La Contraloría General la República, en procesos de prevención, evidenció 6 hallazgos fiscales en cuantía de 15.306 millones de pesos en las Empresas Municipales de Cali – EMCALI, sobre las vigencias de 2019, 2020 y 2021, en donde se encontraron hechos de gestión fiscal y contractual que podrían catalogarse como “incumplimiento material adversa”, por no estar conforme con los criterios evaluados.
Los funcionarios del organismo de control, establecieron 67 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen carácter fiscal, 64 presunta incidencia disciplinaria, 1 posible connotación penal, 1 da inicio a indagación preliminar y 2 son con otras incidencias.
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Para la Contraloría General los hallazgos fiscales detectados corresponden a:
- Estado y funcionalidad de la nueva línea de aducción PTAP Río Cali, en cuantía de 7.158.171.806 pesos.
- Falta de amortización de anticipo en el contrato No. 1449 de 2019 – nueva línea de aducción PTAP Río Cali, en cuantía de 4.193.185.649 pesos.
- Reconocimiento de tasas retributivas en la PTAR Cañaveralejo, en cuantía de 2.317.365.727,64 pesos.
- Pago de órdenes de compra sin soporte en el Acuerdo comercial 800-AC1593- 2019, en cuantía de 1.265.307.863 pesos.
- Pago por actividades contractuales no soportadas en el contrato No. 590 de 2019, en cuantía de 196.200.000 pesos.
- Y valores reconocidos en la liquidación unilateral del contrato No. 1215 de 2021, en cuantía de 176.621.004 pesos.
Según el organismo de control, hay omisiones ostensibles El organismo de control evidenció omisiones frente al seguimiento administrativo, jurídico, técnico y financiero que debía seguir la empresa, específicamente en aspectos relacionados con planeación al estructurar los procesos contractuales, permisos y licencias previas a la ejecución de contratos de obra, apropiación presupuestal, justificación de la necesidad y conveniencia de la contratación, idoneidad y selección objetiva; temas no previstos, deficiencias en la supervisión, incumplimiento en la aprobación de los planes de trabajo, cronogramas, seguimiento y control de los avances físicos de obra; gestión documental de los expedientes contractuales e informes de supervisión y una falta de seguimiento a los incumplimientos de los contratistas.
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La Contraloría afirma que estos hallazgos se deben a la falta de planificación de las obras dado que, como se determinó en la observación, hubo durante la ejecución contractual retrasos que conllevaron a la realización de actividades adicionales a cargo del contratista, como la campaña de geotécnica e ítems adicionales no previstos en el contrato, suspensiones y prórrogas que impidieron que la ejecución cumpliera su objeto en el término estipulado conllevando, a su vez, al incumplimiento del contratista para la amortización del anticipo.
