Más de tres años después del polémico polígrafo practicado a Marelbys Meza, la Fiscalía se dispone a solicitar audiencia de imputación contra Laura Sarabia, una de las funcionarias más poderosas del gobierno de Gustavo Petro. El ente acusador le atribuiría abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal. El caso ya deja cuatro policías condenados y otros uniformados convertidos en testigos.
Uno de los escándalos judiciales que más golpeó al gobierno del expresidente Gustavo Petro está a punto de abrir un nuevo capítulo: Laura Sarabia podría pasar de indagada a imputada por el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien era niñera de su hijo.
La Fiscalía General de la Nación prepara una solicitud ante los juzgados de control de garantías de Bogotá para formularle cargos a la exjefa de Despacho Presidencial por tres delitos: abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.
La decisión se produce más de tres años después de los hechos ocurridos el 30 de enero de 2023, cuando Meza fue trasladada a la Casa Galán, edificio utilizado por organismos de seguridad frente a la Casa de Nariño, y sometida a una prueba de polígrafo por la desaparición de dinero de la residencia de Sarabia.
El episodio terminó destapando una cadena mucho más compleja: uso de recursos estatales para investigar un hurto ocurrido en una vivienda particular, un polígrafo cuestionado, interceptaciones telefónicas ilegales, documentos falsificados para obtener las “chuzadas”, investigaciones contra policías y funcionarios y varias condenas.
Ahora la investigación toca directamente a quien en ese momento era una de las personas más cercanas al presidente Petro.
¿Por qué imputarán a Laura Sarabia?
La Fiscalía busca establecer la responsabilidad de Sarabia en la utilización de recursos y funcionarios del Estado alrededor de la investigación por el dinero desaparecido de su apartamento y, particularmente, en las circunstancias en las que Marelbys Meza terminó sometida al polígrafo.
La imputación que prepara el ente acusador contempla tres conductas:
Abuso de función pública: la Fiscalía deberá demostrar si Sarabia realizó u ordenó actuaciones públicas por fuera de las funciones que legalmente le correspondían.
Peculado por uso: la investigación analiza si bienes, recursos o capacidades del Estado fueron utilizados indebidamente para atender una situación originada en un asunto particular.
Constreñimiento ilegal: este cargo estará relacionado con las circunstancias en las que Marelbys Meza fue llevada y sometida al procedimiento del polígrafo y si existió presión indebida sobre ella.
La imputación no equivale a una condena ni significa que Sarabia haya sido declarada responsable. Será el comienzo formal de una nueva etapa del proceso penal, en la que la Fiscalía deberá exponer ante un juez los hechos jurídicamente relevantes que le atribuye.
Sarabia conservará su presunción de inocencia y podrá controvertir la tesis del ente acusador.
Todo comenzó por una maleta con dinero
La historia se remonta a enero de 2023.
Laura Sarabia era entonces jefa de Despacho de la Presidencia de la República, uno de los cargos de mayor confianza del recién posesionado presidente Gustavo Petro.
En su residencia se reportó la desaparición de una maleta que contenía dinero. Las versiones iniciales hablaron de una suma que oscilaba entre aproximadamente 4.000 y 7.000 dólares, aunque durante la controversia aparecieron diferentes versiones sobre la cantidad.
Las sospechas se dirigieron hacia personas que trabajaban en la vivienda.
Una de ellas era Marelbys Meza, niñera del hijo de Sarabia.
Meza siempre ha negado haber robado el dinero.
El polémico polígrafo
El 30 de enero de 2023, Marelbys fue llevada hasta la Casa Galán y sometida a una prueba de polígrafo.
El procedimiento se convirtió posteriormente en uno de los puntos centrales de la investigación.
El polígrafo no constituye por sí mismo una prueba judicial concluyente en Colombia y el debate se concentró en determinar quién ordenó realizarlo, por qué se utilizaron instalaciones y personal del Estado y bajo qué condiciones Meza aceptó o fue llevada al procedimiento.
