La decisión, en segunda instancia, involucra a una funcionaria de la Secretaría Distrital de la Mujer y a un contratista relacionados con la supervisión del Contrato Interadministrativo 1062 de 2022.
La Contraloría de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial indexado de $856.669.987,35, relacionado con la ejecución del Contrato Interadministrativo 1062 de 2022, cuyo objeto contemplaba la integración de la Línea Púrpura Distrital con la Línea de Emergencias 123.
De acuerdo con la investigación fiscal, el contrato buscaba que los casos relacionados con violencia contra las mujeres que fueran recibidos a través de la línea 123 pudieran ser transferidos a la Agencia Mujer para su correspondiente atención.
Sin embargo, el organismo de control estableció que la integración tecnológica no llegó a funcionar de manera estable, por lo que no permitió cumplir de manera efectiva con la transferencia de incidentes desde el 123 hacia la Agencia Mujer.
¿Qué encontró la Contraloría?
La investigación se originó a partir del pago de una obligación contractual relacionada con la integración de ambas líneas. Aunque durante la ejecución del contrato se adelantaron actividades y trabajos para poner en funcionamiento la herramienta, la Contraloría determinó que estos no fueron suficientes para cumplir integralmente con la obligación No. 22 establecida en el contrato.
La responsabilidad fiscal fue confirmada contra una funcionaria de la Secretaría Distrital de la Mujer que ejercía labores de supervisión y un contratista de la misma entidad encargado de apoyar dichas funciones.
En segunda instancia fueron estudiados los argumentos presentados en los recursos de apelación. Tras analizar las pruebas y las razones que sustentaron la decisión inicial, la Contraloría concluyó que los recursos no lograron desvirtuar los elementos que fundamentaban la responsabilidad fiscal.
Por esta razón, el organismo de control confirmó las determinaciones adoptadas en primera instancia y mantuvo el detrimento patrimonial indexado de $856,6 millones.
“Los recursos públicos deben traducirse en servicios efectivos”
Olga Lucía Ramírez, gerente de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, señaló que cuando se destinan recursos públicos para implementar una solución dirigida a prestar un servicio a los ciudadanos, esta debe funcionar y cumplir con el propósito para el cual fue contratada.
La decisión hace énfasis en la importancia de que las inversiones públicas no se limiten a la ejecución de actividades contractuales, sino que permitan obtener resultados efectivos y acordes con las obligaciones pactadas.
Con este fallo, la Contraloría de Bogotá reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público y con el seguimiento a la gestión fiscal, particularmente frente a contratos en los que las inversiones deben traducirse en servicios que funcionen de manera efectiva para la ciudadanía.