La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios aún no identificados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debido a presuntas irregularidades en la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios durante el primer semestre del presente año.
Parece que esta forma de vinculación laboral aumentó de manera desproporcionada en comparación con el año 2023. Según las denuncias recibidas, entre enero y junio se firmaron 4.853 contratos, lo que representa un incremento del 2.1 % respecto al número de contratos de la entidad en el año anterior.
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También se está investigando si los contratistas contratados cumplían con las actividades asignadas y con los requisitos de idoneidad para el servicio.
Además, la Procuraduría está examinando un posible incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la ANT.
Como parte de la investigación, el organismo de control ha solicitado a la ANT información sobre los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión firmados en los últimos años por la entidad.
