
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. De acuerdo con el informe presentado por el ente de control, con corte al 31 de diciembre de 2024, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por 32,9 billones de pesos, una situación que compromete seriamente la prestación de servicios a millones de ciudadanos.
El análisis, basado en los estados financieros certificados y dictaminados por las propias EPS, evidencia un deterioro estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Actualmente, solo 6 de las 29 EPS activas cumplen con los requisitos financieros establecidos por la normativa, y apenas atienden al 10,92% de los afiliados. El 89% restante está en manos de entidades sin solidez financiera.
Diagnóstico crítico: liquidez, solvencia y calidad en jaque
Del total de EPS evaluadas:
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15 incumplen el capital mínimo exigido por la ley.
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14 no alcanzan el patrimonio adecuado.
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22 no invierten correctamente sus reservas técnicas.
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Además, 16 EPS enfrentan problemas graves de liquidez, lo que las deja sin capacidad de responder a sus obligaciones más inmediatas, agravando la crisis en la atención.
Riesgo inminente en acceso a medicamentos y tratamientos
Uno de los puntos más sensibles es la deuda con operadores farmacéuticos, que asciende a $2,8 billones, pese a que el Estado pagó el 90% de la facturación del 2024. Esta situación ha derivado en demoras en la entrega de medicamentos y en un aumento del número de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR): solo en 2024 se presentaron más de 1,6 millones, un aumento del 23,2% respecto al año anterior.
La Nueva EPS, bajo la lupa
La situación de la Nueva EPS, que concentra más de 11,5 millones de afiliados, genera especial preocupación. La entidad no presentó estados financieros certificados ni en 2023 ni en 2024, y registra patrimonio negativo. A pesar de estar intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), no muestra avances significativos.
El modelo de aseguramiento, en crisis
Desde la implementación de la Ley 100 de 1993, han existido 157 EPS; actualmente solo operan 29. El modelo ha sufrido un evidente desgaste: la liquidación de entidades ha recargado a las restantes, que no tienen ni la infraestructura ni los recursos para atender a la creciente población afiliada.
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Gasto administrativo sin control y siniestralidad elevada
Aunque la norma establece un techo del 8% para el gasto administrativo en el régimen subsidiado y del 10% en el contributivo, no hay lineamientos claros para su cálculo, y el promedio de siniestralidad se ubicó en 110,1% en 2024, lo que significa que las EPS gastan más en servicios de salud de lo que reciben por Unidad de Pago por Capitación (UPC).
“No se trata solo de cifras, son vidas en juego”
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que el sistema está al borde del colapso si no se adoptan medidas estructurales y urgentes. “No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo”, declaró.
La Contraloría anunció que continuará ejerciendo su función de control fiscal con firmeza, exigiendo transparencia en el manejo de los recursos y aportando evidencia técnica para enriquecer el debate nacional sobre el futuro del sistema de salud colombiano.