La Contraloría General realizo el lanzamiento de la edición número 369 de su revista Economía Colombiana, esta vez dedicada al análisis de las brechas sociales que padece el país y los avances que ha habido en la solución de las mismas.
El problema de las brechas sociales ha persistido en Colombia durante mucho tiempo, recuerda en el editorial de la revista el saliente Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
“Profundas desigualdades afectan a diferentes sectores de la sociedad en áreas como la educación, el trabajo, la salud, el medio ambiente y el acceso al agua potable. Las brechas sociales son un fenómeno de gran importancia y relevancia que nos hacen reflexionar sobre la necesidad de adoptar políticas públicas más inclusivas y mejor focalizadas para superarlas”, anota.
A través de esta la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología,Cultura, Recreación y Deporte analizaron las “Brechas y desigualdades en el Sector Social en Colombia” y una de las conclusiones que obtiene es que:
“El desafío inmediato es lograr el cierre de estas brechas buscando que las mujeres se inserten en condiciones dignas, equitativas y evitando la segregación, lo cual es esencial para el bienestar de la sociedad y puede generar beneficios como el incremento del PIB del país, la disminución de la presión al sistema de salud y la posibilidad de acceder a una pensión, quitando presión a las finanzas del Estado”.
Esta misma Delegada analiza igualmente “La política pública en educación frente a las necesidades básicas insatisfechas”. Es así como se reflexiona sobre las políticas públicas de inversión en servicio, alimentación escolar e infraestructura educativa, y su falta de relación con las regiones que presentan mayores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas.
A través de este análisis los autores invitan a reflexionar sobre la necesidad de enfocar los presupuestos y políticas públicas en la inversión de recursos en las regiones con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas, como los llanos, el pacífico, el caribe y el centro sur del país.
Finalmente, esto demuestra que la inversión en infraestructura educativa y las transferencias de la participación para educación del SGP no orientan sus recursos hacia las regiones con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas , lo que contradice los postulados constitucionales que priorizan a la población pobre para la asignación de recursos.
