La Fiscalía avanzará este jueves en dos procesos que involucran a figuras que tuvieron protagonismo durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Juliana Guerrero enfrenta un proceso relacionado con los títulos académicos que presentó para aspirar al Viceministerio de las Juventudes, mientras Ricardo Roa será acusado por tráfico de influencias de servidor público por hechos relacionados con la compra de un apartamento y un presunto favorecimiento empresarial desde el Grupo Ecopetrol.
Dos investigaciones judiciales relacionadas con figuras cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro tendrán este jueves 20 de agosto nuevos capítulos ante los jueces.
Por un lado está Juliana Guerrero Jiménez, quien estuvo cerca de convertirse en viceministra de las Juventudes del entonces Ministerio de Igualdad y Equidad y es investigada por las presuntas irregularidades en los títulos académicos que presentó dentro del trámite para ocupar el cargo.
Junto con Guerrero será acusado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñó como secretario general de la Fundación Universitaria San José.
La Fiscalía los llevará a juicio por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro de la investigación por la expedición y utilización de documentos académicos que habrían contenido información contraria a la realidad.
Guerrero ya había sido imputada en marzo de 2026 por fraude procesal y no aceptó el cargo. La Fiscalía sostuvo entonces que los documentos fueron utilizados dentro del procedimiento administrativo para acreditar los requisitos académicos necesarios para aspirar al Viceministerio de las Juventudes.
El caso de los títulos de Juliana Guerrero
La investigación se concentra en dos títulos atribuidos a la Fundación Universitaria San José: uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como contadora pública.
Según la tesis de la Fiscalía, Guerrero habría tenido conocimiento de las irregularidades relacionadas con esos documentos y, pese a ello, los habría presentado dentro del procedimiento administrativo adelantado para acreditar su formación académica.
El ente investigador considera que el presunto fraude procesal se habría configurado al incorporar los documentos al trámite oficial, pues estos tenían apariencia de autenticidad y podían inducir en error a los funcionarios encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos.
En el caso de Luis Carlos Gutiérrez, la Fiscalía sostiene que, en su condición de secretario general de la institución universitaria, habría certificado que Guerrero cumplía las exigencias necesarias para obtener los grados.
Uno de los puntos centrales de la investigación es que Guerrero no habría presentado la prueba Saber Pro requerida para obtener el título profesional.
El caso tomó relevancia nacional debido al rápido ascenso de Guerrero dentro del anterior Gobierno y a su proyectado nombramiento como viceministra de las Juventudes.
¿Quién es Juliana Guerrero?
Juliana Guerrero se convirtió en una de las jóvenes funcionarias de mayor exposición durante el último tramo de la administración Petro.
Antes de la controversia por sus títulos académicos había tenido diferentes vínculos con el Gobierno y llegó a desempeñarse como jefe de gabinete del Ministerio del Interior.
Posteriormente, su nombre fue considerado para asumir el Viceministerio de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.
Su posible designación generó cuestionamientos por el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos para ocupar el cargo. Posteriormente aparecieron las dudas sobre sus títulos universitarios y sobre el cumplimiento de la prueba Saber Pro.
La controversia terminó trasladándose del escenario político al penal.
Ricardo Roa también será acusado este jueves
El segundo proceso tiene como protagonista a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La audiencia está programada para este jueves 20 de agosto a las 12:00 del mediodía.
La Fiscalía lo acusará formalmente por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
El proceso se relaciona con la adquisición de un apartamento en el sector de El Chicó, norte de Bogotá, y con la presunta utilización posterior de su posición al frente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares relacionados con el empresario Juan Guillermo Mancera.
El apartamento que quedó en el centro de la investigación
Según la Fiscalía, Roa adquirió el inmueble por $1.800 millones, pese a que su valor comercial fue estimado en $2.727.569.550.
La diferencia fue de aproximadamente $927,5 millones, equivalente a una reducción cercana al 34 %.
La Fiscalía también ha señalado que se habría acordado un sistema de pago en cuotas sin intereses.
Sin embargo, el cuestionamiento penal no se limita al precio del apartamento.
El elemento fundamental de la acusación es lo que, según la Fiscalía, ocurrió posteriormente dentro del Grupo Ecopetrol.
La presunta presión sobre Hocol
La Fiscalía sostiene que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa habría utilizado indebidamente su condición de presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares.
Según la investigación, Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, generar oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera.
La acusación señala específicamente el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, que Roa presuntamente habría buscado que fuera adjudicado a Gaxi, empresa vinculada a Mancera.
La Fiscalía documentó diferentes reuniones en las que supuestamente se produjo esa intervención.
Una habría ocurrido el 20 de agosto de 2024, después de una sesión de la junta directiva de Hocol, durante un almuerzo en el restaurante Flora, en Bogotá.
Según la Fiscalía, allí Roa habría manifestado que el proyecto debía ser asignado a la empresa de Mancera.
Otro episodio habría ocurrido entre septiembre y octubre de 2024, después de otra sesión de la junta directiva de Hocol, cuando Roa presuntamente pidió a Luis Enrique Rojas permanecer a solas y habría reiterado la instrucción.
¿Quién es Ricardo Roa?
Ricardo Roa es ingeniero mecánico y uno de los funcionarios que mayor relevancia adquirió durante el gobierno Petro.
Antes de llegar a Ecopetrol fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Posteriormente fue designado presidente de Ecopetrol y asumió el cargo el 24 de abril de 2023, convirtiéndose en la máxima autoridad ejecutiva de la compañía petrolera estatal. También integró la junta directiva de Hocol.
Ahora deberá enfrentar un juicio penal por tráfico de influencias de servidor público.
Dos procesos diferentes
Aunque las dos diligencias coinciden en involucrar a figuras estrechamente relacionadas con el anterior Gobierno, se trata de investigaciones completamente independientes.
El expediente de Juliana Guerrero se concentra en la presunta utilización de documentación académica irregular para acreditar requisitos dentro de un procedimiento administrativo.
El de Ricardo Roa analiza si el entonces presidente de Ecopetrol utilizó indebidamente su posición para influir sobre una filial del grupo empresarial y beneficiar intereses particulares.
En ambos procesos corresponde ahora a la Fiscalía sustentar las acusaciones y presentar las pruebas que pretende llevar al juicio, mientras las defensas podrán controvertirlas. La acusación no equivale a una condena y ambos procesados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.