La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal por más de $385 mil millones contra la EPS Medimás.
La Contraloría inició un proceso de Responsabilidad Fiscal a Medimás por $154.84 millones de pesos, por presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el mes de julio de 2020.
En este primer proceso son investigados los más de $158 mil millones que fueron entregados como anticipo por parte de la Entidad Promotora de Salud a Century Farma, la cual se encuentra hoy en Liquidación, así como el pago de servicios de salud de personas fallecidas y anticipos por legalizar, también el pago de $2.981 millones por multas que fueron impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, todo esto con los recursos de SGSSS.
Luego de realizar la indagación preliminar, en mayo de 2021 se inició un segundo proceso de responsabilidad por presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.
En este este segundo proceso de responsabilidad fiscal se investiga, además del pago irregular de facturas, los anticipos girados por la EPS a Estudios e Inversiones Médicas – Esimed S.A., los cuales a la fecha no han sido legalizados. En el avance de los procesos han comparecido dos presidentes de Medimás EPS, vicepresidentes financieros, jurídicos y tesoreros, además de las empresas a las que se les giraron los anticipos.
RESULTADOS DE AUDITORIAS A MEDIMÁS
En las auditorías realizadas por la CGR a Medimás (sobre las vigencias 2018-2019), se determinaron 12 hallazgos fiscales por $635.655 millones y 1 hallazgo penal relacionado con pagos de servicios médicos por usuarios fallecidos.
Además se encontraron 33 hallazgos administrativos, 26 disciplinarios, 20 con otras incidencias y 5 hechos que dieron lugar a indagaciones preliminares.
Asimismo, los hallazgos fiscales fueron remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
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GASTOS MÁS CUESTIONADOS
En cuanto a la auditoría que se realizó sobre la vigencia 2020, se produjeron 2 hallazgos fiscales por $2.668 millones, 8 de carácter disciplinario, 2 indagaciones preliminares y 2 con otras incidencias.
Aquí el mayor hallazgo fiscal fue de $2.578 millones, daño ocasionado con los gastos por concepto de honorarios relacionados con las asesorías jurídicas, financieras y gastos del Tribunal de Arbitramento, que fueron pagados de las cuentas bancarias de gastos administrativos cuando dichos pagos no tenían relación de causalidad con los recursos del SGSSS.
Los hallazgos disciplinarios se relacionan con embargos judiciales y cuentas por cobrar (casos de intereses moratorios), demora en los pagos de facturación e inconsistencias de los soportes, entre otros temas.
