Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue secretario general de la Fundación Universitaria San José, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y reconoció su participación en la expedición irregular de dos títulos académicos a nombre de Juliana Guerrero. El acuerdo contempla una pena de 36 meses de prisión. Entre tanto, Guerrero no asistió este jueves 20 de agosto a la audiencia en la que estaba prevista la formulación de acusación en su contra.
Un giro clave se produjo en el proceso penal por los títulos académicos irregulares de Juliana Guerrero, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro y quien aspiró a convertirse en viceministra de las Juventudes.
Este jueves 20 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de Bogotá el preacuerdo suscrito con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, mediante el cual aceptó su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público.
La negociación contempla una pena de 36 meses de prisión —tres años—, aunque el acuerdo debe superar el respectivo control de legalidad judicial.
La decisión de Gutiérrez resulta especialmente relevante para el expediente contra Guerrero porque implica que uno de los funcionarios que tenía capacidad para intervenir en la expedición de los documentos académicos reconoce ahora formalmente ante la justicia que los títulos fueron emitidos pese a que no se habían cumplido todos los requisitos.
Los dos títulos que quedaron bajo investigación
De acuerdo con los hechos presentados por la Fiscalía, Gutiérrez se desempeñó como secretario general de la institución educativa entre el 1 de septiembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2025.
Desde ese cargo habría autorizado la expedición de dos diplomas y sus respectivas actas de grado, todos fechados el 1 de julio de 2025, a nombre de Juliana Guerrero.
Los documentos correspondían a los títulos de:
- Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
- Profesional en Contaduría Pública.
En esos documentos se certificó que Guerrero había cumplido la totalidad de los requisitos académicos y legales exigidos para obtener ambos grados, una circunstancia que, según la investigación de la Fiscalía, no correspondía a la realidad.
Durante la presentación del preacuerdo, la fiscal del caso explicó que Gutiérrez tenía facultades dentro del sistema tecnológico de la institución para intervenir en la validación y autorización de los trámites relacionados con los títulos.
La Fiscalía sostuvo que el entonces secretario general certificó el cumplimiento de las exigencias académicas pese a que Guerrero no había presentado la prueba Saber Pro exigida para el título profesional, una de las irregularidades que inicialmente puso el caso bajo la lupa de las autoridades.
Gutiérrez ya había asumido responsabilidad dentro de la universidad
La aceptación ante la justicia tiene como antecedente lo ocurrido en septiembre de 2025, cuando Gutiérrez asumió internamente la responsabilidad por la expedición de los documentos.
En aquella actuación manifestó asumir:
“Plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición de los títulos de tecnología, en gestión contable y tributaria, y profesional, en contaduría pública, a favor de la estudiante Juliana Guerrero, a pesar de no haber cumplido en su totalidad los requisitos obligatorios de grado”.
Ahora, casi un año después, esa admisión trasciende el procedimiento interno universitario y llega al escenario penal mediante un preacuerdo con la Fiscalía.
Antes de aceptar el mecanismo, la Fiscalía le explicó a Gutiérrez que el preacuerdo supone renunciar a garantías asociadas a un juicio público, oral y contradictorio y aceptar los hechos jurídicamente relevantes establecidos dentro de la negociación. El acuerdo permite una terminación anticipada del proceso y puede implicar beneficios punitivos, pero requiere control de un juez.
¿Qué significa el preacuerdo para el proceso contra Juliana Guerrero?
La aceptación de responsabilidad de Gutiérrez constituye un elemento importante dentro del contexto probatorio del caso, aunque no equivale por sí misma a una declaración judicial de culpabilidad contra Juliana Guerrero, cuyo proceso penal continúa de manera independiente.
La tesis de la Fiscalía es que Gutiérrez participó en la expedición de los documentos y que posteriormente Guerrero habría utilizado esas credenciales académicas para acreditar requisitos dentro de su aspiración al cargo de viceministra de las Juventudes.
En marzo de 2026, cuando se realizó la imputación, la Fiscalía sostuvo que los elementos recopilados indicaban que Guerrero conocía las irregularidades de los documentos. En esa diligencia, la exfuncionaria no aceptó el cargo de fraude procesal.
