Así lo planteó el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, tras recordar que los 35 homicidios en contra de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia durante el primer trimestre del año no son precisamente gestos de paz.
“Entre enero y marzo de 2023 fueron asesinados 35 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Esta es una cifra lamentable, triste y que golpea a las familias de estas personas y a las comunidades por las que trabajaban, porque es muy diciente que la mayoría, 19 de ellas, eran reconocidas como, es decir, quienes hacían una vocería y lucha permanente por el bienestar de sus vecinos en los barrios o en las veredas, donde ahora queda un gran vacío”, informó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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Luego de presentar el reporte de ‘homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos’, del 1 de enero al 31 de marzo pasado, elaborado desde la Defensoría Delegada para Prevención de riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, el Defensor del Pueblo insistió en que “todos los acercamientos o las mesas de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados ilegales deben darle prioridad a la protección de los líderes sociales, que se entienda que su labor es humanitaria y son necesarios para visibilizar y buscar soluciones a los diferentes problemas sociales que aquejan a las comunidades, particularmente en los territorios donde las mismas organizaciones armadas tienen presencia”, agregó Carlos Camargo Assis.
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El Defensor del Pueblo también explicó que, por sector social, las víctimas fueron 12 líderes comunales, 7 líderes comunitarios, 6 líderes indígenas, 2 líderes campesinos, 2 líderes OSIGD/LGTBI, un líder sindicalista, un líder afrocolombiano, un líder activista en derechos humanos, un funcionario público, un líder del sector de las víctimas del conflicto y un líder dedicado a la defensa de los derechos juveniles y de la infancia.
