En un informe reciente, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha encendido las alarmas sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud del país. Con una preocupación creciente, el organismo reportó un aumento significativo en las denuncias por la deficiente atención médica en diversas regiones, lo que refleja la profunda vulnerabilidad de los servicios de salud en 2025.
Según el reporte, más de 2.040 quejas fueron presentadas en los primeros meses del año, un número que supera en gran medida las cifras observadas en el mismo período de 2022. La mayoría de las quejas hacen referencia a los largos tiempos de espera para conseguir citas médicas, la ausencia de especialistas y la escasez de medicamentos esenciales. En particular, la falta de medicamentos ha aumentado un 30% respecto al año anterior y un alarmante 67% en comparación con 2023 y 2022, lo que pone en evidencia una crisis de abastecimiento que afecta a miles de colombianos.
Quejas por demoras en entrega de medicamentos pasaron de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2025.
Aumento en quejas y tutelas por fallas en el sistema de salud: Informe de la Defensoría del Pueblo
Según el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, las quejas relacionadas con el acceso a los servicios de salud han experimentado un alarmante aumento del 75,7% en los últimos dos años. Entre los principales problemas identificados por el organismo se destacan:
- Retrasos en la asignación de citas médicas: Las quejas por la falta de oportunidad para obtener citas con especialistas han crecido significativamente, pasando de 4.262 en 2022 a 9.349 en 2024.
- Deficiencias en el acceso a servicios médicos esenciales: Las quejas relacionadas con la falta de acceso a servicios médicos esenciales aumentaron de 4.607 en 2022 a 7.714 en 2024.
- Retrasos en la entrega de medicamentos: La situación de los retrasos en la entrega de medicamentos ha empeorado, con un incremento de quejas del 100%, pasando de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2025.
- Incumplimiento de fallos de tutela y desacatos judiciales: La Defensoría ha documentado un creciente número de desacatos judiciales, lo que ha afectado la garantía del derecho a la salud para los ciudadanos.
Adicionalmente, se ha reportado el cierre de 1.200 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en 2024, principalmente privadas, lo que ha impactado especialmente la atención en regiones como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico.
En cuanto a la disponibilidad de medicamentos, la situación se ha agravado considerablemente, con un aumento del 30% en las negativas y entregas incompletas en comparación con 2024, y un 67% más en relación con los años 2023 y 2022.
El impacto de esta crisis se siente más intensamente en las zonas rurales y periféricas del país. Regiones como el sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño, reportan serias dificultades en la cobertura y provisión de servicios de salud. El informe señala también que los cierres de clínicas y hospitales se han disparado, con un total estimado de 1.200 cierres en 2024, afectando principalmente a los hospitales privados en ciudades como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico.
La situación se agrava con el incumplimiento de las órdenes judiciales en materia de salud. En Bogotá y Cundinamarca, de las 452 tutelas solicitadas, 141 fueron ignoradas, lo que evidencia el desdén por el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con el acceso a la salud. Esta realidad refuerza la sensación de que los derechos fundamentales de los colombianos, en este caso, el derecho a la salud, siguen siendo vulnerados de manera sistemática.
A pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, como las mesas de conciliación y las gestiones directas con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la situación no ha mostrado mejoría sustancial. Es por ello que el organismo ha solicitado la urgente implementación de «puestos de mando unificado en salud» en las zonas más afectadas, con el objetivo de mejorar la capacidad resolutiva en territorio y poner freno al deterioro de los servicios.
