Contraloría revisará cinco contratos de la DNI por más de $20.783 millones ante posibles irregularidades
La revisión incluye un helicóptero no tripulado, tres sistemas antidrones, 595 computadores, un sistema biométrico y mobiliario. El organismo verificará denuncias sobre fallas técnicas, incumplimientos y posibles sobrecostos, sin que exista todavía una determinación de responsabilidad fiscal.
La revisión de contratos de la DNI ordenada por el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, abarcará cinco contrataciones por aproximadamente $20.783 millones, ante denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en la adquisición de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y la utilización de recursos públicos.
Las actuaciones de vigilancia y control fiscal buscarán establecer si los recursos fueron administrados conforme a la ley y si las situaciones denunciadas pudieron afectar el patrimonio del Estado.
La decisión se conoce después de una investigación de Noticias Caracol sobre adquisiciones y equipos de la Dirección Nacional de Inteligencia. El informe periodístico puso en discusión el funcionamiento de tecnologías compradas por la entidad y las condiciones en las que se ejecutaron varias inversiones. Estas denuncias deberán ser contrastadas mediante las verificaciones técnicas, financieras y jurídicas del organismo de control.
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Las cinco contrataciones que serán revisadas
1. Un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones
La Contraloría verificará las condiciones de adquisición de la aeronave, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las presuntas fallas de funcionamiento.
También examinará las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026, la aplicación de las garantías contractuales y la posible afectación de los recursos públicos invertidos.
2. Tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones
El organismo revisará las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento.
Uno de los puntos centrales será establecer si los sistemas tuvieron una utilización efectiva y si correspondían a las necesidades de la DNI.
3. Compra de 595 computadores por aproximadamente $1.314 millones
La revisión del contrato 043 de 2024 se concentrará en las denuncias sobre presuntas deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de las especificaciones técnicas de los computadores.
Además, se verificarán las condiciones en las que los equipos fueron entregados, recibidos y pagados.
4. Un sistema de identificación biométrica por aproximadamente $580 millones
En el contrato 053 de 2022, la Contraloría buscará establecer las razones por las cuales el sistema presuntamente no habría entrado en funcionamiento.
La evaluación incluirá su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la entidad y las condiciones de planeación y ejecución contractual, para determinar si la inversión produjo los resultados previstos.
5. Mobiliario y dotación para las instalaciones de Funza por aproximadamente $1.549 millones
En esta contratación se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición, las condiciones contractuales y la entrega de los bienes.
El organismo prestará especial atención a los posibles sobrecostos denunciados en la compra del mobiliario y la dotación destinados a las instalaciones de la DNI en este municipio de Cundinamarca.
También revisarán el sistema de inteligencia y contrainteligencia
Adicionalmente, la Contraloría anunció que verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, SIIC, versión 2.
La actuación comprenderá el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos públicos comprometidos en su desarrollo. El comunicado no precisa el valor de esta revisión adicional.
Para adelantar las verificaciones, el organismo requerirá la documentación contractual, incluidos estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías.
Con estos documentos buscará establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan configurar un daño al patrimonio público.
¿Qué hace la Contraloría en este caso?
La Contraloría General de la República vigila la gestión de los recursos y bienes públicos. Su labor comprende evaluar cómo se administran, qué resultados producen y si existe un daño patrimonial que deba ser resarcido, de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales.
En este caso, la revisión permitirá contrastar lo contratado con lo recibido, pagado y puesto en funcionamiento. Los $20.783 millones corresponden al valor aproximado de las cinco contrataciones examinadas; no representan un detrimento patrimonial ya establecido.
Si las verificaciones identifican un presunto daño al patrimonio público, la entidad adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. Cuando advierta hechos con posible relevancia penal o disciplinaria, trasladará la información a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias.
Por su parte, la DNI tiene como misión desarrollar actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia para proteger los derechos y libertades, prevenir amenazas contra el orden democrático y constitucional y contribuir a la seguridad y defensa nacional. También atiende requerimientos de inteligencia del presidente de la República y del alto Gobierno.
La reserva de inteligencia no excluye el control fiscal
El contralor sostuvo que los recursos destinados a la seguridad y la inteligencia del Estado también están sujetos a vigilancia, aunque su revisión debe respetar las disposiciones legales sobre reserva de la información.
“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó Laverde, según el comunicado.
El artículo 267 de la Constitución contempla el seguimiento a los recursos públicos y establece que la reserva legal no puede oponerse al acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal. Esto permite realizar las verificaciones sin convertir los documentos reservados en información de libre divulgación.
Finalmente, la Contraloría precisó que las actuaciones anunciadas no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la existencia de irregularidades ni sobre responsabilidades individuales. Las conclusiones dependerán de los resultados de las verificaciones, con garantía del debido proceso y la presunción de inocencia.
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