La exniñera ha sostenido que aquel episodio cambió completamente su vida.
Durante una de las audiencias contra policías involucrados en el caso, relató entre lágrimas:
“A través de todo este problema mi vida cambió, mi salud, todo se me deterioró”.
La investigación, sin embargo, no terminó en el polígrafo.
Las “chuzadas” a Marelbys Meza
Después aparecieron evidencias de que los teléfonos de Marelbys Meza y de Fabiola Perea, otra trabajadora vinculada al entorno doméstico de Sarabia, fueron interceptados ilegalmente.
Para conseguir autorización judicial, policías incorporaron sus números telefónicos a una investigación contra el Clan del Golfo, utilizando información falsa y alias que permitieron hacer pasar las líneas de las mujeres como objetivos relacionados con esa estructura criminal.
La justicia ha establecido responsabilidades de varios de los policías involucrados en esa maniobra.
El escándalo dejó entonces de ser simplemente la historia de una prueba de polígrafo y pasó a convertirse en un caso sobre presunto abuso del aparato estatal contra dos ciudadanas por un hurto ocurrido en una residencia particular.
Un nuevo testigo apunta a Sarabia
Uno de los movimientos más importantes del expediente ocurrió recientemente con el capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica Cordón.
Mojica era jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá cuando ocurrieron los hechos.
Un juez avaló en julio de 2026 un principio de oportunidad mediante el cual se suspendió parcialmente durante 12 meses la acción penal en su contra por violación ilícita de comunicaciones, a cambio de colaborar con la justicia.
Su testimonio puede resultar determinante para el futuro judicial de Sarabia.
Según la matriz de colaboración conocida públicamente, el oficial se comprometió a declarar que fue Laura Sarabia quien impartió la instrucción de practicar el polígrafo a Marelbys Meza.
Esta versión deberá ser sometida a contradicción y valoración dentro del proceso.
Sarabia ha negado haber dado la orden
La declaración de Mojica entra en contradicción con la versión entregada anteriormente por Laura Sarabia.
La exfuncionaria ha negado haber ordenado personalmente la práctica del polígrafo y ha explicado que las decisiones de esa naturaleza correspondían a los responsables de su esquema de seguridad.
También sostuvo que la desaparición del dinero adquirió una dimensión relacionada con la seguridad porque, según su versión, junto con los aproximadamente 7.000 dólares desaparecieron documentos relacionados con asuntos estatales.
Precisamente establecer quién tomó las decisiones y quién impartió las órdenes será uno de los puntos centrales del proceso.
Cuatro policías ya fueron condenados
A diferencia de la investigación contra Sarabia, otros expedientes derivados de las interceptaciones ya produjeron condenas.
Los expolicías Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Cañizales recibieron condenas de 10 años de prisión por su participación en las maniobras que permitieron interceptar ilegalmente las comunicaciones.
Posteriormente fueron condenados el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales.
Correa recibió una sentencia superior a 11 años, mientras Morales fue condenado a más de 12 años, por delitos relacionados con falsedad documental, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
Las decisiones judiciales establecieron que fueron alterados informes utilizados para justificar las interceptaciones.
¿Qué pasó con el coronel Óscar Dávila?
El escándalo tuvo además un capítulo trágico.
El coronel Óscar Dávila, integrante de la seguridad presidencial y vinculado al entorno de las pruebas de polígrafo, murió en junio de 2023.
Su muerte por un disparo con un arma oficial en una camioneta de la Policía provocó múltiples interrogantes y teorías en medio de la dimensión política que había alcanzado el caso.
Después de adelantar la investigación correspondiente, la Fiscalía cerró en marzo de 2026 el capítulo penal sobre su muerte al concluir que no encontró elementos que permitieran desvirtuar la hipótesis del suicidio.
Hubo intentos para buscar una salida negociada
Antes de que se conociera la decisión de preparar la imputación, la defensa de Sarabia exploró mecanismos que permitieran terminar anticipadamente el expediente.
Entre las posibilidades discutidas estuvieron fórmulas de justicia restaurativa, preacuerdos y otros mecanismos jurídicos.
