctima de un presunto golpe blando, lo que quiere, es dar un autogolpe. Romper la institucionalidad como siempre quiso hacerlo cuando era integrante del M-19. Lo grave es que se trata ya no de quien fungió como guerrillero; estamos hablando del Presidente del Estado Colombiano; Estado que por cierto lo perdonó y que a través del pueblo le dio la oportunidad de llegar al poder, no por la vía de las armas, sino a través de las urnas.
La Constitución vigente, no es un catálogo rígido o pétreo; pero tampoco es un instrumento maleable según la voluntad del gobernante de turno. Claramente puede ser objeto de ajustes o modificaciones, pero ello debe hacerse, conforme a los mecanismos de reforma, que la propia Ley de Leyes prevé en su último capítulo. Dicho de otra manera, aún el disparate de la reelección o de la extensión del periodo, si es que un Presidente en ejercicio de funciones desea plantearlo, debe tramitarlo a través de los mecanismos previamente establecidos en la propia Constitución. Permitir dichos procedimientos a iniciativa del Gobierno, es ni más ni menos, que un autogolpe, al estilo Fujimori.
Claramente un Presidente y un Gobierno, que carecen de popularidad, y que no cuenta con las mayorías calificadas en el Senado de la República y/o en la Cámara de Representantes para lograr la aprobación de sus reformas, no lograría jamás, la aprobación de una Reforma Constitucional, la cual, como se sabe, solo puede hacerse a través de tres caminos como, acto legislativo, referendo y asamblea constituyente, que requieren en todo caso, la participación exclusiva en el primer evento, o por lo menos previa y concurrente en los dos últimos, del Congreso de la República.
Esta realidad política, fue la que condujo premeditadamente al Presidente Petro, a declarar el pasado 14 de mayo, que el Estado Colombiano habría incumplido el Acuerdo de Paz suscrito con la FARC-EP, y que así tendría que reconocerlo ante la ONU. Pero no se trató de una espontánea ocurrencia. La inexplicable afirmación hecha por el Jefe de Estado quien debe velar por el cumplimiento de lo firmado con el mencionado grupo Guerrillero, fue una afirmación temeraria, aleve y premeditada, que hacía parte de una coartada, en la cual intervendría luego el excanciller Álvaro Leyva Durán, con su exótica e indefensable tesis, del tal “Acuerdo Nacional”, que se apoya en un párrafo del Acuerdo con las Farc que dice que para consolidar aún más las bases de la paz “se convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional. Para Leyva, ese acuerdo político equivale a una Asamblea Constituyente, y como una resolución de la ONU avaló el Acuerdo de Paz, eso prima sobre el mecanismo establecido en la Constitución porque entra al bloque de constitucionalidad.
En la misma línea, el Exfiscal y Exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, sostiene la tesis que el denominado “Acuerdo”, debe entenderse como “Acuerdo Especial” el cual por su naturaleza haría parte del bloque de constitucionalidad como los tratados de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que entran al ordenamiento jurídico de manera automática, lo que justificaría que el Presidente de la República hiciese lo necesario para hacer cumplir el acuerdo, léase, convocar incluso a una Constituyente vía decreto.
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Las voces de rechazo frente a la temeraria idea no se hicieron esperar; personalidades como De la Calle Lombana y Sergio Jaramillo representantes del Gobierno de la época en la mesa de negociación; como también, el excomandante de las FARC y hoy Presidente del Partido Comunes Rodrigo Londoño, tomaron franca distancia de la idea. Y es que el Acuerdo de Paz, antes de habilitar una convocatoria de una Asamblea Constituyente se opone francamente a ello. De hecho, la constituyente fue una línea roja en la discusión del acuerdo, sin que se pueda deducir de la expresión “Acuerdo Nacional” contenida en el texto firmado, que ello es sinónimo de constituyente. De hecho, tanto en la Sentencia C-379 de 2016 sobre la ley estatutaria que regula el plebiscito especial para la paz; como en la que se declaró inhibida para pronunciarse sobre una demanda contra el Acuerdo de Paz por no estar contenido en una Ley de la República; como en la Sentencia C-630 de 2017 que le hizo control al Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte Constitucional fue enfática en precisar que “los acuerdos que se celebran en desarrollo de un proceso de paz son de naturaleza política”, con lo cual, la tesis de Leyva y Montealegre, se caen de su piso, no siendo legítimo convocar una Constituyente al estilo Venezolano y Chavista, saltándose al Congreso de la República, donde el Presidente Petro, designaría dictatorialmente los delegados que se encargarían de discutir y debatir los temas correspondientes.
