Jorge Mora cuestionó las gestiones del gobierno de Gustavo Petro y negó haber cancelado contratos adjudicados. La controversia incluye $800.000 millones anunciados para una primera fase y revive después del ataque con drones que dejó tres militares muertos en Bolívar.
El Escudo Nacional Antidrones de $6,2 billones quedó en el centro de una controversia entre el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, y funcionarios del anterior Gobierno. El jefe de la cartera aseguró que recibió una iniciativa sin financiación consolidada ni viabilidad técnica y rechazó los señalamientos sobre una supuesta cancelación de compras destinadas a proteger a la Fuerza Pública.
Mora sostuvo que los anuncios realizados durante la administración de Gustavo Petro no se tradujeron en un contrato adjudicado para ejecutar el escudo nacional. También cuestionó los viajes internacionales del entonces ministro Pedro Sánchez y de la exviceministra para la Estrategia y Planeación, Angélica Verbel, para conocer tecnologías de defensa.
“Prometieron un escudo nacional antidrones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada, ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica, solo turismo oficial, estudios de papel y falsas promesas”, afirmó Mora.
Sus declaraciones se conocen después del ataque del 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar. El Ejército confirmó que aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos causaron la muerte de tres uniformados y dejaron ocho heridos de gravedad, además de otros integrantes afectados.
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Los $6,2 billones corresponden al proyecto anunciado
Una distinción central del debate es que los $6,2 billones no pueden presentarse como el valor de un contrato adjudicado. Corresponden al costo anunciado para el proyecto nacional, cuya contratación y financiación cuestiona el actual ministro.
Mora aseguró que tampoco quedaron apropiados ni disponibles para 2026 los $800.000 millones mencionados para una primera fase. Según su versión, al comenzar la actual administración no existía una compra adjudicada por el valor global del escudo.
“Que quede claro, anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte no es gestionar y apilar estudios técnicos no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados”, manifestó.
El funcionario agregó que, a su juicio, esas deficiencias comprometieron la protección de las tropas. Sus señalamientos sobre negligencia y responsabilidad corresponden a su valoración de la gestión anterior; no constituyen por sí mismos una determinación judicial o fiscal.
El antecedente: el Ministerio sí anunció el escudo en enero
El 9 de enero de 2026, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado oficial en el que anunció el desarrollo del Escudo Nacional Antidrones y la creación de un equipo multidisciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía para definir y validar sus especificaciones técnicas.
Ese documento mencionó una inversión cercana a $6,2 billones en su contenido, aunque en el título habló de más de $6,3 billones. También señaló que el presidente Petro había ordenado asignar alrededor de $1 billón para la primera fase y convocó a empresas y países interesados a una reunión el 16 de enero.
Este antecedente acredita que existieron anuncios y actividades de preparación. Sin embargo, el comunicado no demuestra, por sí solo, que se hubieran concretado una adjudicación o los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.
Además, la cifra inicial de $1 billón difiere de los $800.000 millones citados en la controversia actual. Los documentos presupuestales y contractuales son necesarios para establecer cómo evolucionó esa financiación.
Los contratos antidrones anteriores y sus valores
El cuestionamiento al escudo nacional debe distinguirse de otras adquisiciones de equipos antidrones realizadas por distintas entidades.
Los siguientes son los contratos previos:
| Compra reportada | Proveedor | Valor |
|---|---|---|
| Sistemas de contramedidas antidrones para Ejército y Fuerza Aérea, contratados por el Ministerio en diciembre de 2024 | Dedrone Defense Inc. | $116.800 millones |
| Sistema antidrones para la Policía Metropolitana de Popayán, contratado en diciembre de 2025 | Unión Temporal G & G | $10.233 millones |
| Contrato para la Policía de Cúcuta, suscrito en octubre de 2025 | Unión Temporal G & G | $15.170 millones |
| Compra para la Policía de Cali | Galileo Instruments | $4.310 millones |
Los valores corresponden a las contrataciones reseñadas por ese medio y no deben sumarse al presupuesto anunciado del escudo nacional como si fueran una sola contratación. Su existencia tampoco permite concluir que todos los equipos estuvieran entregados y operando satisfactoriamente.
Mora cuestionó los viajes y las propuestas extranjeras
El ministro mencionó desplazamientos a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington y Nueva York, que, según afirmó, no culminaron en una solución integral para proteger a los soldados y policías.
“La realidad es que en esos viajes no salió una sola solución para proteger a nuestras tropas en el terreno. Peor aún, insistieron en negociar con empresas extranjeras que ni siquiera cumplían los requisitos técnicos para nuestro propio comité estructurador”, sostuvo.
En un pronunciamiento previo, Mora aseguró que las ofertas examinadas no satisfacían las exigencias de integración técnica e interoperabilidad, es decir, su capacidad para funcionar conjuntamente con los demás componentes previstos para el sistema.
El ministro no precisó en las declaraciones suministradas el costo total de esas giras, los viáticos pagados ni un listado de las compañías cuestionadas.
La posición de Petro y Pedro Sánchez
El expresidente Gustavo Petro sostuvo que su administración había dejado recursos para adquirir equipos antidrones y cuestionó que las compras no se hubieran realizado.
Por su parte, el exministro Pedro Sánchez defendió las capacidades adquiridas durante los últimos tres años y señaló que el proyecto del escudo nacional había comenzado en 2026 para reforzar la protección de militares, policías y civiles.
Las posiciones enfrentadas dejan dos asuntos por esclarecer: qué adquisiciones anteriores se concretaron y funcionaron, y qué respaldo técnico, contractual y presupuestal tenía específicamente el escudo nacional al cambiar el Gobierno.
“Nuestro gobierno no canceló ningún contrato adjudicado”
Mora rechazó que la actual administración hubiera detenido una adquisición ya contratada.
“Nuestro gobierno no canceló ningún contrato adjudicado ni frenó la compra de ningún sistema, sencillamente porque ese proyecto no existía. Recibimos un cascarón vacío e inoperante”, aseguró.
La afirmación se refiere al estado en que, según el ministro, recibió el proyecto nacional. No debe interpretarse como una inexistencia absoluta de equipos o compras antidrones en Colombia, pues hay antecedentes de adquisiciones separadas.
Un plan de choque, un CONPES y regulación de drones
Como respuesta, el jefe de Defensa anunció un plan de choque financiado con presupuestos ordinarios para dotar a las tropas de medios que permitan enfrentar estos ataques.
También informó que el Gobierno estructura un documento CONPES para dar sostenibilidad financiera a la estrategia y tramita una iniciativa legal para controlar la importación y el uso de drones.
“Ya pusimos en marcha un plan de choque y comenzamos a dotar a nuestras tropas con medios reales para contrarrestar esta amenaza”, manifestó.
En las declaraciones no detalló el valor total del nuevo plan, sus proveedores, la cantidad de equipos entregados ni el cronograma completo. Por ello, no es posible atribuirle un monto contractual distinto de las cifras anunciadas o documentadas.
Una amenaza que también afecta a civiles
El debate ocurre en medio de la expansión del uso de drones con explosivos por organizaciones armadas.
La Defensoría del Pueblo informó que, entre enero y mayo de 2026, los ataques con estas aeronaves aumentaron un 146 % y dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. Estas cifras corresponden a ese periodo y no al balance completo del año.
El reto para las autoridades incluye proteger instalaciones militares y policiales, tropas desplegadas y población civil. La controversia sobre los anuncios del escudo deja pendiente conocer, con soporte documental, los recursos efectivamente disponibles y las capacidades que estarán operativas frente a esa amenaza.
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