Esta semana el Congreso de la República aprobó la ley de sometimiento y con ella le pusimos punto final a la paz total de Gustavo Petro.
En el Senado pasó con 57 votos a favor y 24 en contra. En la Cámara, 95 contra 10. La sacamos contra el reloj. El 4 de noviembre se vencía la ley de orden público y si no llegábamos a tiempo, el país se quedaba sin reglas para que los grupos armados se entreguen a la justicia.
El Pacto Histórico lo sabía y por eso llenó el debate de recusaciones contra congresistas de varios partidos para demorar la votación. Aun así, la ley salió a tiempo y con el mismo texto en las dos cámaras, sin necesidad de conciliación. Durante cuatro años la paz total fue eso: mesas de diálogo sin resultados, órdenes de captura levantadas y cabecillas sentados a negociar con el Estado como si fueran actores políticos.
Esta ley le quita el piso jurídico a esa política, porque deroga los artículos de la Ley 2272 de 2022 que la crearon y cierra la puerta a nuevas mesas de negociación con los grupos armados. Mientras tanto, los grupos armados crecían. Según la Fundación Ideas para la Paz, con cifras del Ministerio de Defensa, pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.800 en julio de 2026. Casi el doble. Y el secuestro, según el Ministerio del Interior, pasó de 223 casos en 2022 a 701 en 2025.
Ahora las reglas son claras. El que quiera salir de la ilegalidad tiene que dejar el delito, entregar las armas, contar cómo funcionan sus redes y sus economías ilegales, entregar sus bienes y ayudar a reparar a las víctimas. A cambio, recibe una rebaja de pena de hasta el 30 % si es cabecilla y de hasta el 50 % si es integrante de base. En ningún caso la condena será menor a 10 años de prisión. Las órdenes de captura y las extradiciones siguen corriendo y nadie se sienta a negociar con el Gobierno.
En el trámite le hicimos ajustes al proyecto, bastante importantes. Quienes reclutaron menores quedaron sin beneficios, se recortaron los de quienes tenían delitos de lavado de activos, y los costos del sometimiento dejaron de cargarse a municipios y departamentos para quedar en manos del Ministerio de Justicia. Esta ley es la puerta para el que de verdad se quiera entregar. Al que siga en el crimen lo enfrentará la fuerza pública y el estatuto antiterrorista que el Gobierno espera sacar adelante en el Congreso antes de que termine la legislatura. Desde la Cámara vamos a hacerle seguimiento para que la ley se aplique tal como la aprobamos y para que las víctimas sean las primeras en recibir la verdad y la reparación. La seguridad de los colombianos se recupera con autoridad y con justicia.