Pero como si de realismo mágico se tratará, este desgobierno se empecina en impulsar estas tesis fantasiosas, que resultan no solo preocupando a la opinión pública, sino también afectando la economía, por cuanto la inestabilidad jurídica, espanta la inversión, y dispara la fuga de capitales. Y mientras por un lado la Senadora Isabel Zuleta y el Representante David Racero, ambos del Pacto Histórico alientan la idea de la reelección o de la ampliación del periodo respectivamente; el Presidente Petro como quien tira la piedra y esconde la mano, sale a los medios de comunicación a negar la paternidad y/o crianza de tal engendro; diciendo que no ha dicho, lo que sí ha dicho, desmarcándose con una presunta inocencia para nada creíble, de lo que sus áulicos, de manera coordinada, concertada, premeditada y temeraria vienen ambientando en los diferentes escenarios.
Es importante resaltar, que la excusa de que los cuatro (4)años no son suficientes porque no lo han dejado gobernar, no corresponde a la realidad. Basta con recordar que el Congreso le aprobó por ejemplo el Plan de Desarrollo, la Reforma Tributaria, la Ley de Paz Total y los Presupuestos para las vigencias 2023 y 2024 entre otros instrumentos normativos; y que la Reforma a la Salud que se archivó, finalmente viene siendo implementada a las malas, vía intervenciones injustificadas de algunas EPS, o a través de la asfixia financiera a otras, como Compensar y recientemente Sura. Como quien dice, si han podido gobernar y hasta desgobernar, implementando como se anunció en el sector salud, el famoso Chu Chu Chu, reflejado en la falta de ajuste de la UPC y en la desatención de decisiones proferidas por la Corte Constitucional.
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¿Quiénes entonces no los han dejado Gobernar? El Congreso de la República? La Corte Constitucional y/o el Consejo de Estado? ¿O no será acaso, los escándalos de corrupción del mismo gobierno y la inexperiencia e incapacidad que los ha llevado a dejar de ejecutar el Presupuesto General de la Nación, con niveles de Subejecución, por encima del promedio de los Gobiernos anteriores?
Y mientras para algunos, lo que el Gobierno Nacional pretende de manera infundada e irresponsable con el embeleco de la Constituyente, es extender una cortina humo sobre la opinión pública Nacional, para camuflar los escándalos de corrupción que involucran tanto a la familia presidencial como a la UNGRD entre otras entidades, lo cierto del caso es que la economía se marchita, el desempleo pulula, las masacres aumentan, y la inseguridad poco a poco nos arrincona y nos vuelve prisioneros sin barrotes en nuestras propias ciudades que fungen como cárceles.
Queda claro que el inquilino de la Casa de Nariño, sigue combinando todas las formas de lucha; cuando no puede obtener la voluntad de otros poderes legítimamente constituidos por el camino de la persuasión, procura corromperlo; y si esta técnica no resulta suficiente, intenta subvertir, el ordenamiento jurídico vigente, para imponer su voluntad y sacar avante sus intereses personalísimos, con la conciencia de que en el peor de los casos si no lo logra, ha logrado entretener y distraer a la opinión pública, sobre los inenarrables escándalos de corrupción, que confirman que en efecto son adalides del cambio, pero del cambio para empeorar, para destruir, y para desangrar las finanzas estatales.
