La Corte Constitucional decidió que la Procuraduría General de la Nación podrá seguir sancionando a los servidores elegidos por voto popular.
El Alto Tribunal determinó que las funciones disciplinarias que ejerce el Ministerio Público son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, por lo que podrá seguir haciendo las investigaciones a servidores elegidos por voto popular y podrá destituirlos e inhabilitarlos, si es el caso.
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La Corte Constitucional precisó que la determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular, corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo, después de agotado el procedimiento a cargo de la Procuraduría General de la Nación, pues, son contrarias a la Constitución las funciones jurisdiccionales que le asignó la ley 2094 de 2021.
Igualmente emplazó al Congreso de la República para la adopción de un estatuto de los servidores de elección popular, incluido un régimen disciplinario especial, que materialice los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales.
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Con la determinación de la Corte Constitucional quedan en firme las 7.700 investigaciones que hay en contra de funcionarios de elección popular en el país.
