La declaratoria de emergencia económica, social y ecológica tendrá una vigencia inicial de 30 días en 15 departamentos. El Gobierno abrió la puerta a subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron sus viviendas, flexibilización de requisitos para acceder a ayudas de vivienda, transferencias para trabajadores independientes, apoyo a pequeñas empresas y mecanismos extraordinarios para financiar la reconstrucción. El terremoto ya deja 319 fallecidos, 260 desaparecidos y más de 282.000 personas afectadas.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha un paquete de medidas extraordinarias para atender a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que dejó graves daños principalmente en el occidente colombiano.
La decisión quedó enmarcada en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, mediante el cual se declaró por 30 días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos afectados por el desastre. La figura permitirá al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley para atender las consecuencias económicas, sociales y humanitarias de la emergencia.
Entre las acciones previstas se encuentran ayudas para el pago de arriendo de las familias que perdieron sus viviendas, flexibilización de las condiciones para acceder a subsidios habitacionales, transferencias extraordinarias para trabajadores independientes, apoyo a las nóminas de pequeñas empresas y nuevos mecanismos de financiación para acelerar la reconstrucción.
El Gobierno calcula inicialmente que las pérdidas ocasionadas por el terremoto ascienden a por lo menos $30 billones, equivalentes a cerca del 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). La estimación podrá aumentar a medida que finalicen los censos y las evaluaciones de infraestructura.
Subsidio de arriendo para las familias que perdieron sus viviendas
Uno de los componentes de mayor impacto para los damnificados está relacionado con la vivienda.
El Gobierno plantea habilitar subsidios temporales de arrendamiento para hogares que no puedan continuar habitando sus casas o apartamentos debido a los daños provocados por el terremoto, mientras se determina si los inmuebles pueden ser reparados o deben ser reconstruidos.
La estrategia de recuperación anunciada contempla una primera etapa dedicada al censo y diagnóstico de daños y una segunda fase en la que comenzarían a operar los subsidios de arrendamiento y otros estímulos de vivienda. De acuerdo con información divulgada sobre el programa, la UNGRD tendría inicialmente $100.000 millones para atender esta línea de emergencia, mientras las entidades territoriales deberán participar en la identificación de los hogares beneficiarios.
La emergencia también permitirá flexibilizar temporalmente algunas de las restricciones contenidas en la legislación ordinaria de vivienda. Entre las medidas contempladas está permitir que hogares damnificados puedan acceder nuevamente a un Subsidio Familiar de Vivienda, aun cuando anteriormente hubieran recibido un beneficio de este tipo.
También se plantea eliminar o suspender, para los afectados por el terremoto, requisitos como el ahorro previo y los procedimientos ordinarios de postulación, con el objetivo de reducir los tiempos necesarios para entregar las ayudas.
Otro frente será el mercado de arrendamientos. El Ejecutivo podrá adoptar medidas para evitar incrementos injustificados en los cánones de alquiler en municipios donde miles de familias están buscando simultáneamente una vivienda temporal.
El propósito es impedir fenómenos de especulación tanto en los arrendamientos como en los materiales de construcción, dos mercados que pueden enfrentar fuertes presiones de precios durante la reconstrucción.
Los montos individuales, duración definitiva de los subsidios, requisitos detallados y procedimientos de pago deberán quedar precisados en la reglamentación y en los decretos que desarrollen la declaratoria. El Decreto 1261 funciona como el marco jurídico de la emergencia y no significa que todas las ayudas anunciadas comiencen automáticamente a pagarse desde su expedición.
Recursos extraordinarios para financiar la reconstrucción
La emergencia económica también permitirá al Gobierno buscar recursos fuera de los mecanismos presupuestales ordinarios.
Una de las alternativas contempladas es acudir al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías, con el propósito de financiar proyectos relacionados directamente con la atención y recuperación de las regiones afectadas.
