La Sala de Reconocimiento de la JEP, imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exmilitares, un exmiembro del DAS y dos civiles, por la muerte de 303 personas en Casanare por los llamados ‘falsos positivos’.
Entre los imputados está el Mayor general del Ejército (r) Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coroneles, 10 oficiales y seis suboficiales, de la Brigada XVI del Ejército.
De acuerdo a la investigación, 303 personas fueron asesinadas en Casanare, Boyacá, Meta y Tame, entre los años 2005 y 2008. En su mayoría las víctimas eran jóvenes entre los 18 y 25 años, nueve mujeres, entre ellas una en estado de embarazo y dos trabajadoras sexuales, una persona LFGTBI, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva.
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Los exmilitares utilizaron 140 millones de pesos del rubro de gastos reservados del Gaula Casanare para los gastos y pagos de estos asesinatos.
«Solo en esta unidad, al menos 140 millones de pesos, correspondientes a recursos de gastos reservados fueron utilizados con este fin. Según dijo, cuando no había dinero, pedían prestados los insumos que necesitaban para legalizar las bajas en una ferretería y ajustaban cuando llegaban los nuevos recursos»: JEP
A los exmilitares se les imputaron los delitos de homicidio, desaparición forzada crímenes de guerra y de lesa humanidad, utilización de niños y niñas y persecución por razones de género, porque en algunos casos se utilizó a menores de edad para engañar a las víctimas o como reclutadores.
Las víctimas en su mayoría eran civiles que nunca participaron en grupos armados o en combate alguno.
En calidad de autores fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.
Como coautores fueron imputados el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
El sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz y el capitán Miguel Andrés Sierra García se encuentran activos.
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Las muertes según los magistrados de la JEP se dieron por dos políticas: aniquilar a la población estigmatizada o a personas desmovilizadas y en proceso de reinserción y la segunda por un sistema de presiones incentivos como permisos, comidas especiales, cursos de formación en el exterior, planes vacacionales y ascensos.
El ejército actuaba en complicidad con los miembros del extinto DAS quienes hacían supuestos informes de inteligencia donde implicaban a las víctimas y otros casos también los asesinaron.
