En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo presentó un informe que pone en evidencia la magnitud de la crisis humanitaria que enfrenta Colombia en 2024. La violencia derivada del conflicto armado persiste, dejando un saldo de 40.499 personas desplazadas a lo largo del año, un promedio alarmante que subraya la urgencia de soluciones integrales.
El documento detalla que 790 municipios en los 32 departamentos del país están bajo riesgo significativo debido a la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO). Regiones como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y subregiones críticas como Catatumbo, el Sur de Bolívar y el Bajo Cauca Antioqueño, enfrentan situaciones complejas, donde las disputas entre diferentes actores armados agravan las condiciones de seguridad.
“La imposición de normas de control social, restricciones de movilidad y ‘cercos humanitarios’ son apenas algunas de las prácticas que someten a las comunidades más vulnerables, limitando no solo su libertad, sino también la acción efectiva de la fuerza pública,” subrayó la Defensoría en el informe.
Comunidades indígenas y afrodescendientes, en el epicentro de la crisis
Desde 2017, la entidad ha emitido 203 alertas tempranas sobre afectaciones a comunidades indígenas y 146 dirigidas a poblaciones afrodescendientes. Este año, los desplazamientos y las amenazas han golpeado con especial fuerza a estos colectivos, que enfrentan despojos de tierras y amenazas constantes en sus territorios ancestrales.
Adicionalmente, el informe revela cifras devastadoras en otras áreas de derechos humanos: 745 feminicidios registrados en 2024, 44 de ellos contra niñas, y 1.381 casos de explotación sexual infantil. Estas cifras reflejan una vulnerabilidad profunda que afecta especialmente a las mujeres y a las niñas en zonas de conflicto.
Denuncias y desigualdad persistente
Entre 2020 y 2024, la Defensoría del Pueblo recibió 70.780 quejas por vulneraciones de derechos fundamentales relacionados con la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Aunque la pobreza monetaria muestra una disminución en los últimos años, las brechas entre las zonas urbanas y rurales, así como la desigualdad de género, continúan siendo desafíos estructurales.