Igualmente, el Ejecutivo estudia utilizar temporalmente recursos disponibles en fondos especiales y rentas de destinación específica, bajo mecanismos que permitan garantizar posteriormente su devolución y sin comprometer las obligaciones para las cuales fueron creados.
El decreto también abre la posibilidad de modificar temporalmente procedimientos relacionados con operaciones de crédito público para conseguir financiación interna y externa con mayor rapidez.
El objetivo es obtener liquidez suficiente para reconstruir viviendas, hospitales, colegios, carreteras, puentes, acueductos y demás infraestructura afectada.
Obras por Impuestos llegaría a municipios afectados
Otro de los mecanismos previstos es ampliar el modelo de Obras por Impuestos para llevar inversión privada a los municipios afectados por el terremoto.
La intención es permitir que empresas y contribuyentes puedan destinar parte de sus obligaciones tributarias a proyectos considerados prioritarios dentro de la reconstrucción.
El Gobierno considera que las reglas ordinarias del programa no permiten cubrir con la rapidez y amplitud necesarias todos los territorios afectados, por lo que durante la emergencia podrán establecerse condiciones excepcionales.
Bienes administrados por la SAE podrían utilizarse para atender damnificados
La emergencia contempla además facilitar la utilización de activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y recursos relacionados con el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
El objetivo es que determinados inmuebles puedan ser utilizados temporalmente como albergues, centros logísticos, bodegas para ayudas humanitarias u otros usos relacionados directamente con la atención del desastre.
También se contempla agilizar procedimientos sobre algunos activos para obtener recursos destinados a financiar la respuesta a la emergencia, bajo los controles correspondientes.
Apoyo para evitar despidos en micro y pequeñas empresas
El terremoto también paralizó o afectó miles de establecimientos comerciales y actividades productivas.
Por esta razón, entre las herramientas previstas está la creación de mecanismos temporales para apoyar el pago de salarios y aportes a seguridad social de trabajadores vinculados a micro y pequeñas empresas ubicadas en las zonas más afectadas.
La finalidad es reducir los despidos y evitar el cierre definitivo de negocios que perdieron infraestructura, inventarios o capacidad de operación debido al desastre.
El Gobierno también podrá establecer líneas especiales de crédito con tasas subsidiadas, garantías y períodos de gracia, particularmente para microempresas y actividades productivas que necesiten capital para reiniciar operaciones.
Transferencias para trabajadores independientes
Las ayudas no estarán concentradas únicamente en trabajadores formales.
La emergencia abre la posibilidad de establecer transferencias económicas extraordinarias para trabajadores independientes damnificados que hayan perdido temporalmente su fuente de ingresos.
Esto podría cobijar, entre otros, a pequeños comerciantes, trabajadores por cuenta propia y personas cuya actividad económica dependía de establecimientos o zonas que quedaron destruidas o cerradas.
Al mismo tiempo, Prosperidad Social podrá flexibilizar temporalmente algunos procesos de verificación para evitar que los hogares afectados pierdan transferencias sociales debido a la imposibilidad de cumplir trámites administrativos en medio de la emergencia.
Cooperativas podrán ampliar créditos para damnificados
El Ejecutivo también pretende utilizar al sector cooperativo como una fuente adicional de financiación.
Las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas en las regiones afectadas podrán tener reglas especiales para ampliar la atención financiera y ofrecer productos a población damnificada.
Además, las entidades financieras públicas podrán implementar instrumentos con compensación de tasas, garantías, subsidios de comisiones y períodos de gracia para facilitar el acceso al crédito durante la recuperación.
Estas medidas se suman a los alivios anunciados por el sistema financiero privado, que incluyen períodos de gracia de hasta 12 meses para algunos deudores afectados, modificación de plazos, protección del historial crediticio y suspensión temporal de determinados procesos de cobro.
El balance del terremoto: 319 muertos y más de 282.000 personas afectadas
La declaratoria de emergencia se produce mientras continúa aumentando el balance de la tragedia.
