Hasta ahora, los sindicatos han propuesto un aumento del 12%, lo que equivaldría a un incremento de alrededor de $156.000, excluyendo el auxilio de transporte. En contraste, los gremios empresariales, representados principalmente por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), inicialmente plantearon un aumento del 5,2% (aproximadamente $67.600). Aunque Acopi ha retirado esa cifra de la mesa, las negociaciones siguen siendo complejas, y la brecha se mantiene considerable.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reconoció la existencia de «grandes diferencias» en las propuestas, pero dejó claro que las puertas al diálogo siguen abiertas, al menos hasta hoy. Si no se logra una concertación, será el presidente Petro quien tomará la decisión final. Algunos analistas sostienen que, dado el contexto económico actual y las tensiones políticas, el incremento podría ser más cercano al 12%, una cifra que las centrales obreras han defendido con firmeza.
El contexto político y económico
El aumento del salario mínimo tiene una gran trascendencia económica, especialmente en un país como Colombia, donde el nivel de informalidad laboral y las tensiones sociales en torno a las condiciones de vida de los trabajadores son temas candentes. En este sentido, las autoridades gubernamentales han señalado que un aumento significativo en el salario mínimo podría compensar la falta de una reforma laboral, cuyo trámite legislativo aún está pendiente.
Cabe recordar que el año pasado, el presidente Petro decretó un aumento del 12% para el salario mínimo, lo que significó un alza de aproximadamente $140.000, elevando el salario a $1,3 millones. Este aumento fue considerado uno de los más altos en los últimos años, y algunos sectores empresariales expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en la inflación y en la competitividad del país.
En esta ocasión, el Gobierno Nacional ha sugerido un incremento del 6,2%, pero algunos observadores creen que, dada la presión de las centrales obreras y la importancia política del tema, el aumento podría acercarse más al 12% propuesto por los sindicatos.
El dilema de la economía
El debate en torno al salario mínimo no solo tiene implicaciones sociales, sino también económicas. Algunos economistas alertan que un aumento excesivo podría generar un aumento de la inflación, incrementar la informalidad y aumentar el desempleo, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan una situación delicada tras la crisis económica de los últimos años.
En un escenario sin acuerdo, el presidente Petro tendría la facultad de establecer el nuevo salario mínimo por decreto, como lo hizo el año pasado. Sin embargo, el mandatario también deberá considerar las advertencias de los gremios empresariales sobre los posibles efectos negativos de un ajuste salarial demasiado elevado en un contexto económico tan incierto.
Este miércoles será clave. Si el Gobierno no consigue un acuerdo con los representantes de los trabajadores y los empresarios, será el presidente quien, finalmente, defina el destino del salario mínimo de 2025. Sin duda, la cifra que se logre será un tema central en la agenda política y económica del país en el próximo año.