A través del Decreto 1280, el presidente prorrogó por seis meses más el cese al fuego con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC, lideradas por alias ‘Calarcá’, ‘Andrey’ y ‘Danilo Alvizú’. Este nuevo periodo de tregua, que estará vigente hasta el 15 de abril de 2025, se enmarca en la continuación de las negociaciones de paz, y busca fortalecer la protección de la población civil y avanzar en los puntos clave de la agenda de paz.
Este sector del EMC ha permanecido en las mesas de diálogo, a diferencia de la facción de ‘Iván Mordisco’, que rompió los acuerdos previos y continuó con actividades delictivas. De acuerdo con el Gobierno, este cese al fuego está dirigido específicamente a los bloques Magdalena Medio, comandantes Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño, y el Frente Raúl Reyes, con la condición de que participen en el proceso de paz y respeten los protocolos del acuerdo.
«Que la prórroga del cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil busca, en el marco del proceso de paz, fortalecer y mantener las reglas y compromisos en materia de protección a la población civil y, en esa medida, evitar su afectación y la de los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Además, pretende avanzar, de forma sustancial, en el abordaje de los puntos de la agenda de construcción del acuerdo de paz «, Decreto 1280/2024
El decreto firmado por el presidente Petro subraya que el cese al fuego es bilateral y temporal con el compromiso de evitar la afectación de la población civil y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. El objetivo es claro: avanzar en la construcción del acuerdo de paz, fortalecer las transformaciones territoriales y reemplazar economías ilícitas que han dominado las zonas en conflicto.
El documento establece un protocolo de evaluación trimestral para monitorear la efectividad del cese al fuego y determinar posibles ajustes en los objetivos. Además, se deja en claro que la suspensión de operaciones militares no compromete la obligación constitucional de garantizar el orden público y los derechos de los ciudadanos.
«Prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil, entre el Gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes Farc – EP a partir de las 00:00 hora del día 16 de octubre de 2024 y hasta las 24:00 horas del 15 de abril de 2025. En consecuencia, ordenar la suspensión de las operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de Policía Nacional, a partir de las 00:00 del día 16 de octubre de 2024 hasta las 24:00 horas del día 15 de abril de 2025, en contra de los integrantes del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes Farc – EP, que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo de cese al fuego y los protocolos correspondientes«, Decreto 1280/2024
Este anuncio de la prórroga coincide con la realización del sexto ciclo de diálogos entre las delegaciones del Gobierno y las disidencias en Bogotá. Durante esta ronda, se han discutido los impactos del cese al fuego y se ha avanzado en el diseño de un plan de acción para implementar transformaciones territoriales en zonas de conflicto como Caquetá, sur del Meta, norte de Guaviare, Antioquia y Catatumbo.
Un punto adicional que ha tomado relevancia en estos diálogos es la protección del medio ambiente en los territorios afectados por el conflicto, un tema de gran importancia para el gobierno de Petro, que ha puesto el enfoque ambiental como un eje central de su administración.
Los desafíos que enfrenta el proceso
A pesar de la voluntad del gobierno de continuar con el cese al fuego, no ha sido un camino fácil. La división dentro de las disidencias ha dificultado diferenciar entre los grupos que realmente están comprometidos con el proceso de paz y aquellos que han aprovechado la tregua para continuar con actividades delictivas. Precisamente por esto, el decreto incluye mecanismos para concentrar las fuerzas y aplicar el cese de manera diferenciada, evitando que quienes no participen en los diálogos continúen operando sin enfrentar acciones del Estado.