Una propuesta de justicia restaurativa contemplaba medidas de reparación simbólica y económica para Marelbys Meza. Sin embargo, esa alternativa finalmente no prosperó.
El escenario cambió, entre otros elementos reportados, con la decisión de Mojica de convertirse en testigo y la pretensión de Fabiola Perea de intervenir como víctima dentro de las actuaciones.
Mario Iguarán asumió la defensa
La estrategia jurídica de Sarabia también cambió.
El 29 de julio, el exfiscal general de la Nación Mario Iguarán asumió su defensa.
Iguarán ha reconocido que el expediente se encuentra avanzado y anunció que acudirá a la Fiscalía para conocer directamente el alcance de las actuaciones que se preparan.
La investigación había estado durante años en manos de la fiscal Cindy Hernández, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, pero el expediente cambió de despacho después de movimientos internos derivados de un concurso de méritos.
Sarabia responde: “Respeto a las autoridades”
Tras conocerse que la Fiscalía prepara la imputación, Laura Sarabia reaccionó públicamente.
“Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones”, manifestó la exfuncionaria.
También envió un mensaje directamente relacionado con Marelbys Meza.
“Deseo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, escribió Sarabia.
¿Quién es Laura Sarabia?
Laura Camila Sarabia Torres nació en Bogotá el 20 de marzo de 1994 y tiene actualmente 32 años. Es politóloga y durante el gobierno de Gustavo Petro protagonizó uno de los ascensos políticos más rápidos de los últimos años.
Llegó al círculo de Petro después de trabajar con Armando Benedetti y, tras la victoria presidencial de 2022, fue nombrada jefa de Despacho de la Presidencia, posición desde la cual se convirtió en una de las personas con mayor acceso al mandatario.
Tenía apenas 28 años cuando comenzó el gobierno.
El escándalo de Marelbys Meza, sumado a la confrontación política que se desató alrededor del caso, terminó provocando su primera salida de la Casa de Nariño el 2 de junio de 2023.
Petro decidió entonces apartar tanto a Sarabia como a Armando Benedetti de sus cargos en medio de la crisis. Meses después, sin embargo, Sarabia regresó al Gobierno.
Salió de Palacio, pero regresó al círculo de Petro
En septiembre de 2023 fue nombrada directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Posteriormente regresó directamente a la Presidencia como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
En enero de 2025 dio otro salto político y se convirtió en ministra de Relaciones Exteriores, cargo que desempeñó hasta julio de ese año.
Posteriormente fue designada embajadora de Colombia ante el Reino Unido, convirtiéndose así en una de las funcionarias que más posiciones de alto nivel ocupó durante la administración Petro.
¿Qué viene ahora?
La Fiscalía deberá presentar formalmente la solicitud de audiencia ante el Complejo Judicial de Paloquemao.
Posteriormente, mediante reparto, será designado un juez de control de garantías y se establecerá una fecha para la diligencia.
Durante esa audiencia, la Fiscalía comunicará formalmente a Sarabia los hechos y los delitos que le atribuye. La exfuncionaria podrá aceptar o no aceptar los cargos.
Si no los acepta y el ente acusador considera que existen elementos suficientes para continuar, el proceso podrá avanzar posteriormente hacia una acusación y un eventual juicio.
El nuevo capítulo judicial tiene especial relevancia porque, más de tres años después de aquel episodio, la justicia ya ha determinado que las interceptaciones contra Marelbys Meza fueron ilegales y ha condenado a cuatro policías por actuaciones relacionadas con ellas. Lo que queda por establecer ahora es hasta dónde llegaron las responsabilidades de quienes ocupaban posiciones superiores y quién ordenó utilizar los recursos estatales que terminaron involucrados en el caso.
Para Laura Sarabia, que pasó de ser una joven asesora política a convertirse en una de las figuras con mayor poder dentro del gobierno Petro, la anunciada imputación representa el momento judicial más delicado desde que el escándalo estalló en 2023.
