La bancada de Salvación Nacional pidió investigar si el exmandatario impartió, autorizó o promovió instrucciones para obtener declaraciones de antiguos comandantes de las AUC contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. Petro rechaza los señalamientos y sostiene que los encuentros de Valledupar tuvieron propósitos de paz y reconciliación.
El Pacto de Valledupar abrió un nuevo frente judicial y político para el expresidente Gustavo Petro. La bancada de Salvación Nacional radicó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia para que se establezca su eventual responsabilidad en las supuestas instrucciones impartidas a funcionarios y asesores de su Gobierno para promover declaraciones contra dirigentes políticos. La existencia de la denuncia y su objeto fueron confirmados este 20 de octubre de 2026 por distintos medios nacionales.
La actuación se relaciona con reuniones celebradas en Valledupar durante 2025 entre representantes del entonces Gobierno y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
¿Quiénes presentaron la denuncia contra Petro?
La acción fue promovida por integrantes de Salvación Nacional. Los reportes coinciden en identificar entre los firmantes a Carol Borda, Sara Castellanos y Enrique Gómez.
Según la denuncia, la Comisión deberá determinar si Petro “impartió, autorizó, promovió o tuvo intervención jurídicamente relevante” en eventuales instrucciones dirigidas a conseguir pronunciamientos contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, con una presunta finalidad político-electoral. Los denunciantes también reclaman establecer si para ello pudieron utilizarse competencias, personal, recursos o espacios institucionales del Gobierno.
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Ese es precisamente uno de los puntos centrales del caso: establecer si las reuniones concebidas alrededor de asuntos de paz, reconciliación y el cierre de temas pendientes del proceso con las antiguas autodefensas conservaron ese propósito institucional o si, como sostienen los denunciantes, pudieron ser utilizadas para otros objetivos.
Las reuniones de Valledupar que están bajo la lupa
Los encuentros se remontan a octubre de 2025, cuando funcionarios del Gobierno Petro participaron en reuniones con antiguos comandantes de las AUC dentro de una iniciativa vinculada a la política de paz y a asuntos pendientes del proceso de desmovilización.
Las controversias aparecieron posteriormente con las versiones públicas de Salvatore Mancuso, de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, y de Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Mancuso. Esos relatos son expresamente mencionados entre los elementos que los denunciantes consideran necesario esclarecer.
De acuerdo con las versiones conocidas públicamente, durante aquellos acercamientos se habría planteado obtener declaraciones relacionadas con De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras. Villamizar sostuvo que los antiguos comandantes no aceptaron participar en ese propósito.
Petro niega haber dado instrucciones contra dirigentes políticos
Gustavo Petro ha rechazado que hubiese ordenado desacreditar a sus contradictores. Frente a la controversia pidió que los hechos sean investigados y que sean escuchadas las personas involucradas.
El exmandatario también ha defendido la naturaleza institucional de la reunión de Valledupar y ha divulgado el documento suscrito después del encuentro, relacionado con los compromisos de los gestores de paz con verdad, justicia, reparación, no repetición y reparación integral de las víctimas.
Procuraduría ya investiga a Benedetti y Angie Rodríguez
El caso tiene además un frente disciplinario. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez por los hechos relacionados con el denominado Pacto de Valledupar.
La actuación busca determinar si conocieron o participaron en un presunto intento de instrumentalizar a antiguos comandantes paramilitares para conseguir declaraciones contra dirigentes políticos. La apertura de la investigación disciplinaria tampoco supone una declaración de responsabilidad.
Las declaraciones de Rodríguez, Mancuso y Villamizar han dado lugar a solicitudes para recibir testimonios, examinar documentación institucional y verificar las circunstancias en las que se desarrollaron los encuentros de Valledupar.
¿Qué viene ahora para la denuncia contra el expresidente?
La denuncia traslada ahora a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la tarea de examinar los hechos puestos en su conocimiento y definir el trámite correspondiente.
El punto que deberá esclarecerse no es únicamente si existieron las reuniones, un hecho que no está en discusión, sino qué instrucciones se impartieron, quiénes las conocieron y cuál era su finalidad. También deberá determinarse si existió alguna utilización irregular de recursos, funcionarios o escenarios institucionales.
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