La Fiscalía sostuvo entonces que los diplomas y las actas señalaban que Guerrero había cumplido todos los requisitos para graduarse, pese a que, según la investigación, esa información no correspondía a la realidad.
El origen del escándalo: la prueba Saber Pro
El caso tomó fuerza pública en 2025 después de las denuncias sobre las condiciones académicas con las que Guerrero pretendía llegar al Viceministerio de las Juventudes.
Una de las voces que puso el caso en conocimiento público fue la entonces representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien cuestionó que Guerrero hubiera obtenido un título profesional sin presentar la prueba Saber Pro y que pretendiera ocupar un cargo para el cual se exigía experiencia profesional.
Posteriormente, las investigaciones determinaron que la controversia iba más allá de la ausencia de esa prueba.
La Fiscalía señaló en marzo pasado que Gutiérrez habría tramitado y emitido dos diplomas sustentados en información falsa, documentos que posteriormente Guerrero habría utilizado dentro del proceso para aspirar al cargo público.
El Ministerio de Educación también abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra la Fundación Universitaria San José, su rectora y el propio Gutiérrez para establecer responsabilidades por las irregularidades detectadas en la expedición de títulos académicos.
Juliana Guerrero no llegó a la audiencia de este 20 de agosto
Mientras la Fiscalía avanzaba con la presentación del preacuerdo de Gutiérrez, este jueves estaba prevista una diligencia decisiva en el proceso contra Guerrero: la audiencia de formulación de acusación, paso previo para llevarla formalmente a juicio.
Sin embargo, Guerrero no se presentó.
El Juzgado 46 Penal de Conocimiento de Bogotá dejó constancia de que la procesada había sido debidamente citada y que su abogado presentó una solicitud de aplazamiento.
El juez señaló durante la diligencia:
“La señora Juliana Andrea Guerrero fue debidamente citada y no se ha presentado a la diligencia”.
El despacho explicó que, de continuar en esas condiciones, la audiencia se habría frustrado. Sin embargo, debido al cambio derivado del preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Gutiérrez, el juez decidió tramitar primero la legalización de esa negociación y posteriormente establecer una nueva fecha para continuar el procedimiento contra Guerrero.
La audiencia de acusación contra la exfuncionaria, por lo tanto, deberá ser reprogramada.
El juez deberá revisar el acuerdo
El reconocimiento realizado por Gutiérrez no significa que el trámite haya terminado automáticamente.
El preacuerdo debe ser sometido al control del juez, quien deberá determinar si fue celebrado de manera libre, consciente y voluntaria, y verificar que se ajuste a las reglas previstas en el procedimiento penal.
Según lo conocido durante la diligencia, la Fiscalía y la defensa acordaron que Gutiérrez responderá como cómplice de falsedad ideológica en documento público, con una pena negociada de 36 meses de prisión.
La Fiscalía también aclaró que las conversaciones realizadas durante la negociación del preacuerdo no constituyen por sí mismas prueba dentro del proceso, una precisión relevante frente a la causa independiente que continúa contra Guerrero.
Un testimonio que puede resultar determinante
La nueva situación judicial de Gutiérrez modifica el panorama del expediente: quien ocupaba la Secretaría General de la Fundación Universitaria San José y tenía intervención directa en los mecanismos de validación de los documentos aceptó ante la justicia su responsabilidad en la expedición irregular de los títulos.
Ahora quedará por establecer qué alcance tendrá esa aceptación dentro del proceso que continúa contra Juliana Guerrero y cuáles elementos podrá utilizar la Fiscalía en un eventual juicio.
Guerrero conserva plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra.
La Fiscalía, entretanto, mantiene la tesis de que los documentos académicos fueron expedidos con información que no correspondía a la realidad y posteriormente habrían sido utilizados para acreditar condiciones académicas ante el Estado.
La audiencia completa de este caso puede ser vista en Focus Noticias, donde están disponibles los detalles de la intervención de la Fiscalía, los términos del preacuerdo alcanzado con Luis Carlos Gutiérrez y las decisiones adoptadas por el juez durante la diligencia de este jueves 20 de agosto.