El proceso hace parte de la investigación que involucra a la cadena de tiendas Lili Pink y a varias sociedades vinculadas con operaciones de importación y comercialización de mercancías.
¿Por qué investigan a Lili Pink?
La investigación se originó a partir de hallazgos detectados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que desde 2022 venía analizando presuntas irregularidades relacionadas con operaciones de comercio exterior y movimientos financieros asociados a empresas vinculadas con la comercialización de textiles y otros productos.
La hipótesis de la Fiscalía señala que habría existido una red conformada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que presuntamente permitieron el ingreso al país de mercancías como confecciones, juguetes y cosméticos mediante mecanismos destinados a evadir controles aduaneros y financieros.
De acuerdo con las autoridades, la organización habría utilizado empresas fachada, simulación de operaciones comerciales y fragmentación de transacciones para dificultar el rastreo del dinero y otorgar apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia es objeto de investigación.
Siga aquí la audiencia de imputación en el caso de los Almacenes Lili Pink
La Fiscalía ha informado que el presunto esquema habría generado movimientos asociados a lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos y operaciones de contrabando estimadas en más de 75.000 millones de pesos.
- Max Marvin Abadi Harari (Señalado como el articulador principal y dueño de la marca).
- David Max Abadi Homsani Ciudadano panameño (Presunto estructurador del entramado).
- Malaquilla Bismar Hernández. Nacionalidad nicaraguense (Implicado junto a los Abadi en la red transnacional).
- Lorena Bernal Castro (Representante legal de Fast Moda SAS, distribuidora de Lili Pink).
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna (Tesorera de la red).
- Jonnatan Villamil Soler (Accionista de sociedades investigadas).
- Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias (También vinculadas como parte de la estructura corporativa).
- Merlín Roxana Mendoza Arias. Actualmente se encuentra en Venezuela . Los delitos que les leerán son concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos .
El operativo y las medidas cautelares
Como parte de la investigación, la Fiscalía ejecutó uno de los mayores operativos contra el sector comercial colombiano en los últimos años. Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, bienes que quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras se desarrolla el proceso judicial.
Los procedimientos se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país, con apoyo del CTI y otras autoridades. La SAE anunció que mantendrá la operación de los establecimientos con el objetivo de preservar los activos y proteger los empleos asociados a la marca.
La investigación por presunto lavado de activos y contrabando que rodea a la reconocida marca colombiana Lili Pink tuvo uno de sus primeros avances judiciales con la imputación de cargos contra Walter Francisco Martínez Martínez, el primer capturado dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Según el ente acusador, Martínez habría desempeñado un papel relevante dentro de una estructura que presuntamente utilizó empresas fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancías al país y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. El procesado no aceptó los cargos.
¿Quiénes son los dueños y quién administra actualmente la compañía?
Los registros empresariales conocidos públicamente vinculan la operación comercial de la marca a Fast Moda S.A.S., sociedad relacionada con la explotación de las tiendas Lili Pink. Reportes periodísticos han señalado que la representante legal de la compañía es Lorena Bernal Castro. También se ha informado sobre vínculos societarios con otras empresas como Pink Life S.A.S. e Innova Quality S.A.S., las cuales han sido mencionadas dentro de las investigaciones.
Actualmente, los bienes afectados por las medidas cautelares son administrados por la SAE, entidad que asumió el manejo temporal de los locales y demás activos objeto de extinción de dominio mientras los jueces competentes resuelven de fondo la situación jurídica.
La posición de la empresa
La defensa de la marca ha rechazado las acusaciones y ha insistido en que no existe una decisión judicial que determine responsabilidad penal de la compañía. Asimismo, ha sostenido que las mercancías comercializadas cuentan con declaraciones de importación y soportes de pago correspondientes.
Además, Fast Moda S.A.S. manifestó públicamente que Walter Francisco Martínez no hacía parte de la estructura directiva ni de los órganos de decisión de la empresa, y aseguró que su relación con la compañía correspondió únicamente a la de proveedor en años anteriores.