De acuerdo con el reporte consolidado de la UNGRD con corte a las 6:30 de la mañana de este jueves 20 de agosto, el terremoto deja 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas.
Además, 364 personas han sido rescatadas con vida. La emergencia alcanza 476 municipios de 15 departamentos.
En total, las autoridades registran 282.709 personas afectadas, correspondientes a 153.336 familias.
Daños en viviendas y edificios
El impacto sobre la infraestructura habitacional es uno de los principales desafíos para la reconstrucción.
El balance nacional registra:
- 31.461 viviendas destruidas.
- 163.492 viviendas averiadas.
- 302 edificios colapsados.
- 5.809 edificios averiados.
- 476 municipios afectados.
Esto significa que cerca de 195.000 viviendas presentan algún nivel de afectación entre daños y destrucción, una dimensión que explica por qué la política de alojamiento temporal y subsidios de arrendamiento se convirtió en una de las prioridades de la respuesta gubernamental.
El Valle del Cauca registra 11.386 viviendas destruidas y 44.373 averiadas, mientras Risaralda acumula 11.757 viviendas destruidas y 48.755 averiadas. (
Valle del Cauca concentra el mayor número de fallecidos
El departamento con mayor número de víctimas mortales es el Valle del Cauca, con 190 fallecidos, seguido por Risaralda, con 108; Chocó, con 12; Caldas, con cinco, y Quindío, con tres, según el consolidado divulgado este jueves.
En materia de heridos, Valle del Cauca registra 2.906 casos, Risaralda 588 y Quindío 315. (Las cifras continúan sujetas a actualización debido a las labores de búsqueda, recuperación de cuerpos, identificación de víctimas y consolidación de información procedente de los municipios.
Colegios, hospitales, vías, puentes y acueductos afectados
La destrucción se extiende mucho más allá de las viviendas.
El último consolidado reporta 348 centros de salud afectados, 3.483 establecimientos educativos y 4.996 centros comunitarios con daños.
También aparecen 449 vías, 112 acueductos, 68 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y cinco aeropuertos afectados.
La UNGRD reportó igualmente 1.044 animales rescatados y 1.731 afectados por la emergencia. (
Un terremoto de magnitud 7,4
El movimiento principal ocurrió el 10 de agosto de 2026, tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad aproximada de 103 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
Hasta el 17 de agosto se habían contabilizado 332 movimientos sísmicos posteriores; 21 registraron magnitudes superiores a 3,0 y dos superaron magnitud 4,0.
La emergencia ha golpeado especialmente al Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío, aunque el consolidado nacional registra afectaciones en 15 departamentos.
La emergencia económica no es un “cheque en blanco”
La declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica está sustentada en el artículo 215 de la Constitución Política.
Durante su vigencia, el Presidente, con la firma de todos los ministros, puede expedir decretos legislativos destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir que sus efectos continúen extendiéndose.
Sin embargo, las facultades extraordinarias tienen límites. Cada decreto deberá demostrar una relación directa y específica con la emergencia provocada por el terremoto y las normas expedidas estarán sometidas al control constitucional.
La declaratoria inicial tendrá una duración de 30 días.
Con esta herramienta, el Gobierno busca acelerar una reconstrucción que requerirá recursos por decenas de billones de pesos y que tendrá como uno de sus principales desafíos encontrar soluciones de vivienda para las más de 153.000 familias que aparecen actualmente en el registro de afectados.
El subsidio de arrendamiento será una de las primeras respuestas para quienes no pueden regresar a sus viviendas. Sin embargo, los damnificados deberán estar atentos a los decretos reglamentarios y a la información de la UNGRD, el Ministerio de Vivienda y las autoridades territoriales, que definirán montos, duración, criterios de selección, fechas de pago y procedimientos para acceder efectivamente a las ayudas.
